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Volumen 8, Número 116, noviembre 30 de 2008 www.wftucentral.org
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Foro en Ocoyoacac



En la Casa de los Amigos de Ocoyoacac, con una numerosa asistencia de jóvenes, hombres y mujeres de la comunidad, se realizó un Foro para analizar los resultados de la reforma energética aprobada recientemente por el poder legislativo. La reforma significa la privatización total, se comentó. También se dijo que debemos organizarnos, concientizarnos y consolidar al Consejo Popular de Ocoyaocac para defender el patrimonio colectivo de todos los mexicanos.


Reforma energética privatizadora

Organizado por la Alianza Popular de Ocoyoacac, el 15 de noviembre de 2008, el evento fue iniciado por el químico Arturo Rivera (FTE) quien señaló que los legisladores que recientemente aprobaron una reforma energética privatizadora deben ser sometidos a juicio político por traición a la patria. Asimismo, refrendó el compromiso del Frente de seguir luchando para que los recursos energéticos sean re-nacionalizados.

Arturo señaló que, con la reforma energética, se entregarían contratos a las transnacionales para la exploración y explotación de los hidrocarburos, hecho prohibido por la Constitución. No únicamente, pues la reforma contempla privatizar todas las fuentes de energía, actuales y futuras, contrariamente a lo dispuesto constitucionalmente. Llamó a organizarnos para estar en capacidad de poder defender los recursos naturales que son propiedad de la nación.

Privatización energética generalizada

Después, el doctor Bahena explicó los términos de la reforma energética aprobada por los legisladores en octubre anterior. Contrariamente a lo expresado por los políticos y “expertos”, la situación es muy desfavorable para la nación. No es cierto que se haya impedido la privatización, al contrario, se amplió y generalizó.

En primera instancia, la privatización furtiva en marcha se avaló para que continúe impunemente. En materia eléctrica y petrolera, esa privatización fue acordada en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con América del Norte. En esa ocasión, la Constitución fue modificada unilateral y regresivamente.

Actualmente, el artículo 27 constitucional indica en el párrafo sexto del mismo que corresponde a la nación la generación, transmisión, distribución y comercialización que tenga por objeto la prestación del servicio público. Eso implica, consecuencia de la nacionalización eléctrica, que todas las fases del proceso de trabajo deben ser llevadas a cabo por el Estado mexicano de manera exclusiva. Esto es así porque se trata de funciones “estratégicas”, según se indica en el párrafo cuarto del artículo 27 constitucional.

Sin embargo, en el Anexo 602.3 del TLC se introdujo un “párrafo 5” que NO EXISTE en la Constitución. En ese párrafo se “acordó” que la generación eléctrica, producida mediante figuras jurídicas inventadas, tales como, autoabastecimiento, cogeneración, producción privada independiente, importación y exportación NO constituyen servicio público.

Con esa tramposa definición, a la fecha se ha privatizado el 48.3% de la generación eléctrica total a nivel nacional, con base en las reformas de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).

Esto no les dijo nada a los legisladores y “expertos” quienes en todas las iniciativas apoyaron a la privatización en marcha y terminaron aprobando la reforma energética que permite continuar con esa situación. Peor aún, al extendieron a todas las fuentes de energía, tanto renovables como no renovables. Entre las primeras, incluyeron al agua, la geotermia, el viento, las mareas, el Sol e, incluso, los agrocombustibles.

Todas las acciones para la privatización las instrumenta la Comisión Reguladora de Energía (CRE), misma que fue fortalecida por los legisladores y, ahora, se encargará de “regular” la generación eléctrica, la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, la distribución y transporte de gas LP por medio de ductos, así como, la distribución y transporte de productos petrolíferos, petroquímicos y agrocombustible por medio de ductos, y su almacenamiento.

La CRE privatiza al sector energético otorgando permisos privados a los particulares, hecho prohibido por la Constitución. Con la reforma, los partidos políticos ampliaron las facultades de la CRE, la que decide de manera autónoma la entrega al extranjero de las funciones constitucionales extranjeras. En materia eléctrica se han entregado ya 736 permisos y 200 en el caso del gas natural y gas LP.

Entrega de funciones constitucionales

En materia petrolera, la contra- reforma aprobada es antinacional por inconstitucional y privatizadora. No se acordó vender activos de Pemex sino algo peor, es decir, ceder las funciones constitucionales estratégicas a las transnacionales por la vía de otorgarles toda clase de contratos de obras y servicios, especialmente para la exploración y extracción de petróleo crudo y gas. Al respecto, los legisladores hablaron de haber interpuesto “candados” o restricciones, sin embargo, en ningún momento objetaron el otorgamiento de contratos, mismos que están expresamente prohibidos por la Constitución.

