Controversia constitucional fallida
El 24 de noviembre venció el plazo que
tenían los legisladores para interponer una Controversia Constitucional
contra el decreto de Calderón sobre la extinción de Luz y Fuerza
del Centro. Más de un mes tuvieron para promover el recurso y, al final,
no lo hicieron.
Posibilidad eliminada por los propios legisladores
En la prensa se
informó que, “los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PVEM y Panal
hicieron el vacío a la posibilidad de emprender una controversia
constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro
(LFC) e impidieron, mediante acuerdo parlamentario, que el tema se incluyera en
el orden del día” (Garduño R., Méndez A., en La
Jornada, 25 nov 2009).
Esto es, el centro de la “estrategia”
que había propuesto el grupo verde del SME falló estrepitosamente,
se cayó la que esgrimieron como principal arma de defensa.
Ni
siquiera se reunió el mínimo necesario para que los diputados
pudieran hacer uso del recurso: apenas interponer la Controversia solicitando a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión y dictamen
sobre el decreto de marras.
El caso se había turnado previamente a
una comisión legislativa, encabezada por Alfonso Navarrete Prida, el
mismo que siendo Procurador del Estado de México fue artífice de
la represión en Atenco y promotor de la condena de casi cien años
contra Ignacio del Valle. El gobernador del Estado de México ha sido el
más férreo defensor de la represión a los electricistas a
quienes condenó con violencia verbal luego que el pueblo de Salazar
bloqueó la carretera México-Toluca en protesta por el
apagón producido en la región mexiquense.
“A los
priístas les dejaron la opción de firmar en libertad, a
condición de que se lograra unanimidad en favor en las filas de PRD, PT y
Convergencia”.
Se trata de una burla. El PRI y el PAN están
de acuerdo con la terminación de las relaciones laborales de los
electricistas del SME. Sabiendo que la “oposición”
está secularmente fraccionada, le piden “unanimidad” cuando
ni siquiera todos los diputados de esos partidos estuvieron de
acuerdo.
El charrismo siempre antiobrero
“Durante la plenaria del PRI, el dirigente (sic)
del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, presentó un documento
con el que, paradójicamente a su origen como líder gremial,
argumentó la improcedencia de recurrir el decreto presidencial ante la
Corte. No se trata, argumentó, de un asunto estrictamente
sindical”.
Algunos periodistas insisten en llamar
“dirigentes” a quienes no lo son. Víctor Flores ni siquiera
es representante de los trabajadores sino su opresor. Como buen charro sindical,
se encargó del juego sucio que acostumbra y habló a nombre de los
priístas.
“Al considerar los argumentos legales de la
extinción, Flores negó la posibilidad de defensa a los 44 mil
trabajadores que perdieron su empleo: No existen elementos que puedan suponer
una invasión de competencias del Ejecutivo federal en relación con
las previstas para el Congreso, por lo que no existe motivo que justifique una
controversia respecto del decreto”
Por voz del charrito hablaron
los priístas. ¿Cómo iban a aceptar que había
violación constitucional si el propio Salinas de Gortari, presidente en
turno en la creación por decreto de Luz y Fuerza del Centro, es
priísta y padrino de muchos de los actuales legisladores y autor de la
ruptura de la legalidad constitucional?
Francisco Hernández
Juárez, eterno charro de los telefonistas y ahora diputado de
“izquierda” (a nivel PRD), mostró su indignación y
amenazó diciendo: “¿Qué quieren, que nos preparemos
para hacerles una huelga nacional? ¡Uy, qué miedo!, es la respuesta
al charro quien cree que tiene autoridad moral para “amenazar” sobre
una acción a la que NO está dispuesto a llegar. ¡Nadie le
cree!
Difieren audiencia sobre amparo
“La juez federal Guillermina Coutiño Mata
difirió para el 10 de diciembre la audiencia constitucional a partir de
la cual determinará si fue legal el decreto de extinción del
organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro” (Méndez A., en
La Jornada, 25 nov 2009).
La diligencia, programada para celebrarse el 24
de noviembre a las 11 horas, se pospuso “porque varias autoridades, entre
ellas Presidencia de la República, no han rendido su informe justificado
sobre el acto reclamado”, se dijo.
La situación es obvia,
los tres poderes del Estado están coordinados y alineados en la misma
táctica. Los informes justificados fueron diferidos en clara maniobra. Es
evidente que el gobierno federal estaba en espera de la
“decisión” de los legisladores y sabía que no
interpondrían ninguna Controversia. Consecuentemente, siguen
tácticas dilatorias para preparar el terreno que impida un fallo
favorable al SME en el mencionado amparo.
“También el cuarto
tribunal colegiado en materia laboral pospuso el análisis sobre el
recurso de revisión interpuesto por el Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes, mediante el cual la autoridad dependiente de
Hacienda busca revocar la suspensión definitiva que la juez
Coutiño concedió al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el
pasado 6 de noviembre”.
Esto es, el amparo está en serio
riesgo. La llamada “suspensión” ha funcionado
momentáneamente pero solo para detener la emisión del laudo por
parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje (Junta) para dar por
terminadas las relaciones individuales y colectivas de los
electricistas.
La suspensión en vía de amparo ordena a la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se abstenga de emitir
laudos que concreten la liquidación de la empresa, hasta que la misma
juez determine si el decreto presidencial de extinción es
constitucional.
La Junta, seguramente, ya tiene preparado el laudo en
espera de la resolución de la jueza. Así, se han venido
configurando condiciones desfavorables al
sindicato.
Estrategia fallida
Desde el inicio del conflicto en LFC, la parte sindical
propuso “derogar” el decreto calderoniano. Para ello, reunió
a varios abogados, encabezados por Néstor de Buen, para promover una
Controversia Constitucional, considerando que el decreto era violatorio de la
legalidad constitucional. Los abogados, incluso, formularon un texto que fue
presentado a los diputados.
