Unificar al frente interno electricista
Consecuencia del proceso electoral
interno, en el SME se vive una situación de alteración de la
normalidad sindical. La representación general del sindicato carece de
personalidad jurídica acreditada. En el contexto de un grave conflicto
que afecta a la fuente de trabajo y las relaciones laborales es muy importante
restablecer la normalidad sindical para avanzar hacia una propuesta
política en la industria eléctrica nacionalizada.
Restablecer la normalidad sindical
En el Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME) se vive una situación de alteración de la normalidad
sindical que urge resolver en medio del severo golpe del Estado contra los
trabajadores al haber decretado la extinción de Luz y Fuerza del Centro
(LFC).
Para enfrentar la agresión del Estado en contra de los
electricistas es necesario unificar el frente interno. Al persistir un conflicto
electoral irresuelto el sindicato sigue fracturado y los antes contendientes
mantienen posiciones unilaterales que afectan a la organización en su
conjunto.
Al momento, no hay diálogo ni interlocución con
nadie, ninguno de los contendientes tiene acreditada la personalidad
jurídica y no hacen nada para remediar la situación
anómala.
Una vez ocurrida la ocupación policiaco-militar de
las instalaciones de LFC, Alejandro Muñoz declaró que se
olvidaría de “colores” y se uniría a Esparza. No
ocurrió así pues mantuvo activa la demanda interpuesta ante la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Más aún, se ha
presentado ante los medios e instancias del gobierno cediendo a las pretensiones
de éste.
Al interior del sindicato hay deterioro. Desde antes, en
lo interno se vivía una situación de simulación y eso
continúa. Nadie se atreve a enfrentar a Esparza por favores o promesas
previas. Las asambleas no son del sindicato sino de grupo (los
“verdes”). Con anticipación, se llena el auditorio y no dejan
hablar a nadie que esté en contra. Los trabajadores ven la asamblea a
través de una pantalla, sin posibilidad de opinar e incluso, sin escuchar
lo que ocurre dentro del auditorio.
Los trabajadores señalan que,
por abajo “patean” a la gente, los señalan como divisionistas
y, por lo mismo, nadie quiere asumir ninguna decisión. Se han tenido
reuniones y tomado acuerdos que no se cumplen. Una propuesta consiste en hablar
con Humberto Montes, secretario del interior, para que asuma sus deberes
estatutarios pero no se ha concretado. Varios trabajadores molestos han dicho
que “va a llegar el momento en que se van a decidir a actuar” pero
aún no parece llegado ese momento.
Entre los jubilados ha habido
una actitud más crítica, porque están menos controlados,
pero también existe temor porque dicen que están en la mira,
vigilándolos para que no se “propasen”.
En las
“asambleas” locales no se puede actuar, los trabajadores sienten que
cualquiera los puede delatar ante Esparza y podrían ser considerados como
traidores. De hecho, hace años que no hay discusión ni las
representaciones en turno dejan que la haya.
En estas condiciones, es
fundamental la organización de la base electricista para recuperar a su
sindicato, restablecer la normalidad sindical y promover una propuesta de
acuerdo a sus intereses colectivos.
Esparza no da ninguna respuesta ni
alternativa política y varios consideran que la estrategia seguida es
errónea. El control burocrático ha llegado al nivel de infundir
temor. Entre tanto, no hay interlocución de nada y muchos trabajadores se
siguen liquidando.
Los sindicatos son organismos de interés social
Los sindicatos no son
propiedad privada de nadie, son organismos de interés social y lo que
ocurre con el SME interesa a toda la sociedad habida cuenta que la industria
eléctrica es de la nación.
La realidad es que nadie tiene
reconocimiento legal, el sindicato está acéfalo. Los trabajadores
quieren explicaciones y que no les mientan. Muñoz y Esparza piensan que
los trabajadores están con ellos y no es así. El hecho concreto es
que no hay resultados.
