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Volumen 9, Número 142, octubre 20 de 2009 www.wftucentral.org
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El gobierno de Chiapas apoya a mineras



Análisis crítico de la información proporcionada por el gobierno de Chiapas a los medios nacionales con relación a las transnacionales mineras y a la oposición de la población.


LA ESTRATEGIA PRO MINERA DEL GOBIERNO DE CHIAPAS

Gustavo Castro Soto

Otros Mundos, AC/Amigos de la Tierra México

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; 11 de Octubre de 2009



El Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, se presentó el 25 de Septiembre de 2009 en el municipio fronterizo de Chicomuselo, al sur de la entidad, a calmar los ánimos de la resistencia que va subiendo de tono, de movilización y protesta contra las trasnacionales especialmente canadienses que han llegado a la región en busca de oro, barita, magnetita, titanio y otros minerales. Inauguró obras públicas por invitación del presidente municipal que la empresa canadiense Blackfire pide desaforar porque no le arregla el problema con los que se inconforman por sus actividades mineras. También repartió machetes y limas, promesas y manipuló en la prensa lo que en ese encuentro sucedió. En el boletín de prensa del gobierno chiapaneco el gobernador hizo muchas afirmaciones falsas y peligrosas que ahora analizaremos.

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“El gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, rechazó que los grupos empresariales mineros continúen explotando las riquezas del estado, sin que esto reditúe en beneficios directos para los habitantes de los pueblos donde se encuentran los minerales que se extraen.” (...) Juan Sabines expresó que “no comparto la idea de la explotación de minas en Chiapas, pero la acepto únicamente si hay un beneficio directamente para mi pueblo”.

Estas declaraciones se dan luego de varios encuentros, marchas, protestas, cierres de carreteras, grafiteado de camionetas y transportes de la canadiense Blackfire y otras acciones que las organizaciones sociales han tomado en el último año. Incluso a un mes después de que el gobernador detuvo y privó de su libertad al Sr. Mariano Abarca, originario de Chicomuselo y uno de los líderes que lucha contra la presencia minera y en especial contra la trasnacional canadiense

Blackfire. Al final lo tuvo que liberar ante la presión nacional e internacional. Por otro lado cabe señalar que las 97 concesiones mineras se han dado en los últimos nueve años, al menos 37 de esas concesiones se han otorgado a 50 años, y hasta ahora el gobierno del estado no había salido a la defensa de los recursos ni del pueblo de Chiapas. Sabidos son los conflictos entre los ejidatarios de Chicomuselo y la empresa canadiense Blackfire. Desde tres meses antes ya estaban los cierres de caminos exigiendo el cumplimiento de las promesas hechas por la empresa y sistemáticamente ignoradas por sus funcionarios.

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“En un acto de consulta con pobladores del municipio de Chicomuselo, donde estaban presentes ejidatarios y líderes sociales, se concretaron diversos acuerdos, entre los que destaca la realización de un amplio Foro en Chiapas sobre la explotación minera, en el mes de noviembre con la participación de legisladores federales chiapanecos y organizaciones sociales”. 1 Boletín 2089 del Gobierno del Estado de Chiapas; 26 de Septiembre de 2009; http://comunicacion.chiapas.gob.mx/documento.php?id=20090927015035

El gobernador llegó a Chicomuselo no para hacer una consulta sobre el conflicto minero, sino para la inauguración de la red del Agua Potable de esta Cabecera Municipal, convocada por el Presidente Municipal Julio César Velázquez Calderón. Aunque a los ejidatarios les repartieron sus machetes y limas, a la pregunta del gobernador si la población estaba de acuerdo con la actividad minera toda la gente gritó ¡NO! Tres veces hizo la misma pregunta y tres veces fue la misma respuesta. Por lo que al final dijo: “el pueblo manda y yo haré lo que el pueblo diga”.

