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Dictámenes privatizadores

Todavía no ha sido votado ningún dictamen sobre la reforma energética. El sábado 11 se conocieron tres dictámenes más, sobre la Ley Orgánica de Pemex, la Ley reglamentaria petrolera y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. De acuerdo a éstos, se propone privatizar a Pemex por la vía de autorizar contratos en todas las fases del proceso de trabajo petrolero, y se avala la continuación de la privatización energética furtiva. De los siete dictámenes, 6 son privatizadores. El lunes 13 continuarán las reuniones. Algunos panistas anuncian la presentación de los dictámenes al pleno para el día siguiente o días después.

Se acerca el momento de la votación

El sábado 11 de octubre continuaron los debates sobre el proyecto de dictaminación energética. Previamente a la reunión, el PRD anunció que no votaría en comisiones ningún dictamen de la reforma energética, ante de conocer los restantes dictámenes.

Días antes, el 9 de octubre, habían sido entregados a los legisladores los primeros 4 dictámenes sobre 1- la reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 2- la Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo, 3- la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y, 4- la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y el Financiamiento de la Transición Energética.

En la reunión de día 11, se entregaron los proyectos de dictamen relativos a la 5- Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el ramo del petróleo; 6- Ley Orgánica de Pemex, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas; y, 7- Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

El sábado no se tomó ninguna decisión acordándose continuar el análisis del proceso de dictaminación para este lunes 13, a fin de “eliminar corchetes” y “superar diferencias”. Santiago Creel, senador del PAN declaró que, para el martes 14, “se llevarán al pleno los primeros dictámenes elaborados en comisiones sobre la reforma energética y confió en que ese mismo día empezarán a ser aprobados”.

Primeros cuatro dictámenes

De los primeros cuatro dictámenes, tres son privatizadores e inconstitucionales y, el otro, no está suficientemente definido.

1- Ley de la Administración Pública Federal

En este caso, la reforma se propone al artículo 33 de esa Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para adicionar funciones a cargo de la secretaría de energía (Sener).

Se propone que la Sener tenga las atribuciones de: “V. Promover la participación de los particulares en las actividades del sector”. Eso está prohibido por párrafo cuarto del artículo 27 constitucional; “VII- Otorgar y revocar concesiones, permisos y autorizaciones en materia energética”. Eso lo prohíbe el párrafo sexto del artículo 27 constitucional; “XII. Regular las fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos”. Esto es inconstitucional porque tal “regulación” se refiere a la “privatización” de todas las fuentes de energía, renovables y no renovables; “XIII- Determinar la plataforma de producción petrolera y el ritmo de reposición de las reservas” y, “XVII- Determinar las reservas de hidrocarburos”. Estas últimas son actualmente facultades de Pemex.

Las mencionadas atribuciones corresponden a la iniciativa votada por el Senado (94 votos a favor, cero en contra) el 17 de abril de 2007. En 2008, todos los partidos vuelven a coincidir. El PAN y el PRI no modificaron nada; el FAP, solamente planteó “vigilar” que la participación de los particulares se realice de acuerdo a las “disposiciones aplicables”. Estas son la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y la Ley Reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo (LRRP), ambas reformadas en 1992 y 1995 para PERMITIR la participación privada; son, por tanto, inconstitucionales.

2- Ley de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo

Esta comisión (CNRP) sería la encargada de ejecutar las atribuciones de la Sener en materia de hidrocarburos. La “regulación” sería solamente para Pemex. Cinco burócratas decidirían respecto de las actividades estratégicas constitucionales. Las facultades de esta CNRP estarían orientadas a otorgar concesiones, autorizaciones y permisos en materia de exploración y producción de hidrocarburos, como lo proponen el PAN y el PRI pero no el FAP.

En la práctica, las facultades de “regulación”, a cargo de esta comisión, serían la privatización de las fases más importantes del proceso de trabajo petrolero. Tales acciones son inconstitucionales.

3- Ley para el aprovechamiento de las energías renovables

Esta iniciativa fue propuesta por el PVEM, aliado del PRI, para generalizar la privatización a TODAS las fuentes de energía, renovables y no renovables.

El PVEM propone aprovechar el movimiento del agua en causes naturales o artificiales, la energía de los océanos en todas sus formas, el vapor terrestre (geotermia), el viento y la radiación solar, para la generación eléctrica.

