La resistencia de los electricistas del SME ha sido loable pero, al momento, no hay solución favorable. En manos de la Corte, el asunto podría degradarse más aún. Es pertinente orientarse por la integración de la industria eléctrica nacionalizada. La CFE es el patrón sustituto natural. Hay que ejercer el derecho. La responsabilidad solidaria del viejo patrón ha concluido.

Este 11 de abril se cumplieron seis meses de resistencia electricista y se continúa fuera de los centros de trabajo. Del orden de 28 mil trabajadores (aproximadamente 63%) aceptaron la liquidación ofrecida por el gobierno en 2009. El resto se mantienen en condiciones cada vez más difíciles. Entre tanto, no se vislumbra una solución favorable próxima.

De acuerdo a la “estrategia” trazada por el grupo de Martín Esparza, el amparo interpuesto por Néstor de Buen, Raúl Carrancá y otros abogados, cuya suspensión definitiva fue negada por una juez federal, está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia máxima que jamás se ha caracterizado por impartir justicia.

Al momento, la situación es bastante desfavorable. Primero, se planteó interponer un recurso de Controversia constitucional, toda vez que, el sindicato argumenta que el Decreto de Calderón para la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) es inconstitucional. La Controversia falló, desde el momento en que los legisladores se negaron a utilizar este recurso, ni siquiera se reunió el mínimo necesario de diputados para promover el recurso. El hecho es serio e implica que el Poder Legislativo, representado por los partidos políticos oficiales, está en la misma frecuencia del Poder Ejecutivo.

Este mantiene una posición inflexible. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) está radicado un “juicio especial”, tramitado el 13 de octubre de 2009 por el Sistema de Administración y Bienes (SAE) en su carácter de liquidador de LFC, para dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas de los electricistas del SME.

El Poder Judicial también parece alineado al Estado. La Corte ha anunciado que resolverá de manera “integral” el asunto sin que tenga un plazo definido para hacerlo. La incertidumbre es amplia.

Al seguir el camino de los amparos y la Controversia, se ha aludido la sustitución patronal prevista por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 41, con cientos de jurisprudencias al respecto y experiencias previas, incluso en el sector eléctrico.

Quienes ostentan de facto la representación sindical han dicho que ya solicitaron el patrón sustituto. Toman como base el amparo de Néstor y la demanda por despido injustificado tramitada ante la JFCA. Sin embargo, hay imprecisiones serias. Tanto el amparo, como la demanda, hablan del patrón sustituto pero solamente como alusión, en ningún caso se invoca formalmente.

La lógica que se esgrime señala que la pretensión sindical consiste en echar abajo el Decreto por inconstitucional y se insiste en que “nos regresen a nuestra empresa”: Para explicar la contradicción, se ha dicho que “si se invoca ahora la sustitución patronal, sería aceptar el Decreto” y, eso, no están dispuestos a hacerlo. En todo caso, se espera que, si el fallo de la Corte es adverso, se procedería a solicitar el patrón sustituto.

La argumentación es débil y así se presenta, tanto en el amparo como en la demanda. No solamente se ha eludido el ejercicio del derecho laboral vigente, sino que, se ha seguido un camino borroso haciendo abstracción de las condiciones políticas, cambiantes pero desfavorables.

Esperar el fallo de la Corte implica poner en riesgo la sustitución patronal pues, una resolución adversa de la Corte, en cualquier modalidad, desencadenaría otras acciones desfavorables como el laudo pendiente de la JFCA que sería demoledor. Cuando se quiera ejercer el derecho podría ser tarde debido a las condiciones políticas cada vez más deterioradas.

Desde los primeros minutos de la ocupación policíaca de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasó a encargarse de la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el área geográfica antes a cargo de LFC. La generación, transmisión, subtransmisión, control de la energía, distribución y comercialización, funciones constitucionales que constituyen la materia de trabajo, las realiza la CFE, aún cuando no todas las instalaciones están funcionando normalmente.

Este primer hecho, le confiere a la CFE el carácter de patrón sustituto natural. Para llevar a cabo las actividades, la CFE recibió del SAE, todas las instalaciones, bienes y derechos que estaban a cargo de LFC. A la CFE se le transfirió el dominio patrimonial de LFC y, este hecho, le otorga a la CFE el carácter de patrón sustituto.

Sin embargo, reiteramos que esa figura jurídica no se ha invocado formalmente, se sigue eludiendo mientras transcurre el tiempo político. Cada vez se hace más difícil la situación. La propia LFT indica, en el artículo 41, que:

Se ha discutido que ni el sindicato ni los trabajadores han recibido el correspondiente aviso pero eso es relativo.

El mismo Decreto del 11 de octubre de 2009, señala que la CFE pasaría a encargarse de la operación del SEN en la zona de LFC, desde el primer momento. Aún cuando eso no se considerara un aviso formal, el hecho es que la tradición legislativa en materia laboral prevé los casos en que se hubiera dado el aviso o no, y siempre sigue prevaleciendo el derecho.

Si se espera el aviso al sindicato, mismo que carece de representación jurídica acreditada, o los trabajadores, el Estado podría no emitirlo y, en su momento, argumentar que se dio aviso mediante el Decreto. Para entonces, el tiempo y las condiciones políticas serían otras.

Si ese es el caso, han transcurrido ya los seis meses de que habla la Ley respecto a la responsabilidad solidaria del patrón sustituido (LFC). En este caso, subsiste solamente la responsabilidad del patrón sustituto. Pero, el derecho sigue vigente, en nuevas condiciones.