Estamos de acuerdo con el Sr. Gobernador de que el “El pueblo manda y es el que determinara acciones a realizar”. Sin embargo, habría que agregar que la demanda del movimiento antiminero ha sido que los tres niveles de gobierno exijan a las mineras el cumplimiento de las leyes, normas y convenios internacionales. Para otros que cumplan con lo prometido y, para otros, que simplemente se vayan del territorio chiapaneco. De cualquier forma, no fue el evento una consulta ni mucho menos una especie de diálogo para llegar a acuerdos y entre ellos un Foro, que más bien fue propuesto por el gobernador.

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“Se planteó que en el Foro se analice la posibilidad de legislar para que las empresas mineras paguen un impuesto del 4% de las ganancias derivadas de la explotación minera. “Que sean recursos que se entreguen a los Ayuntamientos y a las comunidades para obras sociales” (...) que se reforme el artículo 27 constitucional, para que las empresas mineras estén obligadas a aportar el 4% de sus utilidades a las comunidades donde trabajan. “Vamos a organizar un gran foro, a donde convoquemos, entre otros, a los legisladores federales, presidentes municipales, comisariados ejidales, organizaciones sociales ligadas a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) para que revisen el tema, y a pedir a los diputados chiapanecos analizar la posibilidad de una reforma constitucional para que las minas en Chiapas y en todo México paguen impuestos, para beneficiar

Aunque mantenemos firme nuestra exigencia de un Chiapas Libre de Minería, consideramos que no esta demás un foro, aunque ya han realizado muchos y la demanda general se mantiene en firme.

No necesitamos esperar a cambiar la Constitución para modificar la Ley de Ingresos, de Derechos, y actualizar la legislación fiscal, como lo tienen otros países latinoamericanos sobre el pago fiscal de las mineras y su contribución a los municipios y a la Nación. REMA, como Red Nacional de Afectados por la Minería realizó en julio pasado un Foro especifico sobre minería en la Cámara de Diputados, una propuesta de cambios legislativos y de política minera que beneficie a las comunidades y a los estados.

El otorgamiento de las concesiones mineras es facultad de la Secretaría de Economía a nivel federal, y conocidas son las sistemáticas anomalías para otorgarlas ya que se violan los requisitos que establecen las leyes, las normas y los convenios. Comenzando con la Consulta previa, libre e informada, antes que invadir territorios indígenas, de violar la propia ley agraria, los requisitos para cambios de uso de suelo, de hacer transparente la información sobre concesiones, las Manifestaciones de Impacto ambiental, etc. Recordemos que Linear Gold, nunca presentó sus manifestaciones de impacto ambiental.

Para el supuesto foro propuesto por el gobierno del estado, de cualquier manera, la CNPA no es la única afectada por la explotación minera. La convocatoria debe ser dirigida no sólo a quienes fácilmente negocian prebendas o defienden posiciones a favor del gobierno, incluyendo al sector académico que, por lo general, se pliega a los intereses gubernamentales o que, sin saber, insiste en la minería sustentable. Se debe convocar al conjunto de los sectores de la sociedad, porque las casi 100 concesiones mineras en la entidad tienen efectos generales e incluso globales.

Pese a todo lo anterior, el problema no es ese. Es otro. No se puede pasar por alto los efectos sociales, ambientales, económicos y culturales tan sólo porque hay quien tenga dinero para pagar un impuesto a cambio de tanta destrucción. Hay de minería a minería. Pero ésta, debe ser erradicada. Los ejidatarios, campesinos e indígenas no son dueños de las cuencas, de las montañas ni de la decisión de afectar y agudizar el cambio climático y vulnerar ambientalmente las regiones y otras comunidades tan sólo por el hecho de que tengan más o menos dinero pagado por la empresa minera. El problema no se soluciona dándoles más dinero a los municipios, a la corrupción o a las familias a costa de acabar con la Sierra Madre de Chiapas. No sólo es el problema de la ganancia, sino de la contaminación, la deforestación, las afectaciones sobre el suelo, la salud de la población, los medios de subsistencia. Entrar en la lógica de la cantidad de pago es ocultar las dimensiones del problema y privatizarlo, pensando que los únicos perjudicados son los que tienen en sus inmediaciones la mina y por lo tanto deben ser recompensados, aunque la cuenca del Grijalva se llene de cianuro, aunque las comunidades más abajo se queden sin agua, se les contaminen las fuentes del vital líquido, o el día de mañana vean cómo se inundan los ríos ante la falta de cubierta vegetal en las montañas y en los bosques, o se les derrumben los cerros en sus casas, tierras, territorios y parcelas.