Aprovechar a las fuentes de energía renovables es correcto. Solamente que, el PVEM propone que lo haga el capital privado. Las bases a seguir serían lo dispuesto por la LSPEE que, en términos del Tratado de Libre Comercio (TLC), permite la participación privada en la generación de electricidad y, por supuesto, con las nuevas reformas a la Ley que le asignarían a la Sener la facultad de “regular” (privatizar) a todas las fuentes de energía.

¿Quién otorgaría los correspondientes permisos? La Comisión Reguladora de Energía (CRE), evidentemente, la misma que ya desnacionalizó a la generación eléctrica nacional.

La propuesta de ley es, por tanto, privatizadora.

4- Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y el Financiamiento de la Transición Energética

La primera ley es una propuesta del PRI referida a un Fondo Nacional para la Transición Energética, que incluye a los agrocombustibles. No se indica, sin embargo, cómo se constituiría el fondo ni con qué recursos.

La segunda, es una propuesta del PAN, de último minuto y sin decir nada. Esta iniciativa se refiere a formar una Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía que sustituiría a la actual Comisión Nacional para el Ahorro de Emergía. El FAP en su iniciativa propone crear un Instituto Nacional de Energías Renovables, sin definir objetivos ni proyectos. Al parecer esta propuesta no está siendo considerada.

Los siguientes tres dictámenes

5- Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.

De entrada, todos los partidos coinciden en un proceso de trabajo petrolero fragmentado asumiendo la “definición” del TLC afirmada por las inconstitucionales reformas de 1995 a esta Ley.

Es decir, todos los partidos da por aceptadas a éstas reformas privatizadoras, de acuerdo a las cuales, la petroquímica llamada artificialmente “secundaria” está privatizada, lo mismo que, el transporte, distribución y almacenamiento de gas natural, y la distribución y el transporte de gas LP.

En adición, el PAN propuso que otras fases, como la refinación del petróleo crudo, el transporte, distribución y almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos, así como de agrocombustibles por medio de ductos, fueran realizadas a cargo del sector privado, mediante permisos otorgados por la CRE.

El PRI propone que, tales actividades las realice Pemex, a través de la multitud de filiales que se podrían formar y, estas, contratar los servicios con terceros.

En el caso de la exploración, en las propuestas del PAN y del PRI se propone el otorgamiento de contratos. El PAN indica a los contratos de riesgo para explorar en las aguas profundas del Golfo de México, sin mencionar la palabra “riesgo”, les llama “incentivados”. El PRI, también los propone pero “disfrazados”. El FAP propone que se otorguen contratos (en general), dando “preferencia” al capital “mexicano”.

Todos los partidos proponen, incluso, el otorgamiento de contratos “sin licitación”, por invitación o adjudicación directa. Todos los partidos ratifican que, en materia de electricidad y gas, se sigan otorgando permisos privados ratificando la continuación de la privatización furtiva en marcha. Este dictamen es privatizador.

6- Ley Orgánica de Pemex

Con base en lo anterior, el PAN propone que Pemex ceda las fases relacionadas con la refinación a los particulares, de manera directa. El PRI, también, pero indirectamente a través de las “filiales”. En el caso de la exploración y producción de hidrocarburos, El PAN propone que Pemex otorgue contratos directamente y, el PRI, a través de las filiales. En ambos casos, se asume la existencia de una industrian petrolera fragmentada.

El FAP propone una nueva Ley Orgánica que, al perecer ha sido considerada porque, en esa Ley, se ratifica a la industria fragmentada “en términos” de la Ley reglamentaria de 1995-96, se aceptan los contratos “dando preferencia” a los contratistas de nacionalidad mexicana e, incluyendo, los contratos sin licitación.

Para resolver las diferencias, los partidos proponen un capítulo especial sobre contratos. En ningún caso los prohíben, como lo indica la Constitución, solamente los sujetan a procedimientos.

Todos los partidos proponen otorgar “autonomía de gestión y presupuestal” a Pemex, el FAP extiende esta propuesta a todas las entidades del sector energético. El PRI, extiende la autonomía a las filiales de Pemex que serían creadas.

Tratándose del Consejo de Administración, todos coinciden en incorporar a consejeros “independientes”. La diferencia está en que, el PRI y el FAP, proponen la “ratificación” de los mismos por el Senado. Con diferentes modalidades, todos proponen también que Pemex emita bonos. El dictamen propuesto es privatizador.

7- Ley de la Comisión Reguladora de Energía

Todos los partidos proponen que esta comisión siga otorgando permisos en materia de generación eléctrica y de gas natural. El PAN, originalmente, extendía los permisos a la refinación y al sistema nacional de ductos. El PRI no propone esto último porque, tales funciones, las contraría Pemex con las filiales, no habría permisos pero sí contratos. El FAP únicamente propone que la CRE presente “un informe” de los permisos otorgados lo cual lo lleva, esencialmente, a “coincidencias”.

