Amplía Slim la brecha privatizadora
"Adquiere grupo español Caixa 20% de
acciones de Inbursa" (en La Jornada, 16.10.08). La Caixa es accionista
mayoritario (33%) de Gas Natural (GN), que es la segunda generadora
eléctrica privada en México y la primera proveedora de dicho
combustible. Carlos Slim, el dueño de Inbursa, había comprado hace
días el 15% de las acciones de GN en México. Slim ha recibido ya
más de 100 concesiones de generación eléctrica en
México, en la modalidad de autoabastecimiento, distribuidas en toda la
República. Además, es contratista de Pemex y de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE). La concentración de poder y control del
sector privado sobre el sector energético es cada día más
grave, solapado por el gobierno.
La perversa acumulación del capital globalizado
La concentración
en unas cuantas manos del capital industrial y financiero avanza día a
día, sin importar cuantas "regulaciones" o "candados" puedan imponerse.
Hecha la ley, hecha la trampa, dice un viejo adagio. En México, la
fantástica fortuna del millonario "mexicano" Carlos Slim lo ejemplifica.
Dueño de una gran cantidad de empresas en sectores estratégicos
(producción y servicios entre las que destaca Telmex) es a la vez
dueño del Grupo Financiero Inbursa (GFI). La alianza de Slim con el
poderoso grupo catalán La Caixa, no solo es económica sino
también política, y permitirá a ambas ampliar la brecha
privatizadora de la energía en México.
Mientras las
"autoridades reguladoras" ni siquiera abren la boca, Inbursa y Caixa se
limitaron a informar el aumento de sus capitales. Para evitar suspicacias,
Inbursa se apresuró a aclarar que "la mayoría accionaria y la
operación de GFI son y seguirán siendo mexicanas". ¡Claro! La
normatividad vigente es lo suficientemente "benévola" como para impedir
que nadie les pida cuentas. Y en último de los casos, para eso tienen a
su servicio los costosos bufetes de abogados, expertos litigantes en las cortes
internacionales de su elección.
Impunidad globalizada
El sistema financiero internacional vive actualmente
una cresta más de su estado de crisis permanente. Creado supuestamente
para asegurar que cualquier país pudiera proveerse de dinero y financiar
su economía, hoy está claro que su objetivo es y ha sido favorecer
la acumulación de capitales.
Valga recordar que en México,
luego de una historia de "desaciertos" cuyo clímax fue una terrible
crisis económica, se realizó la expropiación bancaria
realizada por José López Portillo en 1982, seguida de su inmediata
e igualmente fulminante reprivatización, menos de una década
después, entre junio de 1991 y julio de 1993, justo en el mismo
período en que se negociaba el nefasto Tratado de Libre Comercio
(TLC).
Impulsado por el cambio del "patrón oro" en EU, que
provocó la "dolarización" de las reservas a escala global,
México adoptó la medida bajo el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari. El "transparente" proceso de privatización entró en
crisis en 1995, con una nueva caída de la banca ya reprivatizada, que
conduciría a una nueva devaluación y obligó a una
intervención salvadora de los bancos declarados insolventes, mediante
crédito externo. La deuda así socializada constituye un pesado
lastre para el desarrollo nacional en las próximas
décadas.
En México, al menos durante los cuatro
últimos gobiernos descaradamente neoliberales, es evidente que la renta
petrolera ha servido para sostener en buena parte las precarias finanzas del
Estado y, con ello, apuntalar la riqueza de unos cuantos. A ellos habría
qué preguntarles:
Si vendemos el petróleo ¿cómo seguir rescatando a los banqueros?
Cuando la crisis zedillista, el banco central de
México (Banco de México, Banxico) entregó a la banca
privada los fondos y divisas necesarios (todos y aún más) para
darle "liquidez" y "solvencia". Son las mismas medidas que actualmente impulsa
el Banco Mundial (BM) entre los estados miembros para solventar la crisis
financiera mundial.
A partir de 2000, tocó a Vicente Fox
consolidar la "extranjerización" de la banca, con la compra de Bancomer
por la española BBVA y de Banamex, por parte de Citibank, al menos esta
última sin el pago de derechos. Vendría también HSBC a
comprar Bital y Santander a comprar Serfin y así otros, hasta completar
la "extranjerización" de la banca mexicana. Actualmente el capital
dominante es español, seguido del norteamericano.