Es necesaria una solución política
debidamente discutida entre todos porque la mayoría de los trabajadores
no saben qué está pasando. Se advierte que Esparza no tiene
ningún plan y está frenando las acciones solidarias. Abajo, hay
mucha inconformidad entre los electricistas activos, el descontento está
a flor de piel
Muchos compañeros están analizando la
situación y consideran que la idea de “que nos regresen a
LFC” es una perspectiva obsoleta. Otros cuestionan que ni siquiera se ha
organizado la solidaridad. Peor aún, se estima que puede haber mayor
bronca interna y descomposición, en un estado de indefensión de
los trabajadores.
En varias reflexiones, los electricistas se refieren a
que la actual crisis tiene antecedentes que no se pueden eludir pues el golpe se
fraguó desde dentro y desde fuera. Es necesario defender las conquistas
históricas, especialmente, la fuente de trabajo y la organización
sindical.
Para los electricistas de base, Esparza perdió liderazgo
en las primeras 24 horas, reaccionó muy tarde y, algunos señalan,
que aún no reacciona. Después del 11 de octubre la estructura
sindical funcionaba, hoy se ha quebrado, la Comisión de Trabajo
está pulverizada, la Comisión Técnica no funciona, los
representantes departamentales tampoco. En condiciones muy difíciles, sin
embargo, la base intenta rebasarlos tratando de recuperar a su sindicato como
medio de lucha superando todo lo anterior.
Algunos compañeros que
se han liquidado han ido a cobrar acongojados llevados por la necesidad y la
poca claridad en la perspectiva política. En los hechos, el grupo
hegemónico (los “verdes”) ha monopolizado y deteriorado la
representación sindical viviendo de las glorias pasadas del sindicato.
Hoy, están pulverizando las 120 cláusulas del Contrato Colectivo
de Trabajo (CCT) y los casi 95 años de historia sindical. La
política de los “verdes” (y de los “naranjas”)
está afectando a todos.
El sindicato está dividido pero
aún con reacciones lentas se percibe un cambio acelerado en la
percepción de muchos electricistas que luchan contra las burocracias y
contra el tiempo. Es fundamental, entonces, estructurar respuestas organizadas
para defender el interés general del sindicato.
La propuesta de
solución más conveniente para todos es la enmarcada en el proyecto
nacionalizador de la industria eléctrica. Concretar esta propuesta
política requiere de la discusión colectiva y el
restablecimiento de la normalidad sindical alterada por un proceso electoral
interno viciado e inconcluso.
La base electricista tiene elementos
legales y estatutarios que debe
aplicar.
Coalición de trabajadores
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En
el Título Séptimo “Relaciones Colectivas de Trabajo”,
Capítulo 1 “Coaliciones” de la Ley Federal del Trabajo (Ley)
se indica:
Artículo 354.- La Ley
reconoce la libertad de coalición de trabajadores y
patrones.
Artículo 355.-
Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de
patrones para la defensa de sus intereses comunes.
Es decir,
los trabajadores pueden constituirse en “coalición temporal”
para la defensa de sus intereses comunes. La Ley no indica el número
mínimo para formar la coalición. De manera que, en cualquier
momento, un grupo de trabajadores puede acordar constituirse en coalición
si así conviene a sus intereses.
En el presente caso, procede
formar una coalición temporal con el único objetivo de
restablecer la normalidad sindical mediante la reposición del proceso
electoral interno en los términos indicados por los estatutos del
SME.
Para ello, debe seguirse un procedimiento que permita tomar los
acuerdos fundamentales. Los estatutos del sindicato indican los procedimientos a
seguir para los procesos electorales.
En virtud de existir
alteración en la normalidad sindical derivada de un proceso electoral que
fue objetado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) y,
consecuentemente, negó a Martín Esparza la Toma de Nota que
acredita la personalidad jurídica de los representantes sindicales, la
base electricista puede restablecer la legalidad interna.
En las actuales
circunstancias, no existe representación sindical legalmente acreditada.
Entonces, no hay directiva que convoque a un nuevo proceso electoral, los
representantes en funciones se niegan a cumplir sus deberes estatutarios. En
consecuencia, corresponde hacerlo a los propios
trabajadores.
