Organización obrera afiliada a la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

B1- Contrarreforma energética

El PRD, Convergencia y AMLO hablaron de “logros” obtenidos e, incluso, sugirieron que “ganamos”. Sin embargo, los retrocesos son mucho mayores. Se “conjuró la privatización” según un “experto” que declaró en nombre de los demás. Pero, no hay tal. Lo que aprobaron los senadores y diputados es la privatización energética furtiva de los hidrocarburos, energía eléctrica y todas las fuentes renovables y no renovables de energía. Seis de los siete dictámenes indican que éstos son inconstitucionales y privatizadores; son, por tanto, ilegales.

Los “logros” según González Garza

“Detuvimos el descomunal despojo a la nación”, dijo el diputado Javier González Garza (PRD) el 28 de octubre, al intervenir en la sesión en que la Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de decreto que le había enviado el Senado. ¿Cuál despojo se detuvo?

Según González, “presentamos una iniciativa alternativa en la cual participaron destacados intelectuales y expertos en energía (sic). Propusimos la autonomía de Petróleos Mexicanos; eliminar los Pidiregas y usar el superávit de la paraestatal para inversión, además de la construcción de una nueva refinería; añejas propuestas del PRD en las que ahora nos han dado la razón”.

Es cierto que el Frente Amplio Progresista (FAP) presentó una iniciativa energética pero, eso, no es un triunfo. No se trataba solamente de presentar una iniciativa sino de impedir la privatización. ¿Lo hizo la iniciativa del FAP? No, porque apoyó muchas de las propuestas del PAN y del PRI que, a la postre, fueron aprobadas.

Por ejemplo, el FAP propuso la “autonomía” de Pemex, misma que fue una propuesta inicial del PAN y del PRI. El FAP propuso eliminar los Pidiregas pero éstos fueron asumidos, solo parcialmente, como deuda pública. El FAP, propuso usar el superávit de la paraestatal para la construcción de una refinería. Luego que el PRD negoció con Calderón, éste declaró que se construirá una refinería utilizando 12 mil millones del Fondo de Estabilización Petrolera. Pero esas declaraciones no han sido acompañadas con acciones. Además, todo indica que Pemex transferirá los recursos al sector privado porque, en ningún momento, se ha hablado de que la paraestatal hará el diseño y construcción de esa refinería mediante administración directa.

”Nos han dado la razón” reiteró González, y agregó que, “No sólo evitamos el clásico albazo, sino que impedimos una legislación lesiva a los intereses del país”.

Más aún, el diputado perredista expresó que “como partido tuvimos grandes logros (sic). El más importante, sin duda, fue eliminar los elementos más privatizadores de las iniciativas del Ejecutivo; además, conseguimos que se diera a Pemex autonomía técnica (sic), presupuestal y de gestión”. ¿Cuáles “elementos más privatizadores” fueron eliminados? González no precisó. Pero, aún suponiendo que se “eliminó” lo más privatizador, eso no implica que se haya “eliminado” la privatización, al contrario, se amplió.

“Respecto al gobierno interno de Pemex aceptamos la incorporación de cuatro nuevos consejeros profesionales, pero a diferencia de los que proponían ellos, logramos que dichos consejeros fueran ratificados por el Senado y estuvieran sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

El gobierno corporativo, con la incorporación de cuatro consejeros independientes, fue una de las propuestas centrales de Calderón, el PAN y el PRI. Eso, no se eliminó. Qué el nombramiento sea ratificado por el Senado, a González le parece un logro, siendo que lo importante es que NO hubieran ingresado esos consejeros al Consejo de Administración.

“Se aceptó la flexibilización de las normas para las adquisiciones y obra pública por parte de Pemex, pero combinado con mayor vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, ampliando las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación”, dijo González.

Esas “normas” son los CONTRATOS que el FAP propuso en su propia iniciativa. Ese es el aspecto crucial de la privatización de Pemex y, ese, NO es un logro.

“Otro gran tema fue la regulación. Con toda profundidad y detalle del alcance de los contratos que puede firmar Pemex, a diferencia de los contratos de riesgo que pretendían, cuyo fin privatizador apenas estaba encubierto”.

Precisamente, la “regulación” es el mecanismo propuesto por los organismos financieros del imperialismo para PRIVATIZAR. En la reforma aprobada, tal “regulación” se aplicará a los hidrocarburos, a la energía eléctrica y a TODAS las fuentes alternas, renovables y no renovables. Ese NO es un logro.