No solamente habría terminado la responsabilidad solidaria de LFC. Adicionalmente, este 16 de marzo de 2010, no se revisó el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) pactado entre LFC y el SME. La solicitud de revisión fue rechazada por la JFCA. Más aún, también se rechazó el emplazamiento a huelga. Se ha dicho, que al no revisarse el CCT ni haber estallado la huelga, el CCT queda prorrogado automáticamente por dos años más.

Esto es discutible, la misma LFT prevé este caso pero se aplica en condiciones normales, situación que no corresponde al grave conflicto actual. También se ha dicho que, debido a que varios amparos están pendientes, la situación jurídica es “subjudice”, es decir, está indeterminada. Cierto, el asunto no ha concluido legalmente pero es previsible que, al dejar todo en manos de la Corte, ésta, al resolver de manera “integral”, liquidaría todas las opciones poniéndolas “firmes” de acuerdo a la formulación del Estado.

En tales condiciones, el retraso, incluso la negativa, a invocar la sustitución patronal (a cargo de la CFE y de nadie más), complica el ejercicio del derecho poniendo en riesgo a todos los electricistas del SME.

Antes de que la Corte resuelva convendría reconsiderar la “estrategia”. No es necesario esperar a confirmar que tal instancia avale la ruptura de la legalidad constitucional, lo ha hecho siempre. Obviamente, esta reconsideración tiene varias implicaciones. Habría que abandonar el camino trazado por Esparza, De Buen y Carrancá y retomar la política eléctrica enarbolada históricamente por los electricistas, principalmente de provincia.

La propuesta derivada del proyecto de nacionalización de la industria eléctrica es la INTEGRACION de la industria eléctrica nacionalizada. Esto supone que los electricistas del SME deben incorporarse a la División Centro de la CFE, y asumir los retos futuros en otras condiciones.

El propio Decreto calderoniano tiene una contradicción intrínseca pues, siendo un gobierno privatizador, puso el proceso de trabajo eléctrico, de cuya materia son titulares los electricistas del SME, en manos de la CFE. No podía ser de otra manera porque la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), que reglamenta lo dispuesto por el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, así lo indica.

En los seis meses transcurridos, el gobierno ha venido jugando con el SME y su representación de facto se ha movido en el terreno del Estado, en los tiempos marcados por el gobierno en turno. Mientras, la resistencia se hace más difícil. La negativa a restablecer la legalidad sindical, alterada desde el proceso electoral anterior, contribuye a complicar más las cosas.

En vez de proceder, conforme a los propios Estatutos sindicales y la Ley, se ha preferido el camino de los amparos, sin que haya ninguna perspectiva favorable. El hecho inocultable es que el sindicato no tiene representación jurídicamente acreditada. Esta, de acuerdo a la LFT se ejerce por el secretario general y nadie tiene la correspondiente Toma de Nota.

Por ello es que el gobierno platica con Esparza y con Muñoz, sin llegar a ninguna solución correcta para los trabajadores, los que se mantienen a la deriva. La estructura sindical está resquebrajada, varios representantes se liquidaron y, otros, funcionan de facto. Con Toma de Nota o sin ella, sin embargo, lo fundamental es la política y, hasta ahora, ha habido carencia de liderazgo.

Promover la discusión sobre la propuesta de reforma laboral neoliberal que auspicia el gobierno de Calderón, con lo peor del charrismo sindical (Gamboa Pascoe, Hernández Juárez, más los de Buen) no sirve de nada, esas alianza no son tales. Entre tanto, la solidaridad ha disminuido resultado de una inconsistente política seguida por otras organizaciones sindicales, de su propia incapacidad y la del propio SME. Incluso, la solidaridad internacional promovida por la Federación Sindical Mundial (FSM) ha sido desdeñada prefiriendo a la AFL-CIO norteamericana, organización responsable de la destrucción del sindicalismo mexicano desde hace cien años.

En los últimos días, se ha insistido en realizar una huelga de hambre, supuestamente masiva, con carácter de “indefinida” y “hasta que la Corte resuelva”. La medida es respetable pero políticamente incorrecta. Ni siquiera hay consenso entre la base y es improcedente plantearla como “indefinida”. No se trata de que la Corte resuelva “ipso facto” sino que resuelva correctamente. Sobre eso no hay certeza. Es momento, por tanto, de reconsiderar el rumbo, asumiendo autocríticamente la situación y retomando las históricas banderas de lucha.

Los electricistas en resistencia han realizado encomiables esfuerzos. Nosotros somos parte de esta resistencia, sostenemos una política diferente a la oficial pero estamos dentro del movimiento. Reiteramos que, como parte de la política eléctrica independiente que enarbolamos, es pertinente la integración de la industria eléctrica nacionalizada, para preservar los derechos laborales, la organización sindical y, en su momento, revertir la privatización eléctrica furtiva e, incluso, volver a re-nacionalizar al sector energético.

Hay que eludir el enfrentamiento con el Estado, dijimos oportunamente. Ahora señalamos: hay que evitar profundizar ese enfrentamiento. Las condiciones políticas no son propicias para una reversión inmediata, el SME es un sindicato no un partido político. Ya habrá oportunidad de mejores circunstancias. Por ahora, necesitamos estar dentro del proceso de trabajo eléctrico nacional.


Referencia: FTE de México 2010, elektron 10 (113) 1-4, 13 abril 2010.

¡Enarbolar las banderas históricas de los electricistas mexicanos!