El proceso
arranca de la crisis de 1982, que provocó el endeudamiento del
país y la suspensión de créditos, contraídos con
bancos internacionales privados. Esta deuda motivó diversas
"reestructuraciones" hasta el punto en que Ernesto Zedillo terminó por
"empeñar" la renta petrolera.
Son los mismo bancos y grupos
financieros que, mediante distintas asociaciones, participaciones, fusiones o
cualquier otro nombre con que quieran disfrazar la concentración de poder
de mercado y su control, los que tienen una alta participación en el
mercado energético de México, desempeñando no solo
funciones estratégicas sino, también, como contratistas a
través de sus distintas subsidiarias. Esta es una tendencia generalizada
y las repercusiones son catastróficas.
La vuelta del modelo de 1982
La primera consecuencia está en el aumento
de la deuda pública, toda vez que, el legislativo aprobó por
unanimidad la Ley de ingresos 2009 que incluye un déficit de 11.9% del
PIB, es decir, la vuelta al esquema de endeudamiento cuyo control era -- se dijo
por años--, una de las ventajas del modelo macroeconómico
neoliberal.
La pregunta es ¿cómo se hará para
financiar en la práctica dicho "déficit"? y, en su caso,
¿qué programas se recortarán si no se encuentran
créditos suficientes o no hay forma de captar capitales extranjeros?
Otro impacto ya visible es la baja de las reservas internacionales,
entregadas a la especulación mediante "subastas" de carácter
confidencial. Seguramente está en curso la fuga de capitales que
acompaña normalmente a este efecto. Pero lo más grave es, como en
la crisis de 82, la intentona de reactivar del modelo de exportación de
recursos (básicamente petroleros), para lo cual se aceleró la
reforma de Pemex.
Todo apunta a que, aún la izquierda electorera,
carente de alternativas independientes y de clase, se alineará por la
continuación del modelo vigente, aunque ello represente un mayor
alejamiento de las luchas populares.
Hoy más que nunca: ¡No a la privatización de Pemex!
Con la reciente contra-reforma energética, aprobada
por los partidos políticos, el grupo de Carlos Slim será,
seguramente, uno de los grandes beneficiarios. Ya actualmente, la empresa
Swecomex, perteneciente al Grupo Carso, participa con 49 plataformas de su
propiedad en la extracción de petróleo crudo y gas en el Golfo de
México. Esto es abiertamente inconstitucional.
Más de 123
permisos para generación eléctrica, otorgados a Telmex por la
Comisión Reguladora de Energía (CRE), hacen de Slim a uno de los
mayores privatizadores eléctricos, adicionalmente, a la
participación en las centrales de potencia antes de Unión Fenosa,
ahora de Gas Natural, de la cual es accionista. Con esta transnacional
española participa también en la distribución de gas
natural.
El capital no tiene patria y, con la reforma energética
neoliberal, no extrañaría que pronto se sepa de incursiones en la
exploración de hidrocarburos en el Golfo de
México.
Múltiples razones hay para redoblar los esfuerzos y
activarnos en todo el territorio nacional. Slim y socios transnacionales
irán sobre los hidrocarburos de los mexicanos. Nuestra lucha sigue
vigente. El pueblo de México debemos reiterar nuestro rechazo a la
privatización furtiva de Pemex y de todas las fuentes de energía,
incluida el agua. (b292, 3 nov 2008).
Complejo de gas Nuevo Pemex en Chiapas
Carlos Slim y su grupo empresarial se han convertido en
connotados privatizadores del sector energético mexicano. En materia
petrolera, a través de la empresa Swecomex, Slim tiene 49 plataformas
marinas en el Golfo de México para extraer petróleo crudo y gas
natural asociado. Eso es inconstitucional.
En asociación con la
española Gas Natural, participa de la distribución de gas natural.
Eso es inconstitucional. Con la misma transnacional, interviene en la
privatización furtiva de la industria eléctrica mexicana. Eso es
inconstitucional.
Adicionalmente, la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) le ha otorgado a Telmex 123 permisos privados para generar
energía eléctrica en la modalidad de autoabastecimiento. Eso es
inconstitucional.
Con la reforma aprobada por los legisladores de todos
los partidos es previsible que Slim incremente sus acciones privatizadoras, ya
que, senadores y diputados avalaron a la privatización energética
furtiva en marcha y la ampliaron otorgando facultades adicionales a la CRE,
así como, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Pemex, a
través de la correspondiente ley, para otorgar ilegalmente toda clase de
contratos.
Comisión de Energia