El nivel de sindicalización en México es extremadamente bajo y el movimiento está pulverizado en miles de sindicatos, prácticamente todos controlados por el charrismo sindical, en todas sus variantes. Aunque no existen datos oficiales completos ni actualizados con la información disponible se muestra que el sindicalismo en México, cuantitativa y cualitativamente, sigue empeorando. Actualmente, pasa por uno de sus peores momentos que urge superar.

A pesar de graves distorsiones, las cifras oficiales revelan la descomposición política y el retroceso en los índices de sindicalización en México. La población económicamente activa es mayor de 46 millones, de los cuales casi 29 millones son “subordinados y remunerados”. De éstos, las autoridades laborales registran únicamente a 4.25 millones de trabajadores “organizados”, esto es, el 9.74 %, que están divididos por ley en dos grupos, los trabajadores del Apartado A (en el sector público y privado) y los del Apartado B (al servicio del Estado).

Por un lado, el 90.26 % de los trabajadores no están organizados y, por ende, no puede defender sus derechos exitosamente; por otro lado, el 9.74 % restante está controlado, reducido y secuestrado por el “charrismo”, impidiendo una adecuada respuesta organizada a la política neoliberal.

El presente informe ha sido preparado por el FTE de México con base en los datos oficiales disponibles al primer trimestre de 2010. Las fuentes son: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargado de proporcionar a la sociedad y al Estado información estadística “de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia”; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), responsable en el plano jurídico de normar las relaciones del Estado y los trabajadores, incluyendo el registro y actualización de los sindicatos a nivel nacional del apartado A; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), responsable de la salud de los trabajadores del apartado A (y sus familias); el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), responsable del registro y actualización de los sindicatos de trabajadores del apartado B, pero que no proporciona datos numéricos de la cantidad de trabajadores afiliados; el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), responsable de la salud de los trabajadores del apartado B (y sus familias); la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, (JLCADF) responsable del registro y actualización de los sindicatos de trabajadores del apartado; y, el Banco de México (BM), que proporciona datos sobre el salario solamente en el Distrito Federal (DF).

Los datos son incompletos porque el gobierno mexicano oculta los que existen, él mismo adolece de información actualizada porque el “charrismo sindical” no la tiene, ni le interesa tener, por tanto, no proporciona registros reales (que delatarían sus manejos sucios). Simplemente, no hay estadísticas completas y verídicas.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) mexicana establece la obligación sindical de actualizar los datos e informar a las autoridades laborales cada tres meses pero, casi nadie, lo hace. La STPS, el TFCA y los registros de asociaciones locales (uno en cada entidad federativa), encargados del registro, no muestran interés en cumplir sus funciones y, las juntas locales de cada uno de los estados, no proporcionan datos. Al gobierno y a los “charros” sindicales les conviene mantener los registros incompletos y confusos, evitando que se conozca la dimensión exacta de la situación, para proteger el actual esquema corporativo.

Las apreciaciones que siguen no son las últimas y tienen limitaciones pero, cuantitativa y cualitativamente, la situación es muy clara. Visto en su conjunto, el sindicalismo mexicano tiene una imagen deplorable, resultado de una exitosa estrategia para desnaturalizarlo y destruirlo suprimiéndole cualquier dinámica social, sindical y/o política.

Las estadísticas más recientes de empleo del INEGI (datos al primer trimestre de 2010) revelan que en México la población de 14 o más años de edad es de 79.3 millones, de los cuales 46.1 millones (58.09%) constituyen la llamada Población Económicamente Activa (PEA), es decir aquella en edad de desempeñar un trabajo [www.inegi.gob.mx]. Esto se indica en la Tabla 1.

El INEGI calcula que el 94.67 % de la PEA (43 millones 633 mil 759 trabajadores), constituyen lo que define como "Población Ocupada" (PO), término que, en el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), se refiere a cualquier persona que desempeñe un trabajo al menos una hora a la semana, independientemente de que perciba o no un ingreso salarial (por ejemplo, trabajo para autoconsumo o en empresa familiar).

A partir de dicho parámetro, el INEGI reporta que casi 29 millones son trabajadores subordinados y remunerados (62.85 % de la PO), mientras que casi 9.9 millones (21.44%), laboran por cuenta propia y, por supuesto, no están sindicalizados.

El capitalismo, en su etapa neoliberal, como parte fundamental de sus políticas para la reactivación del capital y la ganancia, lleva adelante a nivel internacional una política antisindical para concretar la disminución de los salarios REALES y del gasto social, en salud, educación, vivienda, alimentación y protección social.

