“...Sostenemos que: los argumentos a favor de la reforma constitucional no son sostenibles,...” señalan los senadores priístas en la primera de cien páginas de su iniciativa de reformas eléctricas. ¡Nos congratulamos que así sea! Hace tiempo que, los trabajadores y el pueblo de México lo hemos dicho, ahora lo reconoce el PRI, el mismo que en 1999 auspició la propuesta de Zedillo para modificar la Constitución política del país y privatizar a la industria eléctrica nacionalizada. ¡El PRI ha dado marcha atrás! ¡Enhorabuena!

“Iniciativa de reformas en materia de energía eléctrica” titula su propuesta el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado. El 3 de marzo de 2002, el PRI presentó una iniciativa con proyecto de decreto en la sesión de la comisión permanente del Senado instándola como Cámara de origen. Se trata de reformas a varias leyes: Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Comisión Reguladora de Energía, Ley de Ingresos de la Federación y Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE):

La importancia del cambio priísta es indudable, lamentablemente mantienen grandes limitaciones en la nueva iniciativa, entre otras, eluden la integración de la industria eléctrica nacionalizada, reiteran la participación privada en proyectos de generación, legitiman las reformas del salinismo (1992) a la LSPEE y plantean medidas administrativas, como la autonomía de gestión, para que las empresas del sector funcionen como empresas privadas siendo de propiedad estatal. Este voluntarismo de derecha significa desnaturalizar a la nacionalización. Por lo tanto, esas propuestas como están, no son aceptables.

A continuación expresamos nuestras consideraciones respecto de la iniciativa priísta, la que está suficientemente adornada para ocultar cuestiones muy importantes. Al igual que en el caso de la iniciativa del PRD, en lo que estamos de acuerdo no hay problema, en donde no coincidimos sí hay problema. Sostenemos nuestras razones y propuestas porque, si bien se está llegando a un límite, la batalla contra la privatización eléctrica NO ha terminado y podría concluir en mejores términos para el bien de la Nación.

Las propuestas de iniciativas PRI-PRD deben modificarse. Las comisiones legislativas respectivas tienen capacidad jurídica para hacerlo y deben atender al pueblo de México.

Los trabajadores de la energía sostenemos nuestras propuestas: Política Eléctrica Independiente, Integración de la Industria Eléctrica Nacionalizada, Plan Eléctrico Nacional.

Introducción

Exposición de motivos

En la exposición de motivos del PRI, respecto de la LSPEE, los priístas se expresan en desacuerdo con las iniciativas del PAN y del PVEM, las que proponen modificar los artículos 27 y 28 constitucionales exactamente como lo proponían Zedillo y Téllez. Dicen los priístas: “Nuestra propuesta busca, por el contrario, consolidar el servicio público de energía eléctrica” y reiteran las disposiciones indicadas en la parte final del párrafo sexto del artículo 27 constitucional.

La entrada es espectacular y no se puede decir que NO, eso corresponde a nuestra propuesta, sostenida no por años sino por décadas. En este aspecto, las iniciativas del PRI y PRD son coincidentes. De hecho, las iniciativas de ambos se parecen mucho, si bien, la del PRI revela más oficio político grillesco. Pero la vida no es en rojo, ni en blanco y negro, ni en amarillo. ¡Vamos a ver!

La propuesta de iniciativa eléctrica en cuestión indica diversas consideraciones generales, tales como, los siguientes:

Principios

1. Mantener y consolidar el servicio público de energía eléctrica en los términos definidos por la Constitución de la República

Proponen los priístas, como punto de partida, el significado del servicio público de energía eléctrica definido como “El conjunto de actividades organizadas y dirigidas a mantener en forma continua, uniforme y regular la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de electricidad de la sociedad mexicana, asegurando el acceso de todos los habitantes del país a una electricidad con altos estándares de calidad, sin favoritismos, ni discriminaciones, con el menor costo” De acuerdo, es una definición ¡tan general!