Convocatoria de la base
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El
Artículo 371 de la Ley, indica que los estatutos sindicales deben
contener diversas disposiciones, entre otras:
VIII.
Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las
ordinarias y quórum requerido para sesionar. En el caso de que la
directiva no convoque oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos,
los trabajadores que representen el treinta y tres por ciento del total de los
miembros del sindicato o de la sección, por lo menos, podrán
solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y si no lo hace dentro de
un término de diez días, podrán los solicitantes hacer la
convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar y adoptar
resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras partes del total de los
miembros del sindicato o de la
sección.
Las resoluciones deberán
adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del total de los miembros del
sindicato ... por lo menos.
Esto es, como la directiva carece
de capacidad legal para convocar a las asambleas previstas en los estatutos, en
este caso de carácter electoral, los trabajadores pueden y deben
hacerlo.
Según la Ley, el 33 por ciento del total de los miembros
del sindicato deben solicitar a la directiva que convoque a la asamblea
electoral. Como la directiva no puede hacerlo, entonces los trabajadores
(constituidos en coalición temporal) “pueden hacer la
convocatoria”.
Esta convocatoria sería para realizar una
asamblea general que debe constituirse con las dos terceras partes del total de
los miembros del sindicato.
Por supuesto, esta asamblea no se puede
realizar en el “nuevo” auditorio sino en las instalaciones
sindicales o algún recinto alterno que permita congregar a la
mayoría de trabajadores activos y jubilados miembros del sindicato.
Sería una gran asamblea con facultades de
decisión.
La asamblea general de la base
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El
orden del día sería: Punto único. Restablecer la
normalidad sindical mediante la reposición del proceso electoral interno
en términos de los estatutos sindicales vigentes y la Ley. La propia
asamblea convocaría al proceso electoral y entraría en un receso
para ejecutar los procedimientos estatutarios.
En el acto se
abriría el registro de planillas y se definiría el día de
las votaciones, haciéndose el recuento de inmediato, resolviendo
enseguida las objeciones presentadas si las hubiere y dando a conocer los
resultados a la asamblea general de la coalición de base.
Esta, se
reanudaría de inmediato y en la misma tomarían posesión de
sus cargos los representantes electos.
Atestiguada la actuación
por notarios públicos que den fe de los hechos, se integraría la
documentación respectiva que se turnaría a la STPS solicitando la
Toma de Nota. Si el proceso se lleva a cabo en tiempo y forma, cubriendo los
requisitos del caso no tendría porque haber objeción de la
autoridad. Si lo hubiera, el conflicto entraría en una situación
penosa imputable al Estado quedando solamente la vía
política.
La nueva representación, legalmente acreditada,
procedería de inmediato a presentar al gobierno mexicano las alternativas
de solución al conflicto, previamente discutidas y acordadas
colectivamente.
Estatutos sindicales
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Los
estatutos sindicales establecen procedimientos muy detallados para los procesos
electorales. Esos procedimientos deben aplicarse con las consideraciones del
caso derivadas del actual conflicto en el sector.
No habría
necesidad de que la “coalición temporal” instrumentara las
acciones legales si tan solo los actuales representantes acreditados, como el
secretario del interior, hubiera cumplido sus deberes estatutarios. Los mismos
estatutos prevén las acciones a seguir en casos de nulidad de
elección, aplicable en las presentes circunstancias.
Más
aún, es público y notorio que jurídicamente NO hay
secretario general ni otros cargos más. Los estatutos sindicales
prevén qué hacer en caso de sustituciones mismas que hace tiempo
debieron hacerse, especialmente lo indicado en el artículo 41,
fracción I, inciso a).
En el artículo 45, fracción
V, los estatutos le confieren a los trabajadores electricistas el derecho
“a coaligarse con otros trabajadores que se encuentren en las mismas
condiciones”. Esos grupos están reconocidos estatutariamente y
tienen facultades para analizar la situación del movimiento obrero,
formular tesis y conclusiones que puedan ser discutidas públicamente,
fundamentar las críticas respecto a la línea
político-sindical y a la conducta personal de los representantes
sindicales, entre otras.
