McKinsey, empresa consultora extranjera, responsable de las propuestas para la desintegración de Pemex, sigue interviniendo en la “definición” de las políticas públicas en México, no obstante nocivas experiencias previas. Este es el resultado de una política energética antinacional.

McKinsey, empresa consultora extranjera, define la “política energética” de México. El gobierno neoliberal en turno anunciará en los próximos días la llamada “Estrategia Energética Nacional”, misma que será privatizadora y antinacional. Esa “Estrategia” es la acordada por la contra-reforma energética de 2008 que aprobaron todos los partidos políticos e impulsó, especialmente, el exFrente Amplio Progresista (FAP) de López Obrador.

Que los planes estratégicos del neoliberalismo en México sean redactados desde el extranjero, por empresas de consultoría como McKinsey, no es nuevo y menos lo es la intervención descarada de dicha empresa en el sector energético nacional. La consultora ha sido la "encargada" no solo de los guiones para el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sino, incluso, para la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Si alguna novedad existe, con el calderonismo instalado en el poder, es su actuación cada vez más ostentosa, a pesar de las graves implicaciones sociales y económicas de sus políticas, alineadas siempre a los intereses de las grandes transnacionales.

En la edición de energía 88 (a partir de Proceso No. 1597, 10 de junio de 2007) se consignaban por ejemplo las amenazas hacia LFC.

"Dentro de las empresas públicas, Luz y Fuerza del Centro presenta una circunstancia particular. En materia financiera, sus pasivos laborales entre pensionados y trabajadores activos son cercanos a los 80 mil millones de pesos, y los recursos transferidos a Luz y Fuerza del Centro han sido crecientes en los últimos años". El escenario, base de la desaparición de la empresa, se complementaba subrayando las altas pérdidas de energía que presentaba, y que "se ubican en alrededor de 33 %, lo cual excede los estándares de la industria eléctrica a nivel nacional e internacional" (Plan Nacional de Desarrollo, PND 2007-2012, "Desarrollo Humano Sustentable").

Pero, el ataque era y es a TODAS las empresas estratégicas nacionales, ya que, el primer argumento resulta aplicable a la CFE y a Pemex y, el segundo, por diversas vías lo es a la CFE. Esta, día a día aumenta la energía privada que adquiere para suministrar el servicio público de energía eléctrica. Aparte, se le endeuda cada vez más, forzándola a contratar obras y servicios que debería realizar por administración directa. Pemex, por las mismas "razones", ha sido declarada específica y reiteradamente como "financieramente inviable".

Sin omitir las experiencias internacionales, en México no se requeriría esperar a que, "desde fuera", se documentaran los riesgos y errores documentados discrecionalmente por consultorías externas. Específicamente, en el caso de Mckinsey existen negativas experiencias en México.

Por ejemplo, recientemente, se desarrolló un caso que ilustra la descoordinación deliberada de los planes elaborados. Se trata de un problema que repercutirá en diversas áreas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, diseñado por Mckinsey (entre otras empresas ligadas al calderonismo, como Grupo de Economistas y Asociados -GEA, Human Staff, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y una especialista independiente, Ana Luisa del Valle), se establecía en la ESTRATEGIA 15.12, "Diversificar las fuentes primarias de generación", el siguiente diagnóstico: "México cuenta con un importante potencial en energías renovables, por lo que se buscará su aprovechamiento integral, incluyendo a los biocombustibles".

McKinsey propuso de inmediato su privatización, indicada en la ESTRATEGIA 15.14, al señalar que se debía: "Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles, generando un marco jurídico que establezca las facultades del Estado para orientar sus vertientes y promoviendo inversiones que impulsen el potencial que tiene el país en la materia".

Por supuesto, en ningún momento se planteó cómo, y ni siquiera se advirtieron los inconvenientes y retos para la CFE que consisten en reconfigurar la red de transmisión para hacer factibles dichas “estrategias”.

Como resultado, la Comisión Federal de Competencia (CFC) publicó (DOF, 19.2.2010) el "Acuerdo por el cual la Comisión Federal de Competencia inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente IO-002-2010, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, procesamiento, distribución y comercialización de sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna en el territorio nacional".