Después se dice que el servicio público es de interés general, de un valor estratégico, pilar que contribuye a la independencia y seguridad energética nacional, cimiento de la soberanía, etc. Eso, en general, está bien pero hace falta concretarlo coherentemente.

2. El servicio público de energía eléctrica es un derecho de todos

“El principio de generalidad nos conduce a considerar que los habitantes de nuestra república tienen el derecho a acceder al servicio público de energía eléctrica” ¡Correcto!

3. La unidad del servicio público de energía (sic) (¿eléctrica o en general?, no lo indican)

Los priístas dicen que “principio esencial del servicio público de energía eléctrica es su unidad” y ponen como ejemplo a CFE destacando sus logros. Sin embargo, no precisan lo que quieren decir como “unidad”. Aquí empiezan los problemas. Se deja un planteamiento ambiguo para eludir los asuntos de fondo. ¿De qué unidad hablan?

La unidad del servicio eléctrico se expresa en la integración del proceso de trabajo. Esto quiere decir, en la integración de la industria eléctrica nacionalizada. Sin embargo, esto no es lo que propone el PRI, al contrario, la integración de la industria eléctrica es un asunto que elude, impidiendo la cabal nacionalización.

La referencia a la CFE es importante, pero ésta no es TODA la industria eléctrica nacional. El concepto de integración, rebasa a las actuales condiciones de CFE, aún cuando el nuevo organismo que surgiere de la integración se llamare CFE. Desde luego que, los priístas no sugieren que esto ocurra, ni mucho menos, desean conservar el esquema de industria NO totalmente integrada. Su concepto es de empresa no de industria.

4. Complementariedad de los productores privados con respecto al servicio público de energía eléctrica

En este aspecto se propone legitimar la participación privada. Aún cuando se plantean algunas limitaciones menores, se reafirman las propuestas del Salinismo de 1992, mediante las cuales se reformó a la LSPEE, mismas que han servido para la privatización eléctrica furtiva actualmente en marcha.

Dice la iniciativa que “los particulares podrán producir energía eléctrica para autogeneración y cogeneración” Lo mismo dice la LSPEE de 1992. “La Comisión Reguladora de Energía otorgará permisos de producción independiente de energía eléctrica...”. Lo mismo dice la Ley de 1992.

La iniciativa del PRI señala que estas actividades serán consideradas “complementarias” Así se consideran actualmente y, en la práctica, no son complementarias sino sustitutivas de la función constitucional de CFE y LFC. La única limitación es la obligación de “poner sus excedentes a disposición de CFE... para no incurrir en servicio público”. ¡Já! Es lo mismo que ahora existe, le dan vuelta para dejar todo como está.

Reiteramos que, las disposiciones de 1992 que ahora se reafirman han sido utilizadas por el gobierno (el priísta, y el panista) para privatizar la industria eléctrica en la práctica. Estas propuestas de la iniciativa priísta son inaceptables.

Se habla de una complementariedad que en la práctica se desvirtúa con la corrupción de la CRE, entidad cuya función es favorecer la privatización a discreción y que debe desaparecer; la iniciativa priísta propone fortalecerla para que siga otorgando permisos. Eso es, sencillamente, seguir apoyando a la privatización furtiva, ahora legitimada al nivel de la ley, si la iniciativa se aprobara en sus términos.

5. La transparencia

Este aspecto es maquillaje parlamentario. Dicen los priístas que “Todos deberán estar informados y oídos en cuestiones tan significativas como la calidad del servicio, tarifas de venta, situación financiera y alternativas de desarrollo,...” para ello “existirá un comité de vigilancia externa” coordinado por la Contraloría de la Federación.

¡Eso no es garantía de nada, con simples declaraciones no se extirpa la corrupción! La buena voluntad queda al nivel de la exposición de motivos, misma que no estará en el decreto de ley.