“Conseguimos que todo contrato será pagado en efectivo, sin comprometer de ninguna forma, no sólo el control de la propiedad de los hidrocarburos, sino el uso de la renta petrolera la cual quedó plenamente protegida como propiedad exclusiva de la nación”.

González se refirió a los “candados” pero en ningún momento a la prohibición constitucional para otorgar contratos a los particulares, sobre todo en exploración y producción de hidrocarburos, mismos que están considerados en los dictámenes aprobados. Eso es lo querían el PAN y el PRI. ¿Dónde está el logro?

Convergencia repite al PRD

Para el diputado Cuauhtémoc Velasco (Convergencia) “evidentemente se ganó”. ¿Cómo fue eso? “Se derrotó la pretensión de aplicar contratos de riesgo. En torno a la autonomía presupuestal, se echó abajo la intención de que la Secretaría de Hacienda continuara aprobando inversiones y modificaciones al presupuesto de Pemex. Nos opusimos a que Pemex se sujetara a tribunales internacionales y logramos (sic), que no fuera así”, según el diputado.

“Se logró que la Auditoría Superior de la Federación vigilara en todo momento los procesos de licitación; y que los contratos que suscriba Pemex sean del conocimiento y acceso públicos”.

“Otra propuesta del Frente Amplio fue que los Pidiregas se hayan convertido en deuda pública para que la paraestatal disponga de mayores recursos para proyectos de infraestructura”.

Es decir, Velasco solo repite lo dicho por González Garza y la mayoría de legisladores del PRD y de Convergencia.

Las coincidencias entre legisladores

La llamada “iniciativa ciudadana”, elaborada por supuestos expertos, fue la base que tomaron los legisladores del PRD para negociar con el PAN y el PRI. Esta iniciativa aproximó las “coincidencias” entre los partidos políticos.

La propuesta del FAP jamás objetó las reformas al artículo 33 de la Ley de la Administración Pública Federal, relativas a las atribuciones privatizadoras de la secretaría de energía (Sener). Tampoco objetó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que terminó saliendo fortalecida siendo el instrumento para concretar la privatización.

El FAP criticó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en el dictamen parcial contra la iniciativa del PRI, pero no propuso nada al respecto.

Acerca de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP), el FAP dio por aceptadas las definiciones del Tratado de Libre Comercia (TLC) con Norteamérica respecto al capítulo sobre “Energía y petroquímica básica”. Se aceptó así, a una industria petrolera basada en un proceso de trabajo con los hidrocarburos, parcial y fragmentado, definido “legislativamente”.

Específicamente, se ratificaron las reformas regresivas de 1995 a esa ley, dando por aceptada la privatización de la petroquímica “secundaria” y lo relativo a la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural. También se acepto que se sigan otorgando permisos privados a los particulares. Con ello, se avaló a la privatización energética furtiva

Un aspecto central fue la “prudencia”, según dijeron los expertos, para que se otorguen contratos a los particulares en las actividades petroleras. Eso es inconstitucional, pero el FAP lo propuso, igual que el PAN y el PRI. Otro aspecto central de la propuesta del FAP fue el otorgamiento de “autonomía” para Pemex, también propuesta por el PRI y el PAN.

Con relación a la Ley de Pemex, el FAP propuso abrogar la anterior pero, en la nueva, mantuvo la esencia privatizadora basada en el otorgamiento de contratos. La incorporación de conejeros independientes fue sustituida por la denominación de “ciudadanos” pero nadamás. El FAP también propuso la emisión de bonos ciudadanos, como el PAN y el PRI.

Un aspecto en el cual puso énfasis el FAP fue la prohibición de que Pemex acudiera a tribunales extranjeros, rechazada parcialmente en una ley pero aprobada en otra.

Acto seguido a la presentación de la propuesta, todo quedó en manos de los senadores del PRD, supuestamente, asistidos por un grupo reducido de “expertos”.

Con esas propuestas, los “expertos” del FAP “asesoraron” muy bien a Graco Ramírez, Pablo Gómez y Arturo Núñez, quienes lograron importantes “coincidencias” con Labastida (PRI) y Camarillo (PAN). Es decir, los “expertos” acercaron a los senadores perredistas a la negociación. Tal vez, esa no fue su intención pero les facilitaron el trabajo a esos legisladores. De allí las coincidencias parlamentarias logradas.

