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Volumen 8, Número 117, diciembre 4 de 2008 www.wftucentral.org
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Este 2008, en México, la mayoría de los legisladores aprobaron la mayor contra-reforma energética desde 1938. En aquella ocasión, los trabajadores y pueblo mexicano rescataron para la nación el domino sobre sus hidrocarburos. Otro tanto ocurrió en 1960 con la nacionalización eléctrica. Hoy, sin embargo, el sector energético está sujeto a una seria desnacionalización.

La legalidad constitucional está rota. No existe más el Estado de derecho pues los gobiernos en turno lo han transformado en un Estado del mercado. La política energética oficial no se basa en lo dispuesto por la Constitución, que constituye el pacto político de la nación, sino en la legislación secundaria inconstitucional.

La reforma energética que aprobaron los partidos políticos, en las Cámaras de Senadores y de Diputados, es un agravio a la nación mexicana viviente. La opinión mayoritaria de la población fue ignorada. Todos los partidos políticos propusieron iniciativas privatizadoras.

La privatización se expresa en la transferencia de las funciones constitucionales estratégicas a las corporaciones imperialistas, organismos especializados en proporcionar servicios múltiples mediante redes internacionales del capital privado.

La reciente reforma otorga facultades a la secretaría de energía para promover la participación privada en las actividades estratégicas del sector petrolero, del gas, de la petroquímica, de la energía eléctrica y de todas las fuentes, renovables y no renovables, de energía.

El mecanismo a seguir es el otorgamiento de concesiones, contratos y permisos a los particulares, a través de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. A la primera, además de las actuales facultades en materia de gas natural y generación eléctrica, se le adicionaron facultades para regular la distribución y transporte por medio de ductos de productos petrolíferos, petroquímicos y agrocombustibles, así como, su almacenamiento. La segunda, se encargará de regular los contratos para la exploración y producción de hidrocarburos, tanto en tierra firme como en las aguas del Golfo de México.

La privatización de Pemex será a través del otorgamiento a las transnacionales de contratos de obras y servicios, de toda clase, incluyendo la exploración y producción de hidrocarburos. Pemex, de acuerdo a lo indicado por la Ley Reglamentaria en el Ramo del Petróleo, podrá otorgar tales contratos, mediante un régimen especial, sin requerir la autorización del Consejo de Administración. Este, incorporará a cuatro consejeros “independientes” para decidir, junto con las burocracias estatal y sindical y con plena “autonomía de gestión”, las decisiones fundamentales de la industria petrolera de los mexicanos. El Consejo podrá decidir, también, la creación de subsidiarias, filiales y sociedades mercantiles. Además, Pemex se sujetará al derecho extranjero con la obligación de acudir ante tribunales internacionales en caso de controversias.

Todos estos hechos son inconstitucionales y representan una traición a la nación. Para los mexicanos en lucha se inicia una nueva etapa que, en opinión del FTE de México, debemos orientarla hacia la Re-nacionalización de México, especialmente en materia energética. Este es un proceso que requiere de organización, conciencia, solidaridad y alegría.

Para realizar un análisis crítico de la reforma energética neoliberal realizamos el XI Foro de Energía, el 4 de diciembre de 2008, a partir de las 16:30 hs., en el Centro Cultural Miguel Sabido, calle Basilio Badillo No. 4, Alameda Central, Centro Histórico de la Ciudad de México.


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