En México, las cifras "macroeconómicas" se manipulan para simular recuperación, se infla el empleo con salarios inferiores al mínimo (en la industria maquiladora), mientras aumentan los recortes de personal en las empresas, el cierre de fábricas y la reubicación de los centros laborales. Como en otros países subdesarrollados, la mayoría de los trabajadores mexicanos son explotados, sin contrato colectivo de trabajo o encubriendo esquemas irregulares de remuneración, siempre carentes de protección social (jubilación).

Esta situación tiende a agravarse con el contratismo y subcontratismo (outsourcing), cuyos trabajadores laboran en condiciones precarias, prácticamente, sin derechos.
Lo peor es la incapacidad para articular una respuesta. Las cifras oficiales, aún parciales, revelan la crisis del sindicalismo mexicano.

De acuerdo con los datos del INEGI, del primer trimestre de 2010, si la PEA fue de 46 millones 92 mil 460 y, de ésta, el 94.67%, es decir, 43 millones 633 mil 759 mexicanos son población ocupada, entonces, el desempleo es del 5.33%.

Se trata de cifras publicadas para dar una buena imagen, pero son irreales. El nivel de desempleo es, por supuesto, mayor. Las estadísticas ocultan la verdad, son muy superficiales y amañadas, englobando a todos los casos aún siendo disímbolos, pues se considera persona ocupada a aquella que labora, al menos una hora a la semana, con o sin salario. Además del desempleo abierto, existe un ALTÍSIMO nivel de subempleo, y cada vez mayor contratismo y subcontratismo. Además, una enorme proporción de mexicanos “trabajan” por su cuenta en lo que pueden, generalmente en el comercio callejero, constituyendo lo que los economistas llaman el sector informal que, según el INEGI, son población ocupada.

Pero un análisis más cercano de las estadísticas oficiales permite apreciar mejor la gravedad del asunto. Los trabajadores asalariados son 28 millones 967 mil 915 (62.85%). En 2005 eran 26 millones 384 mil 835 (64.3%). Según el INEGI, 9 millones 882 mil 338 (21.44%) trabajan por su cuenta y, por supuesto, no son asalariados. En 2005 eran 9 millones 684 mil 14 mexicanos (23.6 %). La proporción, tanto de trabajadores asalariados, como por su cuenta, va a la baja.

Más de la mitad de los trabajadores asalariados reciben un ínfimo salario. 25 millones 453 mil 189 (el 58.33% de la población ocupada), reciben entre cero (0) y 3 salarios mínimos. Solo 11 millones 240 mil (25.76%), reciben un salario NOMINAL mayor. Sin embargo, TODOS los asalariados mexicanos reciben un salario REAL cada vez más deteriorado. Desde agosto de 1976, el salario REAL de los trabajadores mexicanos está a la baja, la caída es casi vertical, sin recuperación en NINGÚN momento. La caída llegó hace tiempo al nivel de los años 1950s e, incluso, a niveles de 1900, antes de la Revolución Mexicana.

De 2007 a 2010 el salario mínimo se incrementó en 17% pero, su poder adquisitivo, disminuyó 42.7%, El deterioro del salario REAL es tan grande que, según investigadores del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía (FE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en enero de 2010, se requerían por lo menos tres salarios mínimos, solamente para cubrir las necesidades alimentarias recomendables de una familia, sin considerar gastos en vivienda, transporte, educación, salud, vestido, calzado y recreación. Solamente el 41.67% de los trabajadores percibe más de 3 salarios mínimos. El 58.33% de los trabajadores está condenado a subsistir muy por debajo de los niveles mínimos recomendables.

En cuestión de seguridad social, el IMSS tiene registrados a 14 millones 341 mil 056 derechohabientes (siendo permanentes 12 millones 474 mil 235 y, eventuales, 1 millón 866 mil 821), mientras que el ISSSTE atiende a 16 millones 883 mil 363. Casi 30 millones de trabajadores “subordinados y remunerados” que existen en el país tienen acceso a este servicio, mientras que otros casi 13 millones de trabajadores y sus familias carecen de toda seguridad social.

Aún más el propio INEGI reporta, en los “Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, tabulados básicos del segundo trimestre de 2010”, que en ese año, el 58.4% de la PO labora sin prestaciones.

En materia sindical la situación es más grave. Según datos disponibles, la estructura sindical se compone de 2 mil 318 organizaciones sindicales de los apartados A y B legalmente registradas a nivel federal, y local en el Distrito Federal (DF). No se tienen datos de los registros locales de las demás entidades.

Esas asociaciones están agrupadas en 62 centrales reconocidas por las dependencias federales y local del DF. A dichas organizaciones están afiliados un total de 4 millones 248 mil 879 trabajadores, según se indica en la Tabla 2.

Se muestra que la enorme mayoría de los trabajadores mexicanos NO están sindicalizados ni organizados en nada y ascienden, nada menos, al 90.26 % de la PO, es decir, más de 43 millones.