Algunos voceros oficiosos de AMLO dijeron que “casi todas las propuestas del FAP fueron acogidas por panistas y priístas”. Claro, esas propuestas del FAP eran las mismas que el PAN y el PRI habían propuesto inicialmente.

El descuerdo tardío y parcial de AMLO

Tres días antes de que los senadores votaran los dictámenes de la reforma energética, el 20 de octubre, las cúpulas del FAP y del PRD, estaban en la línea de “ganamos”. El propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaba de acuerdo.

En 21 de octubre, Rolando Cordera, “experto” del FAP declaró que había sido “conjurada la privatización”. El comité asesor del FAP (Cordera, Tello, Navarrete, Jiménez Espriú) declaró que el dictamen del Senado “puede respaldarse plenamente”. Fluvio Ruiz expresó que con lo aprobado se “ha obtenido un gran triunfo”. AMLO dijo en el Hemiciclo que los dictámenes de la reforma energética “cierran la puerta” a la intención de Calderón “de privatizar áreas estratégicas y crear filiales de Pemex, pero quedan pendientes asuntos “no aclarados o ambiguos, que merecen un análisis riguroso antes de decidir si se activa la resistencia civil pacífica”.

Durante el proceso de dictaminación, se conoció de los “avances” y “coincidencias”. AMLO, en ningún momento, dijo nada. Más aún, había aprobado “sin quitarle ni una coma” la iniciativa energética de los expertos. En el mismo “cuarto de al lado”, estuvieron los “expertos” Cordera, Navarrete, Di Constanzo y Sheinbaum. Seguramente, AMLO estuvo informado oportunamente. Sin embargo, continúo dejando la iniciativa en manos de los senadores del PRD y de Cordera, que no es ningún experto.

En la proximidad de la aprobación de los dictámenes, AMLO se inconformó. Dijo que había “rendijas” a la privatización. Propuso, entonces, que se incorporaran 12 (sic) palabras en los dictámenes: “No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas”.

Eso es correcto. Sin embargo, AMLO jamás objetó el otorgamiento inconstitucional de contratos sino, solamente, la inexistencia de un “candado” más que no propuso antes.

A ese momento, el proceso estaba muy avanzado y prácticamente consumado. Pero hubo un antecedente grave que señalamos oportunamente. Cuando se presentaron las preguntas para la consulta ciudadana, los “expertos” las formularon MAL. En la primera de éstas, se EXCLUYO la participación privada en la EXPLORACION de hidrocarburos. Esa vez, Marcelo Ebrard aprobó, aparentemente sin ver, el texto de esa pregunta. AMLO hizo lo mismo.

Después, el 25 de octubre, ya aprobados los dictámenes en el senado, AMLO publicó una carta, basada en la información publicada un día antes por el periódico Reforma donde se indica que los abogados de las transnacionales en México esperan que, en el Reglamento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), porque ésta “decidirá sobre la asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos”.

El tiempo había transcurrido, el 28 de octubre, los diputados aprobaron en sus términos la minuta con proyecto de decreto que les había enviado el Senado.

Otra vez, con deshigiene política, sin leer y sin ver, los diputados votaron por consigna agraviando a la nación.

Evidentes retrocesos

a) Quedaron las propuestas del PAN y del PRI

Las reformas energéticas aprobadas a la legislación secundaria sí son “lesivas” a la nación, contrariamente a lo que dice González Garza. ¿Por qué? Porque seis de los siete dictámenes son privatizadores y contravienen a los párrafos cuartos y sexto del artículo 27, y cuarto de los artículos 28 y 25 constitucionales.

¿Cuáles serían los “elementos más privatizadores” que, según González, se evitaron?

Uno, la propuesta del PAN para ceder al sector privado la “refinación” del petróleo crudo, así como, el transporte, distribución de productos petrolíferos y petroquímicos por medio de ductos, y su almacenamiento, así como, la distribución y transporte de agrocombustibles por medio de ductos, y su almacenamiento.

EL PAN declaró que estos “elementos” los retiraba. Pero no fue así. Salvo la refinación, todo lo demás QUEDÓ en los dictámenes. Las comisiones del senado solamente cambiaron de lugar el texto y lo pasaron de la ley reglamentaria a la ley de la CRE. Esta comisión se encargará de regular, mediante el otorgamiento de permisos privados a los particulares, todas las restantes propuestas originales de la iniciativa de Calderón y el PAN.

