Ya transcurrió otro mes y el conflicto electricista no tiene visos de solución. En la secretaría de gobernación se llevan a cabo pláticas que no han arribado a ningún acuerdo y, el fondo del asunto, ni siquiera se ha tocado. El gobierno maneja el tiempo político a su favor.

El 23 de enero, se informó que en la reunión que la noche anterior sostuvieron funcionarios del gobierno federal con integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) “continúa el análisis jurídico respecto a la petición de esa organización de entregarles la parte proporcional del aguinaldo y fondo de ahorro” (Sánchez J., en El Universal, 23 ene 2010). Martín Esparza solicitó “avanzar en la solicitud de atención de casos y gestiones relacionadas con el seguro sindical, jubilaciones y servicios médicos”.

Se dijo que se “avanzó” en el “mecanismo para que los extrabajadores recuperen las pertenencias que dejaron en las instalaciones en la desaparecida empresa cuando los desalojaron de los inmuebles”, empezando por el estado de Morelos.

En esta “segunda” reunión, los representantes gubernamentales hicieron una presentación sobre las alternativas laborales y productivas que han venido ofreciendo a los electricistas, particularmente en lo que corresponde a la conformación de empresas y cooperativas para proveer de bienes y servicios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se dijo que la propuesta le sería entregada al SME “a afecto de que la den a conocer a la asamblea” (Ortiz G., en La Prensa, 23 ene 2010).

El SME entregó una propuesta “para que los extrabajadores de LFC “regresen a laborar en los términos del contrato colectivo de trabajo vigente entre el sindicato y ese organismo, para corregir las fallas en el suministro eléctrico en el centro del país, ahora a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la cual ha subcontratado a empresas para atender esta área” (Martínez F., en La Jornada, 23 ene 2010).

Javier Lozano, secretario del trabajo de Calderón, ha acusado reiteradamente al SME de cometer actos de sabotaje contra las instalaciones eléctricas en el valle de México. Según el funcionario, los electricistas “han incurrido en acciones intencionadas (apagones), que están documentadas (Contreras J., en Excélsior, 23 ene 2010) y agregó que “no tendremos ningún titubeo en aplicar la ley como corresponde y contra quien sea, contra quien resulte responsable”.

Sobre la propuesta pagar el fondo de ahorro y el aguinaldo, Lozano dijo que las autoridades están abiertas a analizarlo “siempre y cuando exista un fundamento legal”. Sobre el tema manifestó: “no hemos encontrado una fórmula jurídica de que se haya pagado por separado el aguinaldo, fondo de ahorro, al margen de una liquidación. Siempre, siempre, viene todo en paquete. Entonces, no tenemos precedentes”.

Días después, Lozano declaró que “se tienen registradas 18 actas circunstanciadas y 158 averiguaciones previas por parte de la Procuraduría General de la República, además de 5 causas penales en curso ante la autoridad judicial” (Franco L., en Crónica, 26 ene 2010). Dichos recursos judiciales están radicados en el Estado de México, Morelos y Puebla, así como, en el Distrito Federal. También señaló que “por delincuencia organizada (sic) la Subprocuraduría en Investigación Especializada en Delincuencia Organizada inició tres averiguaciones previas (Castro C., en Ovaciones, 26 ene 2010).

El 29 de enero se realizó una marcha en la capital y varios lugares del interior del país. En la marcha participaron contingentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC-PRI), Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al término de la marcha, los electricistas instalaron un plantón indefinido en el Zócalo capitalino “hasta no resolver el problema”. Los principales agrupamientos de electricistas provienen de Toluca, Pachuca, Cuernavaca y Necaxa. Días antes, los electricistas de Necaxa hicieron una peregrinación a la Villa de Guadalupe para pedirle a la virgen la solución al conflicto.

En el mitin, Martín Esparza insistió en la destitución de Calderón, lo mismo planteó en Guadalajara en días anteriores cuando propuso la “revocación de mandato”. ¡Muy bien, la propuesta la compartimos millones de mexicanos! El único problema es que falta definir cómo se haría, quién la instrumentaría y con qué procedimientos. Esto no es sencillo porque en las leyes mexicanas NO existe la figura de revocación de mandato (para nadie), es decir, hay vacío jurídico, no existen procedimientos para concretar algo jurídicamente inexistente.

Entre tanto, se sigue desviando la atención. En las “platicas” con el gobierno se continúa hablando de cuestiones menores, el fondo del asunto no se ha tocado, no se ha planteado y menos se ha promovido con la formalidad jurídica del caso.

En efecto, lo principal es el regreso al trabajo de TODOS los electricistas. Al respecto, existe la figura de patrón sustituto ya ejercida en ocasiones previas en el mismo sector eléctrico. La sustitución está a cargo de la CFE por múltiples pruebas y evidencias. Sin embargo, el grupo de Esparza sigue sin querer aceptar esa vía plenamente justificada en el marco de la integración de la industria eléctrica nacionalizada.

Las “pláticas” entre el gobierno y el SME no han producido resultados concretos. Mientras tanto, ambas partes juegan con el tiempo político, unos ganándolo y, otros, perdiéndolo. En ambos casos, las acciones son dilatorias en espera de una “solución” por la vía de los amparos y su revisión.

Los agravantes son dos: uno, esa vía es muy incierta y puede ser adversa y demoledora; dos, el gobierno juega con “cartas marcadas” y engaña a los electricistas, a sabiendas que tiene preparado un fallo desfavorable a los compañeros.

Por lo demás, el ambiente político se enrarece cada vez más con las explícitas amenazas de Javier Lozano.


2010 elektron 10 (30) 1-2, 30 ene 2010.

Integración industrial y sustitución patronal