Las diversas propuestas son inconstitucionales e implican ratificar la continuación de la privatización energética furtiva. A la fecha, la CRE ya desnacionalizó el 48.3% de al generación eléctrica, total a nivel nacional.

Dictámenes inconstitucionales

En los dictámenes preparados por la secretaría técnica de las comisiones de energía y de puntos constitucionales del Senado, se dice que “la modernización de Pemex y el “rechazo absoluto a cualquier forma de privatización de la industria petrolera” quedaron suscritos en los proyectos de dictamen de la reforma energética”.Además, “se establecen salvaguardas para impedir el otorgamiento de concesiones o la celebración de contratos de riesgo”.

No hay tal. La privatización de Pemex se sostiene INCONSTITUCIONALMENTE. La nueva legislación abre la puerta a los “contratos incentivados”, mediante los cuales se motivará al capital privado a dar un mejor servicio a cambio de más pago, aún cuando se indica que “se establecen candados para que siempre se pague en efectivo, no con hidrocarburos, y para evitar que terceros se adueñen de éstos”.

Los dictámenes proponen abrir Pemex al capital privado por medio de un esquema que le permita celebrar contratos de obras y de prestación de servicios con empresas nacionales y extranjeras en todo el proceso de trabajo, incluida la refinación. Se propone, asimismo, que Pemex otorgue contratos sin licitar, a través “invitaciones restringidas o adjudicaciones directas”, en varios casos, entre ellos para la perforación en aguas profundas.

Los “Corchetes”

a) Contratismo, veneno privatizador

“En el artículo cuarto de la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, se da “al Ejecutivo federal” la facultad de constituir “por decreto” organismos descentralizados filiales de la paraestatal para la refinación, el transporte, el almacenamiento y la distribución de petróleo” (Becerril A., en La Jornada 12 oct 2008).

Los organismos subsidiarios de Pemex, así como los filiales, “estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria” para la contratación de obras, las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios.

“Bajo esa modalidad, las filiales de Pemex podrán asociarse con empresas extranjeras para construir y operar refinerías, en un esquema similar al de Deer Park, Texas, donde la paraestatal produce gasolina y otros combustibles conjuntamente con una trasnacional”, comentó el senador panista Juan Bueno Torio.

El PRD declaró que no avala estas propuestas que cuentan con el respaldo de PRI, PAN y Verde Ecologista.

“En la exposición de motivos del anteproyecto de ley reglamentaria del artículo 27 constitucional se define que las comisiones dictaminadoras “consideran prudente que Pemex permanezca como un organismo estatal, pero con mayor flexibilidad para operar de manera eficiente y cumplir con eficacia”.

Esa flexibilidad consistiría en la facultad para otorgar todo tipo de contratos haciendo uso de la autonomía de gestión que se propone. Los dictámenes no niegan el otorgamiento de contratos. En la propia Exposición se dice que “es claro que Pemex y sus organismos subsidiarios pueden celebrar cualquier tipo de contratos”, siempre que no sean de riesgo.

Se propone reformar al artículo 6 de la ley reglamentaria para precisar que “Pemex y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obra y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos”.

Se señala también que “no se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o las utilidades de Pemex”. Sin embargo, “en el anteproyecto de Ley Orgánica de Pemex se contempla todo lo relativo a contratos. Sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, en el artículo 56 se precisa que se efectuarán, “por regla general”, por medio de licitaciones públicas, previa convocatoria pública, pero habrá excepciones”. Se indica que cuando “las licitaciones públicas no sean idóneas para asegurar las mejores condiciones”, podrán llevarse a cabo “por medio de procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa”.

Las propuestas de reforma a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo son, a todas luces, inaceptables por privatizadoras. Este "corchete" solamente se puede superar suprimiendo las propuestas del PAN y el PRI. De no hacerlo, se crean las condiciones para imponer una mayoría PRI-AN.

b) Contratos de riesgo disfrazados

En la información publicada por La Jornada se dice que el dictamen de las comisiones del Senado “apunta que las licitaciones podrán ser nacionales o internacionales; en este último caso, se realizarán en modalidad abierta o bajo la aplicación de un tratado internacional”. Si habrá licitaciones es porque habrá contratos, evidentemente.