Esta "investigación de oficio" viene indicada también de fuera, en seguimiento a la que realiza la Comisión Europea (desde la presidencia de la Comunidad Europea). Esta informó que está realizando "inspecciones por sorpresa en las instalaciones de varios fabricantes de sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna, que se utilizan para aumentar la capacidad de transferencia de electricidad en las redes de transmisión, por tener indicios de que estas compañías pueden haber pactado los precios de sus productos, vulnerando así las normas comunitarias que prohíben las prácticas comerciales restrictivas". [http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-bruselas-realiza-inspecciones-sorpresa-industria-equipos-electricos-pactar-precios-20100203165612.html ].

El problema consiste en una vulgar disputa comercial por un mercado muy complejo y altamente tecnologizado, por tanto, propicio a la presencia de "actores dominantes".

Los llamados dispositivos sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna (FACTS, por sus siglas en inglés) son, por el momento, la única opción viable, en las condiciones impuestas por el modelo de mercado eléctrico, para manejar la electricidad "intermitente", como la generada mediante plantas eoloeléctricas, y en general, para flexibilizar las redes de transmisión tradicionales (nacionales).

Estas redes no están diseñadas para manejar eficientemente la llamada generación distribuida, que es principalmente de propiedad privada, y está integrada por un gran número de plantas de pequeña capacidad distribuidas en forma dispersa en amplias regiones geográficas.

Este tipo de generación debe incorporarse al SEN para optimizar su aprovechamiento regional y a escala nacional, sea para su uso en el servicio público o para su entrega a las empresas asociadas al generador privado, ubicadas en otras regiones.

McKinsey tramposamente tira la piedra y esconde la mano. Antes de formular sus planteamientos en el anterior PND, sabían que la configuración y características de la red de la CFE no son aptas para los propósitos que plantearon.

También sabían que los técnicos de la propia CFE trabajaban en conjunto con ciertos proveedores (uno de ellos ABB) para que le suministraran dispositivos de interrupción y compensación de la nueva tecnología, adaptables a los equipos existentes de generación y transmisión.

Por la antigüedad de los existentes se requería del rediseño y suministro de equipos especiales, mismos que deberían ser adquiridos posteriormente por la CFE sin concurso y por adjudicación directa, exactamente como obtuvo McKinsey los contratos de asesoría de la secretaría de energía (Sener) calderonista.

La disputa surge con el impulso a la llamada tecnología de "redes inteligentes", cuyo desarrollo impone como meta crucial a los fabricantes la venta de dispositivos equivalentes, pero totalmente incompatibles, a la realidad de la red de transmisión existente, para asegurar el predominio de "su tecnología" (sus productos) y establecer así las "normas de facto" que los demás tendrán luego que acatar.

México quedará nuevamente convertido en campo de una "batalla comercial" de la que seguramente resultará víctima, toda vez que, para mantener funcionando el SEN, en vez de "actualizar" sus redes, las tendrá que "modernizar" según los criterios que imponga quién surja como nuevo dominante en el mercado.

En caso de que la red construida para el efecto por la CFE en el Istmo de Tehuantepec no se termine oportunamente (lo cual puede implicar que se despeje antes el conflicto abierto por la CFC), la situación financiera de la CFE (y de la población) podría agravarse por el impacto en los precios de la energía, y con ello las tarifas eléctricas, una vez que tenga que comenzar a pagar la capacidad instalada por las grandes plantas eoloeléctricas instaladas en La Ventosa por empresas privadas, cuando éstas concluyan la construcción y pongan a disposición de la CFE dicha capacidad. Eso incluye también posibles sanciones por la incapacidad para entregar la energía correspondiente a las asociadas a dichas plantas.

Ésta y otras experiencias similares nos obligan a replantearnos. ¿Exactamente, para qué le paga el gobierno a un consultor privado? ¿Cuál es su responsabilidad legal, tratándose del impacto social de sus recomendaciones?

Estas preguntas también tendrían que hacerse a los trabajadores del sector energético, cuyos representantes, muchos más de los esperados incluso en el ala "de izquierda", se someten la lógica negociadora de la modernización neoliberal impuesta por los consultores.


2010, elektron 10 (51) 1-4, 21 feb 2010.

Trabajo en líneas aéreas

Yacimiento petrolero de Pemex en Cantarell

Instalaciones en el Paleocanal de Chicontepec FOTO: J. Castañares