Los trabajadores sindicalizados serían 1,522,352 según el registro federal del apartado A (Tabla 3), los del apartado B, optimistamente estimados en 2,542,307 (Tabla 4). De los registros locales del apartado A, solo el DF informa un total de 184 mil 220 (Tabla 5), las demás entidades federativas no lo hacen.

En total 4,248,879 trabajadores están sindicalizados.

Tabla 1. ESTADÍSTICAS DE EMPLEO INEGI. (Datos al primer trimestre de 2010).

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI [www.inegi.gob.mx].

Tabla 2. TOTAL DE ASOCIACIONES REGISTRADAS EN LOS APARTADOS “A” Y “B”
Y EN EL REGISTRO DEL D. F. (Datos al primer trimestre de 2010).

La cantidad de trabajadores sindicalizados del apartado B fue estimada porqué el TFCA no informa la cantidad de afiliados. La estimación se basó en el anuario estadístico más actualizado del ISSSTE (2009). Allí se informa que la cantidad de trabajadores amparados en 2008 fue de 2,542,307. Es el dato conocido más cercano, aunque con un factor de incertidumbre, porque incluye tanto empleados sindicalizados (en disminución desde hace algunos años) como de confianza (aumentando en detrimento de los sindicalizados) [www.issste.gob.mx/issste/anuarios].

Solo el 9.74 % de la "población ocupada" está afiliada a algún tipo de organización sindical, son 4,248,879 sindicalizados de 43 millones 633 mil 759 trabajadores. A nivel local el porcentaje de trabajadores sindicalizados, según el registro federal (Apartado A) con relación a la "población ocupada" por entidad federativa, confirma la inexistencia de organización obrera. El Distrito Federal es el más alto porcentaje con 31.09%, le sigue Nuevo León con 3.1%, los estados de Aguascalientes, Puebla, Estado de México, Jalisco, Coahuila y Guanajuato apenas superan el 1%, los demás ni siquiera alcanzan un dígito (Tabla 6).

Si a nivel local se incluyen los datos estimados del apartado B, el DF sigue siendo el más alto con 48.93%, Baja California Sur y Durango apenas rebasan el 10 %, los demás tienen cantidades inferiores siendo el menor Baja California con 2.79%. El total nacional es de 9.31% (Tabla 7).

Si a nivel local se agrega el registro local del D.F., el porcentaje de trabajadores sindicalizados en el D.F. con respecto a su PO se eleva a 53.65 %, pero el porcentaje a nivel nacional apenas alcanza 9.74% (Tabla 8).

Tabla 5. REGISTRO DE ASOCIACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (APARTADO A)
(Datos al primer trimestre de 2010).

Para tan ínfimo número de trabajadores sindicalizados (9.74%), existen 62 centrales reconocidas oficialmente más los llamados “independientes”, los “autónomos”, los que no indicaron central y los que no están afiliados a ninguna central (Tabla 2). Algunas son centrales, otras son centralitas pero todas tienen un común denominador: están controladas por el “charrismo sindical”. NINGUNA es una verdadera central obrera, TODAS son vulgares negocios administrados por los “charros sindicales”.

La cobertura de dichas centrales a nivel nacional es variable. La Confederación de Trabajadores de México (CTM) abarca 31 de las 32 entidades de la República Mexicana (solamente en el estado de Hidalgo no tiene presencia, según el registro federal) (Tabla 8). Le siguen la Central Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) presente en 25 entidades, el indebidamente llamado sindicalismo “independiente", con presencia en 24 estados y después la Central Regional Obrera de México (CROM) en 22 estados.

Tabla 8. AFILIACIÓN SINDICAL APARTADOS A y B POR ENTIDAD FEDERATIVA, INCLUYENDO EL REGISTRO LOCAL DEL D.F. (Datos al primer trimestre de 2010). *

Muchas organizaciones solo actúan regionalmente y algunas operan en 1 (uno) solo estado. Es el caso de COCEM, FAITA, FASIM, FASTA, FENASO, FESON, FISNE, FNAS, FNSI, FOS, FROT, FSCNT, FSR, FSTCS, FTLS, FEDSSA y FESIJEMJ. Varias de estas minúsculas centrales oficialmente reconocidas son solo membretes (en el registro aparecen algunos de sus sindicatos con cero afiliados).