“Viene luego el capítulo “Modalidades especiales de contratación”, el cual detalla que Pemex podrá hacer a un lado la licitación pública y “celebrar contrato a través de los procedimientos de invitación cuando menos a tres personas o de adjudicación directa, con independencia de que se trate de las actividades sustantivas de carácter productivo. Entre los casos en que no tendrá obligación de licitar, además de derrames e incendios de pozos, están “las contrataciones con el propósito de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Pemex y sus organismos subsidiarios”.

Allí están las propuestas del PAN, apoyadas por el PRI, para el otorgamiento de contratos a las corporaciones para la perforación en las aguas profundas del Golfo de México.

“En el anteproyecto se incluyen también los contratos incentivados propuestos por Calderón, en los que se incluyen compensaciones o penalizaciones a las empresas. Se insiste en la exposición de motivos en que no se trata de contratos de riesgo”.

Esos contratos “incentivados” son los de “riesgo”, aunque se diga que no; así están definidos en las propuestas originales del PAN y del PRI. Los objetivos de esos contratos son los mismos, solamente se hacen cambios en la redacción.

“Aquí tampoco hay consenso, pero sí acuerdo entre PRI y PAN, en un texto en el que se precisa que se pagará al contratista, bajo varias consideraciones, entre ellas “el impacto ambiental, la calidad de los trabajos, el menor o mayor tiempo de ejecución de las obras y la incorporación de mejoras tecnológicas”.

En estos aspectos no puede ni debe haber consenso, se trata de la privatización explícita de Pemex. Los contratos “incentivados” o como les llamen son contrarios a lo dispuesto constitucionalmente.

c) Contratos de exploración y producción

También está en corchetes la propuesta contenida en la iniciativa del FAP de prohibir la suscripción de contratos de exploración o producción que otorguen áreas exclusivas para un contratista, así como la de impedir la firma de contratos donde una misma empresa reúna las actividades de exploración y producción de hidrocarburos. Aquí son el PAN y el gobierno los que se oponen.

Estos “corchetes” no son todos pero varios han sido suprimidos por el “consenso”. El PRI y el PAN no han cedido en nada. El “consenso” corresponde a las propuestas privatizadoras en las que coinciden todos. Desde luego, al PRI y al PAN les interesa imponer la privatización por medio del otorgamiento de contratos, concesiones y permisos privados, que son hechos explícitamente privatizadores por inconstitucionales.

Los partidos privatizadores tienen prisa confiados en la mayoría PRI-AN. Gustavo Madero, coordinador de los senadores del PAN, declaró que en los próximos días habrá reforma energética, porque “no sólo vamos a contar con el número de votos para aprobarla, sino también con amplio apoyo de otros grupos parlamentarios”.

Seis dictámenes privatizadores

De los siete dictámenes presentados en el Senado sobre la reforma energética seis son claramente privatizadores y deben ser rechazados. De los siete, en cinco existen “coincidencias” y, en dos, hay acuerdos parciales y algunos “corchetes”.

Las “coincidencias” son desafortunadas, no están bien sustentadas, ni siquiera suficientemente pensadas. Aceptar esas “coincidencias” implica ratificar al TLC, avalar a la privatización energética furtiva y su continuación impune, ratificar las contrarreformas eléctrica y petrolera de 1992 y de 1995, 1996 y 2006, y por supuesto, seguir vulnerando a la Constitución.

Impedir la privatización

A estas alturas no debiera haber dudas. Los dictámenes sobre la reforma energética, contienen básicamente las propuestas del PAN y del PRI para otorgar contratos a las transnacionales y desintegrar totalmente a Pemex. Al FAP lo han “jalado” con base en “coincidencias” privatizadoras. Pero, el PRI y el PAN intentan ir más allá de las “coincidencias”.

Todos los mexicanos en resistencia debemos impedir el atraco. En la mayoría de los dictámenes hay “coincidencias” y, los “corchetes”, contienen veneno. Este gran conflicto NO se puede resolver en el Parlamento sino en las calles. Hay que movilizarnos ahora mismo o cuando despertemos ya estará todo privatizado.

No obstante las “coincidencias”, los legisladores del FAP debieran proceder con decoro político e impedir cualquier aprobación de los dictámenes privatizadores, respaldados por el accionar de la resistencia a nivel nacional.

Este martes y jueves sería procedente la presencia masiva frente al Senado ante la eventualidad de una acción legislativa inconstitucional. Acto seguido, es pertinente la movilización simultanea en todas las capitales y estatales, y luego, en cada municipio, colonia, escuela o pueblo. (b266, 12 oct 2008).