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“Además de los empleos que ofrecen estas empresas, no se cuenta con ningún beneficio de responsabilidad social, por lo que “vamos a exigirles, desde el respeto, pero con firmeza, a los diputados federales que reformen las leyes para concretar el impuesto local (del 4 por ciento)”.

Los empleos que producen las mineras son un mito. Por lo general son pocos y mal pagados. Sin embargo, en regiones donde se carece de fuentes de empleo, los pocos afortunados defienden sus empleos a costa de presiones, chantajes, hostigamientos e incluso conflictos que terminan por fuertes divisiones al interior de las familias, como sucede en Chicomuselo. Por otro lado, los recursos que otorga la minera Blackfire a la comunidad son ridículos y todavía más comparados con las ganancias que extrae y los costos medioambientales que genera. La empresa Blackfire entrega 60 mil pesos mensuales que se distribuyen entre 207 personas en el ejido de Grecia. Esto equivale a 290 pesos por familia al mes y que a su vez representan 9.6 pesos diarios. ¿Esto es justicia? ¿Desarrollo? En el caso del Ejido Morelia la empresa canadiense paga 15 mil pesos mensuales por el derecho de paso que se distribuyen entre 68 ejidatarios que no quisieron compartirlo con los posesionarios ni avecindados del ejido por lo que ha acarreado divisiones. Esto equivale a 7.3 pesos diarios por familia. Por si fuera poco, por 3 millones de pesos los habitantes de Morelia han demandado a la trasnacional canadiense por todo el robo que ha hecho de Barita que sin permiso ha extraído del ejido durante su paso a la mina. A los trabajadores les paga 100 pesos diarios por la jornada de 10 horas al día en un municipio y región muy cara. Esto equivale a dos salarios mínimos. Es decir, una miseria. Mientras, la empresa presume sus camionetas nuevas, camiones pesados y maquinaria comprada en este año, y cuenta con departamentos que renta en el municipio vecino de Comalapa.

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Recordó el caso de Petróleos Mexicanos, paraestatal que otorga recursos para obras sociales, como carreteras, hospitales y otras obras sociales; así, sostuvo, las mineras en Chiapas, y en todo el país, deben “dejar parte de los ingresos no para el gobierno estatal, sino para los municipios y localidades, para que puedan hacer obras”. Esto debe ser, sostuvo, no por acuerdos personales, sino por Ley.

La minera Blackfire en Chicomuselo ha prometido obras de infraestructura al ejido Grecia y Nuevo Morelia que no ha cumplido. Esta es la razón por la que los ejidatarios han bloqueado los caminos e incluso quieren suspender los acuerdos con la canadiense. La carretera prometida se convirtió en un caminito de cemento para las llantas de las camionetas, los tanques de agua no sirven y otras obras simplemente no llegaron. El 4% de impuestos propuestos para los municipios no limpiará el agua, o restaurará la cuenca ni volverá a construir la montaña o formar la capa del suelo perdido irremediablemente. Por otro lado, cabe señalar que la empresa Blackfire, para garantizar sus inversiones y seguridad, lo primero que hace es regalar mucho dinero a las autoridades ejidales y al presidente municipal, como ha sucedido en Chicomuselo, e incluso explicado por la misma empresa en un diario local de cómo le ha dado prebendas al presidente municipal para tener contento a las autoridades.

