Privatización de la Nación

Privatizaciones y contra reforma laboral, consignas imperialistas impuestas a la Nación mexicana.
El Estado y el gobierno, asumen esta vergonzosa política, los trabajadores la rechazamos.
¡No, al Consenso de Washington; Sí, al Consenso de La Habana!

México vive hoy una crisis, económica y política, marcada por la puesta en práctica de las recetas de los organismos financieros multinacionales. Privatizaciones y reforma laboral son dos aspectos cruciales. Al respecto, el 2001 se caracteriza por un sostenido avance en la privatización de la industria energética nacionalizada y por los serios intentos para modificar las relaciones laborales a partir de nuevas adecuaciones a la legislación laboral.

La política económica que se sigue en México es parte de la propuesta imperialista, con grandes afectaciones para el pueblo y que, sin embargo, se impone por el Estado asumiendo éste nuevos roles. Esa política no solo es discutible es, también, inaceptable para los trabajadores.

La liberalización de las economías, llamada globalización, y su aplicación en México ha traído consigo: penuria para la gran mayoría de la población (40 millones de mexicanos en la pobreza y pobreza extrema), desempleo masivo (611 mil 108 empleos perdidos del 1º de diciembre de 2000 al 15 de septiembre de 2001^*), precarización de las condiciones de trabajo y una política salarial de sobrevivencia.

El discurso que sostiene al libre mercado, y la privatización de las empresas públicas como panacea para la solución de todos los problemas económicos, se ha convertido en el lenguaje cotidiano del Ejecutivo Federal. Este acepta el papel secundario del Estado en la economía nacional que su “socio comercial” del norte le impone. Fox ha llegado al grado de pretender modificar la Constitución del país para entregar, sin trabas, al imperialismo los recursos energéticos que son parte del patrimonio nacional.

Las privatizaciones

Con el desmantelamiento en 1984 de la American Telephone and Telegraph (ATT), antiguo monopolio Estatal en los Estados Unidos, dividiéndolo en 7 empresas regionales y una octava que conservó la razón social de ATT, que opera las largas distancias interregionales e internacionales se dio comienzo a la ola de liberalización— (destrucción de los monopolios públicos) —de las telecomunicaciones en el mundo. ATT dejó de ser monopolio estatal (público) para convertirse en monopolio privado. Esto es así porque la política liberalizadora desarrolla al mismo tiempo un discurso dominante que apoya la privatización sin excepciones en todas las esferas de la actividad económica mundial.

En los años siguientes, las privatizaciones cobraron fuerza. Los diversos países asumieron esta política y los organismos financieros internacionales plantean cada vez con mayor firmeza que se trata de una medida que debe ser parte de los programas de ajuste y cambio estructural instrumentados en los países subdesarrollados.

En 1997 el Banco Mundial (BM) en su informe sobre el tema —El Estado en un mundo en transformación—, sostiene la necesidad de replantear su papel en la economía afirmando que el Estado no puede ser un agente directo del crecimiento y que la reducción de la presencia estatal excesiva contiene dos supuestas enseñanzas fundamentales:

a) “La liberalización de los mercados permite a los nuevos participantes crear empleos y riqueza para aliviar las dificultades de las privatizaciones”.

b) “Es necesario que el Estado sobredimensionado tenga menos bienes de su propiedad pues no hay ninguna razón económica de peso suficiente para que las industrias de bienes comerciales sigan siendo de propiedad estatal, amén de que no existe un momento preciso del programa de reforma que pueda considerarse como “el más indicado” para iniciar la privatización de las empresas públicas a cargo del Estado”.

Mas allá del discurso lo cierto es que este organismo, así como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha estado elaborando propuestas de política económica que indican la necesidad de avanzar en las privatizaciones. Es el caso de los países latinoamericanos. Después del denominado efecto tequila (diciembre de 1994), una de las recomendaciones hechas al gobierno de México lo llevaron a reconsiderar inmediatamente la cuestión de la privatización de la petroquímica, de los aeropuertos y más recientemente de la producción y distribución de electricidad.

No, al Consenso de Washington

Lo anterior nos permite situar la estrategia del gobierno mexicano, misma que no es ajena al Consenso de Washington, esto es, al Protocolo para la firma del Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y específicamente de los países del norte: Estados Unidos, Canadá y México.

En lo relativo al nuevo papel del Estado en la economía, se sostiene la idea de que solo en la escasez existe asignación eficiente de los recursos. Pero se trata de la doctrina de la austeridad que busca aumentar los beneficios a costa de reducir los salarios, produce una mayor insatisfacción de las necesidades vitales y deteriora el poder adquisitivo al tiempo que apoya las ganancias financieras.

El ajuste que actualmente se realiza en México se impone desde las cúpulas del Estado a la mayoría de la sociedad. Se trata de una sistemática limitación del gasto público, a la vez que se fomenta una competencia sin trabas. La plena utilización de los recursos productivos deja de ser un objetivo de la economía. En efecto se trata de desmontar la gestión estatal construida hasta los años setenta, donde la política nacionalizadora y la creación de grandes empresas públicas jugaron el papel principal en el desarrollo económico del país.