El otro “elemento” privatizador era la propuesta del PRI para crear filiales de Pemex. El PRI anunció que, al no tener consenso, retiraba esa propuesta. Pero NO fue así. Exactamente, la misma propuesta, aparece en el dictamen aprobado de la Ley de Pemex. El Consejo de Administración de la paraestatal tendrá facultades para crear subsidiarias, filiales y sociedades mercantiles. La propuesta no solo se mantuvo sino que se amplió.

Una de las cuestiones que el FAP criticó fuertemente fue la prohibición de que Pemex pudiera acudir a la jurisdicción de tribunales extranjeros. Esto se acepto, parcialmente, en la ley reglamentaria pero NO en la ley de Pemex, donde aparece explícitamente que Pemex SÍ podrá acudir a esos tribunales. Hay una evidente contradicción que los legisladores ni siquiera advirtieron por no leer nada de lo que aprobaron.

Que Pemex acuda al derecho extranjero no es algo nuevo pero, ahora, eso quedó “legalizado”.

b) Coincidencias privatizadoras

La primera “coincidencia” fue otorgar “autonomía de gestión y presupuestal” a Pemex. Si el PRD dice que fue un logro, lo mismo podrían decir el PAN y el PRI que hicieron antes la propuesta.

Si para el PRD, establecer un gobierno corporativo con la incorporación de consejeros “profesionales”, ratificados por el Senado, es un logro; lo mismo podría decir el PRI que hizo esa propuesta con anterioridad.

El PRD le llama logros a los “candados” interpuestos a los contratos que podrá otorgar Pemex. Pero, de ninguna manera, cuestiona la inconstitucionalidad de los contratos, que no se refieren a cualesquiera contratos de obras y servicios, sino que, incluyen la exploración y explotación de hidrocarburos, tanto en tierra firme como en el mar.

Para el PRI y el PAN, ceder ante los candados no es lo más importante, lo fundamental de sus propuestas era otorgar contratos y permisos privados, prohibidos constitucionalmente, en materia energética. Eso quedó en los dictámenes.

No son los únicos elementos privatizadores pero, en los demás, las coincidencias fueron explícita y deliberadamente formuladas y aceptadas por todos los partidos, incluidos los “expertos”, “intelectuales” y “negociadores” del FAP.

c) Inconstitucionalidad manifiesta

1- Las reformas al artículo 33 de la LOAPF le otorgan a la Sener facultades inconstitucionales, tales como, “promover la participación de los particulares en las actividades del sector (energético)”, “otorgar ... permisos y autorizaciones en materia energética”, “otorgar ... asignaciones para la exploración y asignación de hidrocarburos” y “regular ... las fuentes de energía alternas a los hidrocarburos”. Estas disposiciones contradicen a la Constitución.

2- La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es inconstitucional. El objeto de ésta es “regular la explotación y extracción” de hidrocarburos, “el otorgamiento de permisos para la exploración y explotación” de los mismos y la “asignación de áreas para fines de exploración y explotación petrolífera”, así como, el registro petrolero que incluye “los convenios, contratos y actos jurídicos” y la “asignación de áreas”, cuyo “registro de contratos” será mantenido en “confidencialidad” y “reserva de la información” por esta comisión.

3- La CRE es un organismo regulador inconstitucional y lesivo al interés de la nación. Mediante el otorgamiento de permisos privados de generación, ésta comisión ya desnacionalizó a la industria eléctrica, así como, importante fases de la industria petrolera relacionadas con el gas natural. Ahora, hará otro tanto con “el transporte y distribución ... de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, que se realicen por medio de ductos, así como los sistemas de almacenamiento”, y “el transporte y distribución de bioenergéticos que se realice por ductos, así como el almacenamiento de los mismos, terminales de importación o distribución de dichos productos”.

4- La LRRP es inconstitucional porque contradice a la Constitución, está basada en lo dispuesto por el TLC y reafirma las contrarreformas de 1995. Esta ley define a un proceso de trabajo parcial y fragmentado, permitiendo la privatización de diversas fases relacionadas con la petroquímica, el gas natural y el gas LP. También, permite el otorgamiento de contratos de obras y servicios, especialmente, en materia de exploración y producción de hidrocarburos. Esto incluye a los bloques de la cuenca de Burgos para la producción de gas seco, “legalizando” a los actuales Contratos de Servicios Múltiples (CSM). También serán legalizados los Contratos de Servicios Integrales (CSI) referidos a la perforación de pozos petroleros. Asimismo, se autorizarán las áreas y bloques ya identificados en el Golfo de México para su exploración y explotación.