En una primera instancia, los diputados se
negaron a tratar el asunto y rechazaron que la Mesa Directiva interpusiera el
recurso. Luego, turnaron el caso a una comisión y, al final, ni siquiera
se reunió el mínimo necesario de diputados.
En el Senado,
el senador Francisco Labastida Ochoa (PRI), fue enfático en
señalar que el Senado no interpondría ninguna Controversia.
Diputados y Senadores dejaron todo para la última hora para eliminar toda
posibilidad de Controversia.
Que los legisladores hubieran interpuesto la
Controversia no implicaba que, automáticamente, la Suprema Corte
dictaminará contra el decreto de Calderón. Los ministros,
previamente, habían rechazado el intento de Controversia interpuesto por
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; también rechazaron la
solicitud del SME para atraer el caso. Ahora, al eliminarse la posibilidad por
parte de los diputados, la “ilegalidad” será
“legalizada”.
No podía ser de otra manera. Los
legisladores son los autores de la ilegalidad pues han violado reiteradamente a
la Constitución política del país al aprobar reformas
regresivas e inconstitucionales a la legislación secundaria,
especialmente, en materia energética.
En 2008, todos los partidos
políticos aprobaron la mayor contra-reforma energética posterior a
1938 y 1960. Entre otras, aprobaron las reformas al artículo 33,
referidas a las facultades de la Secretaría de Energía (Sener), de
la Ley Orgánica de la Administración Pública. Una de las
facultades de la Sener es decidir sobre la creación de organismos,
filiales y subsidiarias, su fusión o desincorporación. Al
respecto, ningún partido (ni el FAP ni sus expertos) dijeron NADA,
solamente levantaron el dedo.
Así, al no haberse interpuesto la
Controversia Constitucional, se perdió la oportunidad que la parte
sindical había propuesto como eje de la lucha. El decreto de
Calderón pasó entonces a ser legitimado “por
omisión” o por “falta de interés” de quienes
podían impugnarlo.
De esta manera, la ocupación
policíaca y militar de las instalaciones en LFC sigue y al sindicato solo
le queda la vía del amparo, mismo que entra en una fase riesgosa que
podría ser desfavorable, ya que, el tal amparo está basado en la
ilegalidad del decreto, mismo que no fue impugnado formalmente por los
legisladores.
¡Integración industrial!
El SME tiene otras opciones que, sin embargo, se han
desdeñado por la “representación”. La Controversia y
los Amparos NO pueden reducirse a los aspectos jurídicos y menos cuando
se invocan parcial y defensivamente. También, deben considerarse los
aspectos industriales a la luz de la perspectiva histórica y las
características técnicas del Sistema Eléctrico Nacional
(SNE):
Si el conflicto se mira solamente en el ámbito local, la
lucha está perdida. LFC era parte de la industria eléctrica
nacionalizada y, en este marco, es que debe ubicarse el conflicto para encontrar
una solución.
No se trata de “regrésenos a
LFC”, el nombre es lo que menos importa, se trata de la fuente de trabajo.
Y, no se trata de que nos la regresen sino de que continúe, dado que la
materia de trabajo subsiste, en ningún momento ha sido interrumpida y
menos extinguida. Podrá extinguirse a LFC pero a la materia de trabajo
no. Tan es así que, debido a la existencia del Sistema Interconectado
Nacional, el SEN funciona en todo el país, incluyendo a la región
central.
Se trata, entonces, de ubicar el conflicto y resolverlo, en el
marco de la industria eléctrica nacionalizada, actualmente representada
funcionalmente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al estar la
CFE operando el SEN en la región central, se constituye laboralmente en
“patrón sustituto” con la obligación por Ley de asumir
solidariamente las responsabilidades laborales previamente pactadas.
Esto
significa que, al invocar la figura de patrón sustituto, TODOS los
electricistas al servicio de LFC deben regresar a sus puestos de cuya materia de
trabajo son titulares, en las condiciones laborales previamente pactadas y
organizados en su propio sindicato.
Las razones que sustentan a esta
propuesta no son solamente jurídicas, sino históricas,
técnicas, industriales, laborales y sociales. Para impulsar esta
propuesta y concretarla no se necesita de Controversias ni de Amparos.
En
la industria eléctrica nacionalizada hay experiencias previas y debe
seguirse el camino de la integración industrial. La existencia de varias
empresas, dentro de la misma industria, es una contradicción. El proceso
de trabajo eléctrico es uno solo, el mismo en todo el país; la
industria nacionalizada es una sola, eso supone la necesaria integración
que fue precisamente la principal de las conclusiones que sacaron los
electricistas al nacionalizarse la industria.
Hoy, la industria
eléctrica se ha venido desnacionalizando debido a la privatización
furtiva en marcha. La propia CFE está en un proceso de
privatización, tanto de las funciones que realiza como de la nueva
infraestructura física. Sin embargo, es precisamente dentro de la
industria nacionalizada que debe lucharse para detener la privatización y
revertirla. Más aún, en la propia industria nacionalizada
están las posibilidades para su re-nacionalización.
La
integración industrial es la propuesta de solución más
favorable para los electricistas y para la nación. Llamamos a los
electricistas del SME a reflexionar sobre el fondo del asunto, valorando las
diversas propuestas. Decidir respecto del patrón sustituto (CFE) es una
cuestión urgente pues dejarlo hasta el último podría ser
desfavorable, ya que, cada día se pierde fuerza. Desde nuestro punto de
vista, la Controversia (fallida) y los Amparos (inciertos) no son la
única opción ni la mejor.
2009 elektron 9 (322) 1-4, 30
nov 2010.
Comisión de Energia