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En este proceso de consulta, donde asistieron más de 2 mil 500 personas, en uno de los municipios con mayor actividad de empresas mineras, los pobladores, ejidatarios y organizaciones presentes, entre las que destacó la OCEZ-CNPA, el pueblo en pleno se comprometió a dejar, por el momento, trabajar a los empresarios mineros, a no realizar movilizaciones, a la realización de los estudios que aclaren la posibilidad de afectaciones a la salud y al medio ambiente; y a apoyar la realización del amplio Foro en noviembre.


Insistimos, no fue un “proceso de consulta”. En nada ayuda focalizar la relación gubernamental y la presencia sólo de la OCEZ-CNPA ya que se corre el riesgo de que se les acuse de traidores o negociadores con el gobierno del estado a nombre de otras organizaciones, comunidades y población en general. Son muchos los sectores, organizaciones y movimientos que se han expresado, marchado o realizado acciones de protesta e inconformidad contra las mineras. Con estas afirmaciones el gobierno pretende que las organizaciones no se movilicen contra las mineras mientras no se lleve a cabo su Foro; que la sociedad no se movilice el 12 de octubre; o el 16 día de la alimentación u otras fechas.

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Desde aquí, hizo un llamado a desterrar la violencia de Chiapas, ya que existen quienes quieren aprovechar el movimiento de las minas para convocar a la violencia. “Ya descubrimos a esos falsos impostores pacifistas, que están convocando por un lado a la paz y por otro lado exhortan a la violencia”. “Ya sabemos quienes son y lo que están haciendo”, dijo al informar que estas personas responden a intereses delictivos, “lo que buscan es el tráfico de armas en Chiapas, ya lo descubrimos” (...) “se debe tener cuidado que promueve una falsa lucha social, y que pretender que un chiapaneco mate a otro”.

Hacen llamados nocivos a la gente a que se arme; “cuidado con estos falsos profetas, mentirosos que quiere que haya violencia”. Al recordar que está del lado del pueblo, el Gobernador de Chiapas recordó que un estado tan diverso, “hay libertad religiosa, hay libertad de culto, y no hay ningún culto en la entidad que promueva la violencia, todos son promotores de la paz”. “La fe es promotora de la paz, entonces no recibamos estos mensajes de quienes no cumplen con su verdadera vocación y están convocando a la violencia” (...) Aparentemente los funcionarios y trabajadores de la empresa canadiense Blackfire salieron de este encuentro rabiando por las afirmaciones del gobernador. Curiosamente, días después se empiezan a agudizar los conflictos donde se acusan que la trasnacional incita a sus trabajadores y funcionarios a la violencia y coerción con los ejidatarios. Las familias empiezan a dividirse cada vez más.

Mientras, el gobierno del estado hace afirmaciones muy peligrosas para introducir el miedo o preparar la antesala de la represión. Cualquier disidencia, lucha por los derechos humanos, por la tierra y el territorio, el gobierno estará listo para criminalizar la protesta social. Estas afirmaciones son sumamente irresponsables. ¿Están en los objetivos del Milenio? Se lee que las iglesias promueven la violencia o que incluso están armando a la población. Pareciera ahora detrás de la protesta social anti minera, legal y legítima, está el principal interés de vender armas. Esto es gravísimo. Por otro lado, si ya identificó a los delincuentes, ¿por qué no los detiene y los procesa?

Por otro lado, habrá que insistir que la violencia la trae la trasnacional minera canadiense Blackfire, que deja sin agua y la contamina, que no paga impuestos, que deja sin tierras a las comunidades, que incumple los acuerdos, que corrompe y divide, que mal paga a los trabajadores, que amenaza e intimida, que acaba con el medio ambiente y las montañas, que arma expedientes tramposos para meter a la cárcel a los luchadores sociales. Estos son los delincuentes.

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Ante la pregunta: “¿quién está de acuerdo con la violencia?”, los cientos de pobladores que acudieron al evento sostuvieron: “nadie, nadie”. De forma unánime, los pobladores levantaron la mano para concretar los acuerdos, junto al gobernador de la entidad.