5- La Ley de Pemex es inconstitucional porque está basada en una ley reglamentaria, asimismo inconstitucional. La nueva ley le otorga a Pemex “autonomía de gestión y presupuestal” desnaturalizando a la paraestatal. El gobierno corporativo tendría la facultad de crear subsidiarias, filiales y sociedades mercantiles, desintegrando a la industria petrolera. Pemex podrá endeudarse a discreción y acudir el mercado externo de dinero y de capitales para contratar financiamientos externos. También podrá emitir bonos ciudadanos puestos en manos de especuladores y podrá otorgar todo tipo de contratos de obras y servicios, incluyendo, los referidos a la exploración y producción de hidrocarburos. Asimismo, “podrá convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales internacionales en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales”.

6- La ley para el aprovechamiento de energías renovables es inconstitucional y privatizadora porque se basa en las reformas regresivas de 1992 a la LSPEE, otorgándole atribuciones a la CRE para que amplíe la actual privatización eléctrica furtiva, extendida a todas las fuentes de energía, renovables y no renovables.

Comentarios del FTE

Los diputados aprobaron una gran contrarreforma energética. Todos los dictámenes se refieren a la legislación secundaria y contravienen a la Constitución. Son, por tanto, inconstitucionales ya que autorizan la privatización furtiva de los hidrocarburos, la energía eléctrica y todas las fuentes renovables y no renovables de energía.

La mayoría de los senadores y diputados, apoyados por la Policía Federal Preventiva, atropellaron la legalidad constitucional en materia energética. El Estado mexicano se basa en una legalidad esquizofrénica, consistente en aplicar la legislación secundaria que contraviene a la Constitución, a la que asegura respetar, pues no ha sido modificada pero sí ignorada.

Lo grave es que todos los partidos representados en el Parlamento terminaron por aceptar la violación constitucional. Esta reside en la aprobación, en la ley reglamentaria petrolera y en la ley de Pemex, del otorgamiento de contratos, concesiones y permisos privados a los particulares para realizar las funciones estratégicas que corresponde realizar al Estado de manera exclusiva.

Este acuerdo implica directamente a la privatización, no solo petrolera, sino energética referida a la energía eléctrica y a todas las fuentes alternas a los hidrocarburos, incluyendo las fuentes renovables de energía, con base en leyes inconstitucionales.

Se trata de una privatización real. Esta no implica la convencional venta de activos sino algo peor, es decir, la transferencia al capital privado nacional y extranjero de las funciones constitucionales que debe realizar Pemex por “administración directa”. Otorgadas las funciones, es evidente que la nueva infraestructura física industrial será privada. Los “candados” interpuestos serán ineficaces y flexibles porque no atienden el fondo del asunto.

Más aún, con base en la “confidencialidad” y la facultad de Pemex para otorgar los contratos a discreción, sin siquiera la aprobación del Consejo de Administración, la paraestatal se convertirá en una empresa otorgadora de contratos sin que la nación mexicana sea informada.

La asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, que tardíamente denunció AMLO, no es algo nuevo, ya ocurre con los Contratos de Servicios Múltiples, y los Integrales, para explotar el gas seco y perforar pozos petroleros, respectivamente . Durante el Debate Popular contra la Reforma Energética Neoliberal, promovido por el FTE de México, denunciamos oportunamente la situación. Más aún, mostramos un mapa con las 181 áreas y 239 bloques identificados por Pemex en el Golfo de México. Este mapa fue presentado, en 2006, por el equipo de transición de Calderón, encabezado por Mouriño, en Houston, Texas.

También dijimos, oportunamente, que la ciudadanía había sido engañada, al llamarla a votar en la consulta popular del 27 de julio por preguntas mal formuladas, especialmente, la que excluyó el rechazo a la participación privada en la exploración de hidrocarburos.

Más aún, haber confiado ciegamente en los “expertos” que presentaron una iniciativa “tablas” para el PAN y el PRI, basada en las negociaciones de cúpula con los diversos sectores del PRD, y haber dejado la negociación en manos de legisladores perredistas proclives a los acuerdos facciosos con el gobierno federal, fue un serio desacierto. (b296, 6 nov 2008).

Aguas del Golfo de México y estructuras transfronterizas