En suma, los estatutos sindicales y la Ley
confieren a los trabajadores el derecho a organizarse y defender sus intereses
comunes. En estos momentos es fundamental ejercer esos derechos. No hacerlo,
dejaría al conjunto de electricistas en un estado de indefensión
total y sin perspectivas.
Electricistas en peregrinación FOTO: F. Olvera
La coalición de los trabajadores está en la Ley y en los estatutos
El sindicato somos todos y debemos defenderlo
Muñoz y su interlocución con el gobierno
El conflicto electoral
interno se sigue agravando sin que concluya legal y estatutariamente. En
aparente preocupación por la ausencia de diálogo para resolver el
presente problema que afecta a todos los electricistas, Alejandro Muñoz
(representante de los “naranjas”) ha insistido ante el gobierno
federal en proponerse como interlocutor.
La pretensión de
Muñoz tiene serias limitaciones. Primero, nadie le ha pedido, y menos
nombrado, ser el interlocutor válido con el gobierno. Segundo,
Muñoz carece de la personalidad jurídica acreditada y, tres, lo
más grave es que no tiene ninguna fórmula coherente de
solución al conflicto, ignorando los aspectos fundamentales relacionados
con la industria eléctrica, la contratación colectiva y la
organización sindical.
El gobierno tiene la fuerza y mantiene
ocupadas por la fuerza pública todas las instalaciones eléctricas
de LFC; también tiene la iniciativa política hasta ahora en
términos inflexibles.
Hacer frente a tan desfavorable
situación implica dos cuestiones fundamentales: 1- liderazgo
político y 2- movilización de masas. Ninguna de estas condiciones
se cumplen, ni con Esparza ni con Muñoz. Adicionalmente, el frente
interno está dividido y ninguno tiene consenso. Por si fuera poco, nadie
tiene acreditada la personalidad que les permita ostentarse como los
representantes generales del sindicato.
Los dos contendientes del
anterior proceso electoral están procediendo por fuera de los estatutos y
de la Ley. Eso limita cualquier arreglo con el Estado. Ni la política a
ultranza de “todo o nada” (de los “verdes”, ni el
“entreguismo a priori” (de los “naranjas”) representan
ninguna estrategia correcta. Por ese camino, ninguno va a salvaguardar las
conquistas laborales ni siquiera el derecho al trabajo. Simplemente, ambos
contendientes carecen de autoridad moral y política.
Muñoz
no actúa solo, públicamente lo apoyan varios exsecretarios
generales del SME y otros exrepresentantes. Resulta asombroso que con las
experiencias previas, esos exrepresentantes no acierten a conducir adecuadamente
al sindicato.
Hay eventos peores. Es el caso de Jorge Sánchez, el
mismo que pactó con Salinas de Gortari la creación de LFC a cambio
de permitir que se reformara regresivamente la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica) en 1992, iniciándose el proceso de
privatización eléctrica furtiva que ya llega al 49.4% de la
capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional. Este
individuo se ha dedicado a hacer labor de zapa al interior del sindicato
promoviendo entre los trabajadores activos la consigna de “ya
liquídense” ofreciendo que, después, constituirían
empresas (privadas) obviamente controladas por él mismo. En líneas
aéreas, Muñoz planteó algo similar.
Así, las
propuestas de Muñoz expresadas en una carta a Fernando Gómez Mont,
secretario de gobernación, son ínfimas y no corresponden en nada a
las propuestas nacionalizadoras e históricas de los electricistas
mexicanos, aún en las peores condiciones.
Existe algo adicional
que puede empeorar la situación interna. Al no haber retirado formalmente
la demanda interpuesta ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
Muñoz deja a esta Junta la toma de decisiones unilaterales previamente
politizadas. Muñoz dijo que la demanda era para que se anularan las
elecciones.