Los empleados y funcionarios de la Blackfire no levantaron la mano. Y quienes la levantaron fue para decir “No” a la minería, no para cerrar acuerdos de un supuesto proceso de consulta como el gobierno lo pretende hacer creer en su boletín.

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El gobernador Juan Sabines también anunció que solicitará a especialistas a realizar los estudios necesarios para determinar las posibles afectaciones a la salud humana y al medio ambiente. “Vamos a convocar a la UNAM, al Instituto del Agua, a la Comisión Nacional del Agua y al Instituto Politécnico”, para estos trabajos, que es uno de los puntos acordados.

Existen ya muchos estudios e incluso experiencias sistematizadas de los efectos sociales, ambientales, culturales, etc., que acarrea la minería a cielo abierto. Ya sea de barita, de oro u otros minerales. No se requiere hacer nuevos estudios para verificar los efectos del mercurio, del cianuro y otros químicos sobre la salud y el medio ambiente. Tampoco de otros académicos que verifiquen si una vez molida la montaña se puede volver a reconstruir. De cualquier forma, esperamos que los “especialistas” no sean los que justifican y defienden que esta minería a cielo abierto es sustentable, los que justifican la privatización del agua, de las tierras y territorios, los que afirman que no existen impactos sociales como lo han hecho algunas universidades y centros de investigación para justificar la construcción de grandes presas a cambio de fuertes sumas de dinero al sector académico y sus instalaciones.

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“Por su parte, el secretario de Salud, James Gómez Montes, explicó a la asamblea que según resultados de investigaciones serias, la barita -un mineral arenoso-líquido-, no es un elemento de toxicidad en el ambiente ni el agua de Chicomuselo, a pesar de que existen minas de este producto. Explicó que este mineral es inofensivo para la salud humana, toda vez que se encuentra generalmente incluso en el agua que se consume en todo el mundo, en cantidades mínimas.

Aquí, en esta región de la sierra chiapaneca, las cantidades en el agua son incluso menores que en otros lados. Sólo en cantidades exageradamente grandes podría causar algún daño, explicó el secretario de Salud, para tranquilidad del pueblo de Chicomuselo. Además de usos industriales, en materiales como el caucho, la barita tiene utilidades médicas, ya que se inyecta a los pacientes a quienes se realizan estudios de ultrasonido y resonancias, como sustancia líquida de contraste, sin que ello signifique ningún tipo de riesgo a la salud”.

Poco ayuda que el Secretario de Salud afirme que como usamos el mercurio en un termómetro y no nos ha hecho daño, éste sea inocuo para la salud. Ya hablamos mucho sobre la barita, qué es y cuáles son sus efectos.4 La barita es sumamente soluble en el agua y en la región de las montañas de Chicomuselo lo que hay, es agua. Por otro lado, la minería a cielo abierto contradice totalmente los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU que el gobernador pretende cumplir ya que es insustentable ambientalmente.


OTROS ELEMENTOS DE UNA NUEVA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL

En el mismo mes de Septiembre de 2009 curiosamente la Oficina de Cooperación de la Unión Europea (EuropeAid) suspendió el financiamiento del Programa de Desarrollo Social Integrado y Sustentable (Prodesis) que se supuestamente se llevaba a cabo en la Selva Lacandona. Mucho tiempo les llevó entender lo que se refutaba del proyecto años atrás y que al final terminó en un derroche y desperdicio de fondos públicos para funcionarios del proyecto. Desde el 2004 se presupuestaron 31 millones de euros de los cuales 15 fueron aportados por EuropeAid y 16 por el gobierno de Chiapas. La Comisión Europea había estimado que el Prodesis beneficiaría a 155 mil personas establecidas en 833 comunidades en la "región selva de Chiapas". El proyecto planteó tres "objetivos generales": "reducir la pobreza", "disminuir la presión sobre los recursos naturales de la Selva Lacandona y mitigar los procesos de degradación medioambiental en la zona", y "reformular las políticas de desarrollo social" con la finalidad de hacerlas "más participativas y sustentables". Se constató el fracaso de todos estos objetivos.5 Lo que sí fue un rotundo éxito fue el mapeo social, político, geográfico y de recursos naturales que realizaron en toda la región.