Además, ratificaron al TLC en materia de petroquímica y gas natural, mediante la definición de una industria petrolera y fragmentada, como había sido acordada por las reformas de 1995 a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP).

L desintegración de la paraestatal fue avalada al acordar que el Consejo de Administración de la misma decida la creación de subsidiarias, filiales y sociedades mercantiles. No nadamás, con el otorgamiento de autonomía de gestión y presupuestaria, el Consejo podrá decidir la emisión de fraudulentos bonos, el endeudamiento de la empresa a discreción y el nuevo régimen para la contratación. Adicionalmente, la nueva ley de Pemex establece la obligación de someterse al derecho extranjero y a la jurisdicción de tribunales internacionales en caso de controversias.

Con estas medidas, los legisladores comprometieron el futuro de los recursos de hidrocarburos, especialmente en las aguas del Golfo de México, incluyendo a las estructuras transfronterizas que se comparten con México, Cuba, Belice y Guatemala.

Para avalar los contratos con las transnacionales fue creada la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), encargada de “regular” la exploración y explotación de los hidrocarburos. Esta comisión mantendrá la información en términos de confidencialidad, de manera que, cinco burócratas menores decidirán sobre el patrimonio energético de la nación.

Seguir la vía política

Luego de las presentaciones, los asistentes hicieron varias preguntas e intervenciones. Un joven abogado dijo que la reforma aprobada representa la privatización total y sugirió explorar la vía jurídica para defender las disposiciones constitucionales anulando las leyes secundarias. Tal vez podría interponerse un recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, se contestó que ese podría ser un mecanismo, el problema es que no se cubren los requisitos ya que se necesitaría un tercio de legisladores que no se alcanza porque la mayoría votó a favor de la contra-reforma.

Un compañero de Coapanoaya expresó que las leyes reglamentarias están haciendo a un lado a la Constitución al contravenirla y preguntó: ¿Ya no se puede hacer nada?

Se le dijo que no estamos perdidos, hay todavía mucho que hacer. Pero, el asunto, más que jurídico es político. En el primer caso, se trata de la ruptura legislativa de la legalidad constitucional, las leyes secundarias aprobadas son ilegales. Sin embargo, al Estado, gobierno, partidos políticos y legisladores no les importa la ley. El problema político es mayor porque, al seguir la ilegalidad, se está rompiendo el pacto político de la nación expresado en la Constitución. Precisamente, por ello, se debe seguir una vía política.

Una compañera, ama de casa, preguntó ¿cómo unir al movimiento social? Y ¿qué debemos hacer como ciudadanos? Luego, comentó que desde la conquista española no hemos sido realmente libres, porque hay hambre y miseria y el poder lo tienen unos cuantos que “ya nos tomaron la medida”. Dicen que hay democracia pero el pueblo no la tiene y la patria, empezando por la tierra, se sigue entregando al extranjero.

Invitó a conocer nuestras raíces y cultura y defenderla porque vender la patria nos afecta a todos. Se refirió a la crítica situación actual y dijo que “las mujeres vamos a sufrir más” mientras los políticos negocian conformándose con migajas. “Hay que ponernos las pilas”, agregó, porque nos hemos vuelto egoístas e individualistas, y debemos enfrentar una situación difícil.

Organizarnos como mexicanos

Un compañero dijo que un problema serio es el de las aguas profundas en el Golfo de México y preguntó: ¿Porqué Pemex no ha trabajado al respecto? Señaló que los políticos toman decisiones irresponsables. En respuesta se le indicó que Pemex ha dejado da hacer, deliberadamente, muchas de sus funciones constitucionales en correspondencia con una política petrolera antinacional.

En el caso de la exploración, no hay quién la haga porque el gobierno deshizo a los grupos, tanto en Pemex como en el IMP; la ingeniería fue destruida; y, la investigación científica reducida a su mínima expresión. El objetivo ha sido deteriorar a la industria nacionalizada para privatizarla. Durante años, Pemex e IMP estaban a la vanguardia pero ahora es a la inversa. Mientras, se ha fortalecido al contratismo y, con la reforma energética, se trata de favorecer la entrada de transnacionales que, sea en tierra o en el mar, traerán su propia tecnología, equipos y hasta personal, sin que aporten nada al desarrollo nacional. Al contrario, se llevarán los datos, la experiencia, el conocimiento y la riqueza de la nación.

Para finalizar, Martín Sierra, llamó en consolidar al Consejo Popular de Ocoyoacac para concienciar a las comunidades de la región sobre la importancia de defender a los recursos naturales. Organizarnos independientemente “de colores y creencias”, dijo. Lo que importa es defender el derecho y el patrimonio colectivo como mexicanos. El Foro concluyó en medio de un intenso frío pero la discusión continuó con un rico atole y unos buenos tamales. (b304, 16 nov 2008).



El pueblo de Ocoyoacac defiende los recursos naturales de la nación


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