La política desnacionalizadora de reformas constitucionales, adversas a los intereses del pueblo trabajador, trastoca de manera sustancial los elementos constitutivos de cualquier acuerdo social. Esta política, a la vez, coloca paradójicamente al Estado como impulsor principal de los planes del capital multinacional extranjero. Dicho capital es el principal participante en el reparto de los nuevos mercados. Adquirir los activos que se ofertan en México es una meta importante para organizar su despliegue en la zona. De esta manera, está cambiando el papel del Estado otrora garante otrora de los bienes públicos.

Hasta ahora, la gestión de las contradicciones de la liberalización ha dado una nueva oportunidad al mantenimiento de la hegemonía norteamericana. "Menos Estado" significa menos Estado en todos lados, salvo en Estados Unidos, que, por tener el monopolio del dólar y ser potencia militar mantiene su posición hegemónica a escala mundial, sobre Japón y la Comunidad Europea relegados a un segundo plano.

Sí, al Consenso de La Habana

En México la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) coincidió con el levantamiento zapatista de Chiapas en enero de 1994. Actualmente, el modelo propuesto por el TLC se ha extendido al conjunto del continente. En los países del sur se padece ya liberalización desenfrenada. Aunque el proyecto del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y abierto a Chile y Bolivia) haya sido concebido en sus inicios en los marcos de la óptica neoliberal, no está dicho que no pueda evolucionar en dirección hacia una autonomía -aún relativa- de la región. Por otro lado, la dependencia de América Latina respecto a las economías más poderosas del planeta no hace sino aumentar.

Los países, emergentes o no, del continente americano se han convertido en el campo de batalla de la "guerra comercial" entre Estados Unidos y la Unión Europea. En este sentido, el ALCA parece el golpe de mano decisivo de los Estados Unidos. La construcción de esta zona de libre tránsito, supone la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo: un mercado de casi 800 millones de personas, que engloba a 34 de los 35 países del continente (a excepción de Cuba) con un PIB conjunto de más de 11.5 billones de dólares (el 40 por ciento del PIB mundial). Para llevar adelante estos planes, no se ha considerado la opinión de las poblaciones de la zona; el proceso se está llevando a cabo sin tener en cuenta a los ciudadanos. No hay exageración, ni demagogia: siete años después de la firma del TLC, en nada ha mejorado la situación de los millones de pobres de México.

Ni la utopía reaccionaria de la liberalización desenfrenada y del neoliberalismo privatizador, ni las prácticas de la gestión política del caos (y no de cualquier nuevo orden mundial) que esta utopía supone, son sostenibles.

Para atenuar los efectos destructores de la misma, y limitar el peligro de violentas explosiones, los sistemas de poder intentan poner un mínimo de orden en medio del caos.

Las regionalizaciones concebidas en este marco persiguen tal finalidad atando a las diferentes regiones de la periferia a cada uno de los centros dominantes. Así, el TLC somete a México y, en perspectiva, a toda América Latina, al carro norteamericano en detrimento de la consolidación de un proyecto político y social común y progresista en América Latina.

Esta justa aspiración podrá lograrse en la medida que los movimientos sociales de protesta y de rechazo a las políticas neoliberales en curso se amplifiquen en América Latina. El FTE de México apoya, por tanto, al Consenso de la Habana en términos de la Declaración final del Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA.

La política laboral

En lo concerniente a la política laboral en México, las cosas no marchan mejor. La ofensiva patronal está de vuelta y con ánimos renovados pidiendo que ponga fin a las conquistas de los trabajadores y exigiendo las reformas a la ley federal del trabajo que intentaron ya en los años de 1989 y 1998 los gobiernos de Salinas de Gortari y de Zedillo.

Esta vez cuentan con el apoyo del titular de la secretaria del trabajo, Carlos Abascal, quien fuera representante de la cúpula patronal, y quien implementó en su gestión la política la llamada por él y los charros sindicales “nueva cultura laboral”. Según esas ideas, se destacan la flexibilidad laboral, la libre contratación patronal, categorías unitarias (definiciones de labores genéricas), inexistencia escalafonaria, establecimiento de la competencia entre los trabajadores para lograr ascensos a juicio del patrón, prestaciones restringidas etc. La patronal tiene hoy el respaldo del gobierno foxista para llevar a cabo dicha reforma que, junto con la reforma hacendaria significarían una severa agresión al conjunto de trabajadores mexicanos.

Pero, de concretarse esta reforma regresiva, regresaríamos a la situación que generó a la Revolución y que sacudió a la Nación en el siglo pasado. Esas condiciones se están creando. Los trabajadores esperamos que nuestro movimiento se desarrolle y evolucione a otros niveles para hacer posible un cambio de fondo en la vida nacional.

Referencias:

* Lescas R. J., 2001, REPORTE Universidad Obrera de

México, UOM.