Sin embargo, se pretende hacer una réplica de este proyecto con el nombre tentativo de “Picoso”" para el 2010 que podría ser en la región de Chicomuselo. Se avecinan así más divisiones, corrupción, presencia de otros actores políticos, extranjeros, funcionarios, nuevos “promotores” pagados por el proyecto; supuestos proyectos para mitigar los efectos de la explotación social y minera en una región política, cultural, económica, social y ambientalmente muy compleja.


A esta estrategia el gobierno anuncia otra más. En este mes de octubre anunció el Gobernador que cuatro ejidos más de Chicomuselo se suman a la reconversión productiva. Este programa significa persuadir a los campesinos e indígenas que no siembre maíz para comer, sino otros productos para la exportación. Entre las comunidades están Santa María, Pablo L. Sidar, Chicomuselo, Unión Buenavista y Nueva Morelia. El gobernador, contento porque ahora sembrarán mango, aguacate y limón que, además de vender los sembradíos como “reforestación” y luego como servicios ambientales, servirá para alimentar a la gente de otros países si llegan a obtener buenos precios por los productos. Otra plantación clave que impulsa el gobierno fuertemente en la región es la introducción de la jatropha (piñón) para alimentar la planta de Biocombustible en el estado. Ante esto, la minera canadiense Blackfire anuncia su proyecto de siembra de jatropha en las inmediaciones de sus propiedades mineras para no quedarse fuera del negocio. Y es que tanto la barita como el aceite de piñón se usan para la industria petrolera. La jatropha se usa para facilitar la extracción de crudo en los pozos petroleros y sirve como adelgazante del crudo para disminuir la presión lo que, según algunos científicos del ramo, aseguran que garantiza un 5% más la explotación del crudo.

La planta de biodisel en Chiapas, convenio entre México y Colombia, pretende venderse como fuente de empleos, impulsor de la reforestación y de proyectos sustentables ambientalmente como si lo fueran los monocultivos y las plantaciones de árboles, así como de energía limpia y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta planta, con la capacidad de procesar 20 mil litros diarios con la siembre de más de 10 mil hectáreas de piñón que ya se siembran en Chiapas, además de la palma, higuerilla y vegetal usado. Más de 57 millones de pesos se han invertido y se pretende que inicie sus operaciones en el 2009.

Por otro lado, para mantener contentos a los que protestan contra la minera Blackfire, el gobierno del estado repartió 35 mil plantas de café a los campesinos del ejido de Grecia donde está latente el conflicto con la trasnacional canadiense. Para ello los vehículos de Blackfire repartieron las plantas de café. En su visita a Chicomuselo también repartió 900 paquetes del programa llamado “Mano a Mano” donde el gobernador entregó machetes, coas, rastrillos, entre otras herramientas. Por si fuera poco anunció que va en un 75% de avanzada la construcción del vivero en el municipio que producirá un millón de plantas de árboles como caoba, cedro, primavera, entre otros.

La reconversión productiva no significa otra cosa más que terminar con la soberanía alimentaria, con las culturas, incorporar nuevas especies de plantaciones de monocultivos exóticos para el mercado del agro negocio, bañados de plantaciones verdes, de sustentabilidad, de energía limpia, de servicios ambientales, etc. Por ello el gobernador también afirmó que “el maíz de autoconsumo no deja beneficios económicos para las familias, si acaso sólo para el autoconsumo (¡!).

[2009, elektron 9 (256) 1-8, 19 oct 2010].



Juan Sabines, gobernador de Chiapas



Blackfire explota minerales en Chiapas, la población se opone


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