Durante décadas, la CTM declaró que afiliaba a más de 5 millones de trabajadores. Los datos oficiales disponibles indican que afilia apenas a un poco más de la novena parte. Entre las organizaciones importantes de la CTM está el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

En el Distrito Federal (DF) operan 574 organizaciones con 1 millón 215 mil 756 afiliados pertenecientes a diversas ramas (solo del apartado A del registro federal). El DF representaría el 80% del total nacional. Luego estarían el Estado de México (EdoMex) con 75 mil 580 trabajadores afiliados en 147 organizaciones, Nuevo León con 60 mil 824 afiliados y 66 sindicatos respectivamente, Jalisco con 36 mil 914 afiliados en 77 sindicatos, Puebla con 31 mil 260 afiliados y 80 sindicatos, Guanajuato con 20 mil 574 afiliados y 12 sindicatos y Veracruz con 16 mil 899 afiliados en 65 sindicatos) (Tabla 7).

En los estados la situación contrasta con la prevaleciente en entidades cuyo potencial maquilador generó muchas expectativas de nuevos empleos. Tal sería el caso de Tamaulipas donde, según las autoridades laborales, solo están legalmente organizados 3 mil 418 trabajadores en 11 sindicatos (de una PO de 1 millón 302 mil 804), Tlaxcala (2 mil 405 afiliados de 431 mil 395), o Chihuahua con 266 afiliados de un total de 1 millón 285 mil 142 trabajadores. En las cifras oficiales no se indica pero, seguramente, no se está incluyendo a los trabajadores que viviendo en el interior del país están afiliados a alguno de los sindicatos que operan a nivel nacional.

En 1966 las grandes centrales se agruparon en el CT que, en 2007, agrupaba 25 centrales y 7 sindicatos, actualmente lo conforman solamente 14 centrales y 6 sindicatos (http://congresodeltrabajo.org).

Por centrales, la CTM es la mayor con una afiliación total de 596 mil 160 trabajadores y 355 organizaciones del registro federal (Tabla 2), más 111 mil 461 trabajadores en 376 organizaciones del registro local del Distrito Federal. Le siguen de cerca las organizaciones caracterizadas por la STPS como “independientes” (siendo todas totalmente dependientes del Estado, gobierno y empresarios) con 346 organizaciones y un total de 571 mil 488 agremiados en todo el país.

Entre las organizaciones supuestamente “independientes” están el Sindicato de Trabajadores Minero-Metalúrgicos, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNTMMSCRM), encabezado por charros que nunca han sido trabajadores sino simplemente heredaron al sindicato, así como otros que también pertenecen al CT, destacando el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), usurpado por gángsters y otros como el Sindicato Nacional de Trabajadores del INFONAVIT y la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Después está la Federación de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBES), con 118 mil 133 agremiados en 8 organizaciones sindicales (entre las que está el SME y el SUTIN), la CROC (62 mil 155 afiliados y 172 sindicatos), la FENASIB (38 mil 499 afiliados y 9 sindicatos), la CROM (27 mil 813 afiliados y 143 sindicatos) y la FTSA (16 mil 849 afiliados y 8 sindicatos).

En México existen, reconocidos legalmente, 2 mil 318 sindicatos que en su conjunto afilian a la ínfima minoría de trabajadores. Obviamente, se trata de DEMASIADOS sindicatos para tan pocos trabajadores sindicalizados.

Prácticamente NO existe estructura sindical por rama industrial. Cada central o centralita afilia trabajadores de diversas ramas y muchas organizaciones son controladas por individuos que regentean varias a la vez.

Esta desorganización es deliberada porque así se controla más fácilmente a los trabajadores, absolutamente carentes de identidad e impedidos para ejercer la solidaridad. Los agremiados de estas centrales ni siquiera saben de la existencia de los demás.

Las centrales nacionales están organizadas en Federaciones estatales y locales, afiliando a trabajadores de diversas ramas, los cuales están sujetos a diferentes condiciones de trabajo, distintos salarios y diferentes sindicatos o sindicatitos. Esa tendencia a la pulverización obrera lleva ya más de 70 años.

Tabla 9. ORGANIZACIONES SINDICALES Y CANTIDAD DE AFILIADOS A LA CTM,
REGISTRO FEDERAL (Datos de la STPS al primer trimestre de 2010).

Hace 14 años, se constituyó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) como una escisión del Congreso del Trabajo. No se conocen datos oficiales pero en la UNT, central afiliada a la Organización Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), están el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), el FAT, la ASSA, la ASPA y el SUTIN, entre otros. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (SNTSS), que agrupa a 500 mil trabajadores en todo el país se desafilió recientemente de la UNT.

De los 2 mil 318 sindicatos registrados (Tabla 2), y los no incluidos, el 99.9% está controlado por el “charrismo sindical”. Las excepciones son muy raras y, generalmente, ocasionales, efímeras y discutibles, e incluyen al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y repentinamente a alguno más. El SME dice que está afiliado a la Federación Sindical Mundial (FSM), incluso ostenta la representación formal de la UIS de la Energía, pero al mismo tiempo, mantiene estrechas relaciones con la AFL-CIO y la CIS.

