Agresión del Estado a la nación
Declaración del FTE de
México sobre el decreto federal para la ocupación policíaca
y militar de las instalaciones eléctricas de Luz y Fuerza del
Centro.
Agravio a la nación
La ocupación policíaca y militar
instrumentada por el Estado mexicano este 11 de octubre de 2009, con base en un
decreto presidencial para la extinción (desaparición) de Luz y
Fuerza del Centro (LFC) constituye un hecho político del gobierno de
Felipe Calderón que agravia a la nación.
La legalidad
constitucional en materia energética ha sido rota por el gobierno
federal, con la complacencia de legisladores y gobernadores. Desde 1992, se
aprobaron las reformas regresivas a la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica (LSPEE), instrumentadas por Carlos Salinas de
Gortari, en el marco de lo dispuesto por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Norteamérica en el Capítulo VI. Energía y
Petroquímica Básica, especialmente el Anexo 602.3.
Los
sucesivos gobiernos en turno han basado su política en la
legislación energética secundaria violatoria de los
artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
Desde 1992 a la fecha, el
gobierno federal ha seguido acciones unilaterales tendientes a la
desnacionalización eléctrica conquistada en 1960, promoviendo un
proceso de privatización eléctrica furtiva, mediante la
transferencia a las corporaciones transnacionales de las funciones
constitucionales estratégicas y la propiedad privada de la nueva
infraestructura industrial.
La industria eléctrica es de todos
Al 31 de julio de 2009, la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) había entregado 772
permisos a los particulares para la generación eléctrica, hecho
prohibido por la Constitución. Esto significa que el 49.4% de la
generación eléctrica total a nivel nacional está ya en
manos de más de 300 transnacionales y sus filiales en todo el
país.
Este proceso de privatización eléctrica
furtiva desbocada está en el fondo del actual conflicto eléctrico
en el Valle de México. La nacionalización eléctrica
planteó la integración de la industria eléctrica
nacionalizada, interrumpida violentamente por el Estado en 1976, con la
represión político-militar a la Tendencia Democrática del
SUTERM en el contexto de la Huelga Eléctrica Nacional.
Lejos de
haber culminado la nacionalización, desde 1992 se ha venido ampliando la
fragmentación del proceso de trabajo eléctrico, especialmente en
generación eléctrica. Hoy, en las modalidades de falso
autoabastecimiento, cogeneración, producción privada
independiente, pequeña producción, importación y
exportación de energía eléctrica, las corporaciones
transnacionales han invadido al territorio nacional.
Este proceso fue
reforzado en 2008 con la aprobación por todos los partidos
políticos de la mayor contra-reforma energética después de
1938 y 1960. Las reformas a la legislación secundaria se aprobaron para
ajustar la inconstitucionalidad al TLC. El capital privado, además de
poseer una alta proporción de la generación eléctrica, hace
uso para sus fines de las redes nacionales de transmisión y
distribución eléctrica y plantea apoderarse de tales redes
impulsando una nueva generación de inconstitucionales
contra-reformas.
En este escenario, hace tiempo que las corporaciones han
intentado apoderarse también de la distribución eléctrica,
especialmente en el valle de México. Fraccionar la distribución en
la región central del país es el objetivo subyacente en el
reciente decreto de Calderón.
El gobierno federal omite
deliberadamente que la industria eléctrica nacionalizada es de la
nación, no es del Estado y menos del gobierno.
Atropello al sindicato
La acción de fuerza del Estado en Luz y Fuerza
altera más la legalidad constitucional. Se trata de una seria
agresión a la organización de los electricistas agrupados en el
Sindicato Mexicano de Electricistas. Fueron precisamente los electricistas, del
interior y capital del país, los autores de la nacionalización.
Son los electricistas los constructores de la industria de todos los mexicanos.
La violenta agresión del Estado mexicano agravia a todos los trabajadores
mexicanos.
Afectación a los trabajadores
En la región central del país,
está subsistente la materia de trabajo de la cual son titulares los
electricistas del SME. El desalojo de sus centros de trabajo es ilegal, una
medida de fuerza sin sustento legal, ni político ni industrial. La
pospuesta integración de la industria eléctrica debe culminar con
la intervención directa de los directamente involucrados. Esta
acción debe reanudarse sobre la base del reingreso de todos los
electricistas a sus centros de trabajo con plenitud de los derechos legales y
contractuales vigentes.
Llamado a la solidaridad
El FTE de México expresa su solidaridad con los
electricistas del SME y llama a todos los mexicanos, a las organizaciones
sindicales y sociales nacionales e internacionales a manifestar su apoyo
decidido con los trabajadores y pueblo de México en defensa de sus
recursos naturales energéticos e industria eléctrica
nacionalizada.
[2009, elektron 9 (244) 1, 13 oct
2009].
* Conferencia de prensa realizada en Toluca,
Edomex.
Frente de
Trabajadores de la
Energía,
de
México
Comisión de Energia