6. De (sic) (de la) participación social

Al respecto, primero se dice que la CFE siendo un organismo descentralizado “se conducirá bajo los principios generales que regulan la libre empresa” Esto es, nada menos que, la desnaturalización (conceptual y política) de la nacionalización, es lo más parecido a una privatización disfrazada.

Después se indica, que la participación social sería mediante al incorporación a la junta de gobierno de tres representantes de la sociedad civil: uno técnico, uno académico y uno ecologista. ¿Quién les dijo que esos representan a la sociedad mexicana? ¿De qué sociedad civil hablan? ¿De ese concepto vago, impreciso y erróneo que manejan ciertos círculos? ¿De ese concepto de sociedad individualista, amorfa, sin representatividad? Ese mal cuento lo podrán apoyar quienes solo miran a los Conjuntos Borrosos. El engaño es similar a la propuesta de integrar a 3 charros sindicales a la junta de gobierno. ¿Así creen que los trabajadores estamos representados? ¡Eso es ridículo!

Una novedad es la propuesta de los “Comités Sociales de Vigilancia y Participación”, con limitaciones tremendas, porque únicamente podrán emitir opiniones y se supone que las autoridades estarán obligados a escucharlas. Si no se tratará de algo tan serio, esto daría risa. Van décadas de sucesivos gobiernos que al pueblo “ni lo ven ni lo oyen”, pregunten a Salinas, Zedillo y Fox.

7. La solidaridad con la Comisión Federal de Electricidad, empresa auténticamente nacional

Los senadores priístas destacan algunos logros de CFE y plantean la solidaridad con la empresa. ¡No señores! la solidaridad no es con la empresa sino con la industria eléctrica nacionalizada, debidamente integrada, de la cual CFE es una parte muy importante.

Puntos estructurales

Tan grave como lo anterior es lo que sigue. Dicen los priístas que los “puntos estructurales que definen la propuesta” de LSPEE son:

“1º. El fortalecimiento del concepto de servicio público”. No es cierto, mantienen la supresión que hizo Salinas en 1992, lo cual es incorrecto y contradice a la nacionalización.

“2º. Una diferente estructuración” de CFE. Esa reestructuración es inapropiada y elude lo fundamental: la integración de la industria eléctrica nacionalizada.

“3º. Un distinto régimen fiscal... que fortalezca la autonomía de gestión” de CFE. Es la parte que más interesa a priístas, perredistas y panistas: Hacer que CFE (también LFC) funcione como empresa privada, lo cual es inaceptable porque supone un conjunto de acciones posteriores (por el momento no declaradas) que, en la práctica, serán desastrosas para el país, la industria nacionalizada, los trabajadores y pueblo en general.

“4º. El establecimiento de un nuevo régimen tarifario, que implique la autonomía suficiente para la Comisión Reguladora de Energía...” Esto es verdaderamente grotesco. Dejar esas decisiones en manos de una Comisión contraria al interés nacional, representada por burócratas ineptos, corruptos y traidores a la Patria es, por supuesto, incorrecto.

“5º. La reorganización de normas dispersas...” ¡Bueno, eso dicen!

En suma, la propuesta inicial consistente en NO modificar la Constitución Política del país es correcta, corresponde a nuestra propuesta y a la del pueblo de México.

Sin embargo, el resto de las propuestas son inaceptables. Mañosamente, se aprovecha el viaje para introducir un conjunto de disposiciones legales incoherentes con la nacionalización.

Los legisladores saben que el pueblo no tiene voz ni voto en el parlamento y creen que la negociación entre fracciones parlamentarias sustituye a la voluntad popular. Están equivocados, fuera del parlamento hay otras propuestas, con hondas raíces históricas, plenamente viables y adecuadas para la Nación

¿Qué hace falta para llevarlas a la práctica? ¡Coherencia política! y fuerza suficiente del movimiento obrero democrático.

---