En su amplia mayoría los sindicatos mexicanos están dominados por el charrismo sindical. Esta figura sindical es una poderosa superestructura política y económica ligada corporativamente al Estado. Son los charros sindicales los que administran los Contratos Colectivos de Trabajo, controlan el ingreso (y expulsión) de los trabajadores en las empresas, manipulan las prestaciones salariales y sociales, y hacen del sindicato un lucrativo negocio mediante la corrupción y el crimen organizado.

Pero el charrismo en México es algo mucho más grave. Se trata de la estrategia organizada por el imperialismo, a través de la CIA, para desnaturalizar al sindicalismo y destruirlo. Esa estrategia fue diseñada hace más de 70 años y se sigue aplicando con éxito hasta la fecha.

El imperialismo concretó sus acciones a través de la Organización Interamericana del Trabajo (ORIT), oficina regional de la CIOSL. Por muchos años, la ORIT encargada de pervertir a los sindicatos tuvo sus oficinas en México, hasta que la expulsamos en los años 1970´s.

El 3 de noviembre de 2006, la CIOSL y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), se fusionaron en la Confederación Sindical Internacional (CSI), que continúa la misma estrategia imperialista en todo el planeta. En su página de internet, la CSI reportó al 21 de junio de 2010, como miembros a las siguientes organizaciones mexicanas a: la “CTM con 1,500,000 afiliados, CROC con 1, 251,000 afiliados, Consejo Nacional de los Trabajadores (CNT) con 6,000 afiliados y la UNT con 500,000 afiliados” (sic).

El plan sindical del imperialismo en México consiste en apoderarse de todos los sindicatos a través de camarillas corruptas integradas al Estado y corrompidas por las empresas. Los charros sindicales son, al mismo tiempo, diputados, senadores, empresarios y/o funcionarios del gobierno. Peor aún, se rodean de mercenarios y sicarios encargados de eliminar literalmente toda oposición obrera.

Políticamente, el charrismo sindical es el valladar que impide a los trabajadores la lucha por sus reivindicaciones. En los sindicatos controlados por el charrismo nunca se realizan asambleas ni se organizan procesos electorales.

Actualmente, el charrismo sindical es el pilar número uno del gobierno para llevar adelante las privatizaciones en todas las áreas, al margen de la ley y en contra de lo dispuesto por la propia Constitución política del país.

El nivel de corrupción del charrismo es escandaloso. Apenas en la revisión contractual de agosto de 2005, los charros del sindicato petrolero recibieron más de 400 mil dólares por ser los titulares del Contrato Colectivo de Trabajo. Ese fue el disfraz, la suma se otorgó por ser el principal apoyo del gobierno y transnacionales para la privatización de la industria petrolera nacionalizada.

El charrismo sindical está representado por negociantes, grandes contratistas, verdaderos burgueses y mafiosos. El fenómeno se reproduce a todos los niveles, desde el secretario general nacional (que nadie eligió), hasta el charrito local que tampoco fue electo por nadie sino designado por las cúpulas.

Existen casos, como el sindicato minero-metalúrgico, cuya secretaría general fue heredada por el padre al hijo, o el SUTERM, heredado al sobrino. Eso es común entre los sindicatos pertenecientes a la CTM y a la CROC. Entre ambas, también, se llegan a disputar violentamente el control de los trabajadores.

Más aún, además del charrismo, en México se padece la existencia de sindicatos falsos que “venden” protección a las empresas y “contratan” con las mismas a cambio de dinero, sin que exista ningún sindicato legalmente constituido. Los trabajadores son suministrados a las empresas por esos falsos sindicatos, pero los trabajadores nunca se afiliaron ni mucho menos participan de alguna actividad sindical. Eso, simplemente, no existe. Se trata de sucios negocios, del tráfico de trabajadores, tolerado y auspiciado por las autoridades gubernamentales, los patrones y el Estado.

El caso de Roberto Ruiz Ángeles, quien se da tiempo para dirigir simultáneamente varias federaciones y sindicatos, caracteriza el fenómeno. Ruiz es dirigente formal de cuatro organizaciones afiliadas a la CROC, mientras sus hermanos Raúl y José Antonio manejan un sindicato cada uno. Este individuo y sus hermanos operan en el Estado de México controlando organizaciones civiles y sindicales (de trabajadores del cartón y la celulosa, textileros, química, plástico, química farmacéutica y de la industria alimenticia) e incluso una de trabajadores del campo. Ruiz fue diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en anterior legislatura encabezando el grupo que en 2002 presentó a la Cámara de Diputados el llamado "proyecto Abascal" para la reforma laboral neoliberal.