La Junta, sin embargo, tendría varias opciones para
su resolución: 1- dictaminar que la demanda de Muñoz es
improcedente en cuyo caso persistiría el estado de alteración de
la normalidad sindical, es decir, el sindicato no tendría
representación acreditada, seguiría acéfalo; 2- determinar
que procede el reclamo de Muñoz, en cuyo caso la elección
sería nula. En ambos casos, para restablecer la normalidad sindical se
requeriría seguir los procedimientos estatutarios y legales basados en la
convocatoria de la “Coalición temporal” de los
trabajadores.
En el caso de nulidad, la Junta también
podría determinar que, ante las irregularidades del proceso, se llevara a
cabo un recuento a cargo de la propia Junta. Esto, que ya ha ocurrido en otras
ocasiones, es difícil de instrumentar dado el conflicto en LFC pues el
padrón de trabajadores está alterado debido a las liquidaciones
que ha habido y los centros de trabajo están ocupados por la fuerza
pública.
Pero, dada la interlocución forzada y unilateral
que promueve Muñoz, la Junta podría proceder a dictaminar que
Muñoz ganó las elecciones, sobre la base de calificar el proceso
sin anularlo, salvo en los casos objetados. Sería, por ejemplo,
Juandhó donde ocurrieron los hechos más cuestionados con mayor
número de votos que votantes. Si así fuera, los resultados
serían diferentes e inversos a los sostenidos por Esparza y
“ganaría” Muñoz.
La Junta no ha señalado
cuando dictaminará pero podría hacerlo en cualquier momento. Si
así ocurriera y se configurara el último de los escenarios
anteriores, el sindicato podría entrar en un desgarre interno que
aceleraría la descomposición.
En cualquier escenario, algo
está claro: la decisión está en manos de la Junta.
De suyo, la situación ya es suficientemente grave y se sigue
auspiciando el deterioro desde fuera y desde adentro. Nadie ha dicho nada,
pareciera que nadie sabe, pero en la Junta Especial Número 5 de la
Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaría Auxiliar de
Conflictos Colectivos, YA ESTA radicado un proceso para la terminación de
las relaciones de trabajo. Eso, ¿no lo saben Muñoz y
Esparza?
De manera que, de seguir con la misma
“política”, con uno u otro de los contendientes anteriores,
los escenarios se aprecian desastrosos, no solo en el plano legal sino en el
político. Eso hace más necesaria la intervención de la base
electricista para salvaguardar sus intereses de clase y su organización
obrera.
Alternativa nacionalizadora
La promoción y concreción de una
alternativa nacionalizadora en la industria eléctrica, en el área
central del país, requiere como el oxígeno para la vida de la
participación mayoritaria de los electricistas.
Las acciones deben
ejecutarse ahora mismo porque el Estado tiene la fuerza y el tiempo de su lado.
Regresar a la misma situación de LFC “como estaba” no tiene
posibilidades porque el golpe se planeó por años y se
ejecutó en el momento en que los “verdes” y
“naranjas” pusieron al sindicato como blanco fijo.
La industria eléctrica es del interés de todos los mexicanos concientes
Hace falta un verdadero liderazgo político aún en
adversas condiciones. Los jubilados tienen en su autoridad moral mucho que
decir, y deben decirlo. El apoyo decidido de los jubilados a los activos
sería la mejor forma de solidaridad y la ejecución de las acciones
corresponde a los activos.
Hay que hacer un enorme esfuerzo para unificar
al frente interno. Esto no lo puede hacer Esparza ni Muñoz. Se debe
entrar en acción inmediata. El tiempo es inexorable pero aún es
posible una solución digna y decorosa al conflicto.
La base
electricista debe tener seguridad política apoyándose en el
respaldo histórico a la propuesta eléctrica nacionalizadora. El
sindicato necesita de una visión política y social propositiva y
clasista. Esto no se puede lograr sin la organización desde
abajo.
En esta perspectiva también es preciso fortalecer la
solidaridad del pueblo de México en defensa del patrimonio
eléctrico colectivo.
El momento es de definición
política. ¡Manos a la obra compañeros (as), manos a la obra
todos (as)!
[2009, elektron 9 (277) 1-8, 27 oct 2009].
Los electricistas del FTE en resistencia activa y solidaria
Comisión de Energia