Otro charro es Ramón Salvador Gámez Martínez quien, con el apoyo del gobierno, se ha adueñado de 2 mil contratos colectivos que afectan a 50 mil trabajadores. Solo en el DF Ramón Gámez tiene bajo su control 20 sindicatos y centrales sindicales dirigidas por abogados laborales y patronales con 38,000 trabajadores registrados. El negocio le reditúa 10 millones de pesos al mes que le permiten pagarse safaris en África. Otra de sus aficiones es la violación de menores de edad que lo han llevado a prisión. En el colmo de la ignominia, Gámez ha convertido a miles de falsos sindicatos en “franquicias” que alquila a otros “líderes” sindicales. Casi siempre está prófugo de la justicia.

Otro ejemplo es el de Isaías González Cuevas, quien desde su puesto de Secretario General de la CROC dirige también tres organizaciones sindicales en el DF entre trabajadores automotrices, de la construcción, de la industria alimentaria, refresquera, turística y del comercio. Este charro es también un animoso promotor de la nueva cultura laboral que, preocupado por los problemas culturales de los trabajadores, contrató al Instituto Tecnológico de Monterrey (la escuela privada más cara de México) para que los trabajadores cursen la educación media superior ¡por Internet!

Un caso especial es el de la familia de los Domínguez Azuz, Rex, Barker y Rivero, caciques de Zumpango Estado de México, manejan en total 14 sindicatos; Abel Domínguez Rivero dirige cinco organizaciones de distintos ramos en el Estado de México (automotriz, vidrio, textil, comercio), todas afiliadas a la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), y una más -de comerciantes- en el DF, afiliada a la FRET, además una confederación de trabajadores y campesinos en el Estado de México afiliada a la CTC.

Abel Domínguez Azuz controla un sindicato de transporte agrícola en el DF, afiliado a la FRET. Arturo Domínguez Barker controla un sindicato en el DF de la industria del plástico y una asociación de transportes terrestres, marítimos y aéreos, y en el Estado de México un sindicato de la industria alimenticia y hotelera, todos afiliados a la FRET. Raúl Domínguez Rex controla dos sindicatos de la industria química, petroquímica y del autotransporte, así como una federación de trabajadores, todos afiliados a la CTC.

Un caso más es un tal Salim Kalkach Navarro (el "defensor" de la muñecas "Barbi" de Tepeji, explotadas por la empresa MATEL, fabricante de dichos juguetes), quien regentea cinco organizaciones en el DF, dos “independientes”, una afiliada a la CTM, otra a la CROC y una más a la CROM. Este “sindicalista” negocia trabajadores de las industrias alimentaria, metálica, construcción y textil, mientras administra su propia Federación de Trabajadores Vanguardia Obrera (FTVO) y actúa como Secretario de Estudios de Restablecimiento con las Cadenas Productivas en la CROC.

Otros charros representan solos o en familia de 2 a 8 sindicatos, como los Rivas Aguilar con 8 organizaciones , los Escamilla Garza con 6, los Monroy Estrada, Sánchez y Miranda con 6 en el registro federal y en el del D.F. y seguramente en otros estados. En total hay más de 130 charros en el registro federal que regentean por lo menos 2 sindicatos, usando sus propios nombres, sin contar los que manejan a través de personas que no son de su familia o que no llevan sus apellidos y los que manejan en los registros locales.

No son pocos pero, además, todos son muy hábiles para administrar eso de la “democracia”, ya que tienen el puesto asegurado (ante la STPS) por bastantes años (Kalkach, por ejemplo, hasta el 2015).

Varias de estas mafias están encabezadas por abogados sin escrúpulos que tienen despachos dedicados a la “administración” de esos falsos sindicatos. Algunos despachos “jurídicos” controlan hasta 5 mil contratos.

Las autoridades laborales saben de esta situación pero hacen caso omiso, deliberadamente toleran tales prácticas. La razón, para ellos, es simple. Ese “sindicalismo” les representa una fuente de enriquecimiento mutuo y, al mismo tiempo, impide la acción organizada de los trabajadores, cuestiones que el Estado y los patrones, el imperialismo mismo, fomentan, celebran y premian.

De 1 mil 289 sindicatos registrados ante la STPS, sólo 27 organizaciones (2%) tiene sus datos actualizados.

Según el artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo, es obligación de los sindicatos informar cada tres meses a la autoridad laboral de las altas y bajas de sus miembros, y es a la Dirección de Registro de Asociaciones de la STPS a la que corresponde mantener permanentemente actualizada la información estadística del gremio, en lo que se refiere al número de socios, ramas industriales, tipo de sindicatos; sin embargo, esto no se cumple.

Ni el Distrito Federal, la entidad con mayor índice de sindicalización, cumple la normatividad, sin ningún rubor advierte en su página de internet que su “base de datos incluye a todas las asociaciones sindicales locales, patronales y de trabajadores que se encuentran registradas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, sin diferenciar su situación jurídica ni verificar el carácter activo, inactivo o vigente de las mismas” [www.juntalocal.df.gob.mx]. Las demás Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de las demás entidades federativas ni siquiera informan.

No existen datos confiables a nivel nacional para detectar los miles de contratos colectivos prácticamente inexistentes, porque jamás han sido revisados, o porque se resuelven entre empresa y líderes charros, al margen de los trabajadores.

Algunos investigadores señalan más de 12 mil contratos falsos, de los cuales los trabajadores ignoran su contenido, muchas veces ni saben que existen. Podrían ser, incluso, más porque no hay ningún control.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) dependiente de la STPS tiene abiertos a consulta pública 19,694 expedientes de contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, convenios y contratos ley, pero organizados de forma tal para hacer extremadamente tediosa su consulta, porque no se muestran los expedientes completos sino de una sola página a la vez. [http://contratoscolectivos.stps.gob.mx/regaso/legal_contratos.asp].

Tampoco existen datos confiables a nivel local. En el DF existen unos 41,800 contratos registrados y hay investigadores que consideran que por lo menos el 90 % son de protección, pues no tienen movimiento, ni se revisan ni se modifican anualmente, como normalmente ocurre donde hay sindicatos vivos.

Mucho menos hay información de la multitud de sindicatos “blancos” que operan en Monterrey organizados por los mismos patrones. La propia STPS omite toda información, lo que sí es evidente es que el desorden es auspiciado, tolerado y premiado por las mismas autoridades laborales en connivencia con los charros sindicales.

Por sectores, INEGI reporta que de la PO un 12.14% trabaja en el sector primario (agropecuario, silvicultura, caza y pesca), un 23.04% en el secundario (industrial y manufactura) y el 58.86% en el terciario (comercio y servicios).

Mucho se ha hablado de las transformaciones en el mundo del trabajo, propiciadas por el capitalismo a escala global, cuya tecnificación provoca un traslado cada vez mayor del trabajo "vivo" al trabajo "inmaterial", "borrando" las antiguas categorías y dificultando la toma de conciencia de clase. Sin embargo, al menos en el caso de México, la proporción de trabajo vivo es históricamente constante. Pero la mayoría de los 10.6 millones de trabajadores que aún quedan en el sector industrial y manufacturero (realizando trabajo perfectamente "vivo") no están sindicalizados (o pertenecen a sindicatos charros).

En México, la reestructuración del trabajo lleva al menos 4 décadas. En 1976, la represión político-militar a la Tendencia Democrática de los electricistas, con motivo de la Huelga Eléctrica Nacional impedida violentamente por el ejército y el Estado, tuvo serias consecuencias. Se inició una larga onda de crisis económica persistente que no ha terminado sino que se ha agravado.

El sector primario referido a las actividades silvogropecuarias está en declive desde los 30s. El auge industrial de esos años alcanzó su máximo en los 70s y ha entrado también en declive. Precisamente, desde los 70s empezó a cobrar fuerza el sector de los servicios, comercio y burocracia. Esta área es actualmente la dominante. Hay una nueva generación de proletarios ubicada en este sector que carece de organización y derechos. Este, es ya el sector mayoritario y el más débil social y políticamente.

Existe una total desnaturalización del sindicalismo mexicano usurpado por el charrismo sindical. La clase obrera mexicana, organizada minoritariamente, está secuestrada en sus propias organizaciones sindicales. Este proceso lleva ya 70 años y no es casual ni espontáneo. Se trata de la estrategia implantada por el imperialismo a través de la ORIT-CIOSL, ahora CSI, para impedir cualquier acción organizada y consciente de los trabajadores. El resultado: en México la mayoría de los trabajadores NO están sindicalizados. Pero si el capital ha infiltrado y corrompido a los sindicatos, es porque le afectan, por ello crea la percepción de que son caducos, para desprestigiarlos y debilitarlos ante las nuevas generaciones de trabajadores.

La respuesta a esto se encuentra en el orden político. Actualmente el llamado “movimiento sindical mexicano” se “organiza” desde cuatro agrupaciones: Congreso del Trabajo (CT), Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Frente Sindical Mexicano (FSM) y la Alianza Sindical Mexicana (ASM) apenas constituida en 2006. Sin embargo, estos organismos operan con una política borrosa y corporativa. El Congreso del Trabajo es el organismo cúpula del charrismo encabezado por la CTM y la CROC. La UNT encabezada por el Sindicato de Telefonistas sigue una política neo corporativa, similarmente charra y, en algunos casos, apenas socialdemócrata. Ambas, CTM y UNT están afiliadas a la CSI (antes CIOSL). El FSM está encabezado por el SME, con presencia solo en la capital del país y actualmente en franco proceso de entrega a la CSI. La ASM es la representante del sindicalismo blanco, protegido por los patrones y el estado neoliberal, que asegura contar con un padrón inicial de 1 millón 300 mil afiliados [http://conasim.com/].

Para agravar la crisis del sindicalismo en México, el SME considerado entre los más democráticos por estar casi siempre en elecciones, se encuentra en sus peores momentos, paradójicamente por un conflicto electoral que no pudo ser resuelto democráticamente por sus órganos internos.

La corriente que había mantenido el poder en el SME desde los años 80 se dividió, por un conflicto electoral en dos facciones, llevando al sindicato al borde del precipicio.

El gobierno neoliberal privatizador que desde hace años preparaba un golpe al SME, aprovechó la oportunidad ofrecida por las facciones en pugna, extinguiendo por decreto presidencial a Luz y Fuerza del Centro (LFC), que contrataba con el SME, encomendando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el organismo que por ley es el responsable del servicio público de energía eléctrica a nivel nacional, asumir el servicio eléctrico en la zona central del país que antes atendía LFC con trabajadores del SME. La policía federal y el ejército tomaron las instalaciones de LFC en la medianoche del 10 de octubre de 2009 y el decreto se publicó unos minutos después, en la madrugada del día 11 de octubre. Los trabajadores que se encontraban laborando fueron expulsados y sustituidos por contratistas de la CFE, después se impidió la entrada de los trabajadores afiliados al SME.

La facción autoproclamada “dirección legítima del sindicato”, centró erróneamente toda su lucha en “la devolución de nuestra empresa” por medio de la derogación del decreto de extinción, desdeñando las experiencias anteriores en la industria eléctrica incluso en la propia LFC. Al desaparecer las empresas eléctricas, sus trabajadores respaldándose bajo la figura de sustitución de patrón, legalmente establecida en la Ley Federal del Trabajo, se integraban a la nueva empresa encargada del servicio, en este caso, la CFE, conservando todos sus derechos.

En el propio contrato colectivo del SME con LFC, se estableció la cláusula 115 desde los años 70´s, para aplicar la sustitución de patrón al desaparecer LFC, precisamente porque desde la nacionalización eléctrica de 1960, uno de los objetivos centrales fue integrar en un solo organismo eléctrico a nivel nacional a todas las empresas eléctricas que tenían desintegrado el país en sus zonas de influencia.

A este monumental error se sumó otro, al contratar para la defensa a Néstor de Buen Lozano, abogado español patronal que en los años 94-95 participó en la extinción de la empresa nacionalizada Ferrocarriles Nacionales de México, como asesor jurídico de la transnacional franco-inglesa GEC-Alsthom beneficiaria de la privatización.

A más de un año, de todas las demandas y amparos iniciados, no han ganado una sola. Además, han logrado alejar a organizaciones que inicialmente daban su apoyo. Sin embargo, siguen repitiendo que tienen el triunfo a la mano, ahora ya no con la “devolución” de la empresa sino con la formación de una nueva que sustituya a LFC en su misma zona de influencia, pero solo con los 16,000 trabajadores que no han aceptado su liquidación, en lugar de los 44,000 originales que tenía LFC.

Actualmente, ésta y la otra facción que se dividió en dos, herederas las tres de la misma limitada visión determinada por la situación del SME de sindicato de empresa local-regional, y por falta de teoría política, prácticamente coinciden en sus demandas: la creación de empresas, incluso contratistas en el sector eléctrico para dar trabajo a los expulsados de LFC, sin “darse cuenta” que esta política favorece una mayor desintegración del sector eléctrico y, por tanto, impulsa la privatización eléctrica, que durante años el SME dijo combatir.

Al mismo tiempo que se da este retroceso político, coincidentemente se observa el alejamiento político del SME de la Federación Sindical Mundial (FSM), y su cada vez mayor cercanía formal y política con la CSI, especialmente, con la AFL-CIO.

El FTE de México, continuador de la Tendencia Democrática del SUTERM, enarbola la tesis de que la construcción del movimiento requiere del conocimiento, de la teoría política, y la reorganización democrática del movimiento obrero de México en 20 sindicatos nacionales de industria en otras tantas ramas de actividad, base de la Central Única de Trabajadores. Esto implica la necesaria derrota del charrismo y el rescate de los sindicatos por los propios trabajadores.

Para llevar adelante estas propuestas el FTE de México enarbola un Programa Obrero y ejerce acciones concretas. La tarea es enorme pero es pertinente, por ser necesaria, para liberar al sindicalismo mexicano de las garras del charrismo y del imperialismo.

¡Venceremos!



Fuente: FTE de México 2011, elektron 11 (39) 1-19, 9 febrero 2011.

FTE de México por una política petrolera independiente

FTE de México por la re-nacionalización energética