Privatizar por consenso: FMI
Los legisladores en el Senado siguen el guión
diseñado por el Fondo Monetario Internacional para aprobar la reforma
privatizadora de Pemex. “Política de consenso” le llama el
FMI. Hay avances, dicen los senadores. Sí, los hay, pero ese
“consenso” es privatizador.
“Política de consenso”
Según el Fondo Monetario Internacional
(FMI), “es urgente” para México “lograr una buena
política de consenso” que permita reformas en la industria
petrolera. Es decir, el Fondo vuelve a urgir la aprobación de la reforma
energética privatizadora de Pemex y de todas las fuentes de
energía.
Para ese organismo financiero del imperialismo,
“fortalecer” el sector petrolero es indispensable para complementar
el paquete de medidas anunciadas por Calderón el 8 de octubre, que,
supuestamente, hacen frente a la crisis financiera internacional.
Ese
día, se anunció un paquete de medidas para enfrentar un entorno de
menor crecimiento, cuyo pronóstico de aumento del Producto Interno Bruto
(PIB) disminuirá en 2009 del 3 al 1.8 por ciento. “Entre las
acciones consideradas está un aumento del gasto por 90 mil 200 millones
de pesos, de los que 78 mil 300 serán obtenidos con la
contratación de deuda y 12 mil millones del fondo de
estabilización de Petróleos Mexicanos. De ese total de recursos,
53 mil 100 millones serán usados para gasto en infraestructura, 12 mil
millones para construir una refinería en un sitio por definir y 25 mil
100 millones de pesos para compensar la caída en los ingresos esperados
por la exportación de petróleo. El déficit fiscal ampliado
crecerá de 0.8 a 1.8 por ciento del PIB” (González R., en La
Jornada 11 oct 2008).
El plan anticrisis del gobierno federal es
sumamente débil. La reducción en el crecimiento económico,
a casi la mitad, anuncia la gravedad de los efectos de la crisis en
México. Pero, las respuestas oficiales están peores. Las acciones
serán financiadas en un 87% por la contratación de deuda y, el
restante 13%, saldrá de los recursos generados previamente por
Pemex.
Por otra parte, los ingresos del Estado seguirán
dependiendo básicamente de Pemex que, en 2008, ha llegado a aportar al
fisco el 46% de los recursos recibidos por éste.
En esas
condiciones, insistir en la reforma energética para privatizar, abierta o
encubiertamente, a Pemex raya en el nivel del crimen.
Aplicación de la reforma desde ahora
El plan de Calderón significa la
aplicación en Pemex de sus propuestas de regresivas de reformas. En la
iniciativa de Ley Orgánica de Pemex, presentada por el PAN, un asunto
crucial es el otorgamiento de “autonomía de gestión”.
Lo mismo, proponen el PRI y el FAP. Allí está el veneno de la
privatización.
A esas coincidencias el FMI les llama
“consenso”. Con diferentes versiones, todos los partidos coinciden
en esa “autonomía de gestión y presupuestal”, que
implicaría la facultad de la paraestatal para formular su propio
presupuesto y ejercerlo, sin la intervención del gobierno federal. Con
ello, entre cuatro paredes, los consejeros “independientes” que se
incorporarían al Consejo de Administración de Pemex, junto con los
representantes del gobierno en turno y charros del sindicato petrolero,
podrán decidir todo al margen de la nación.
La supuesta
cancelación de la deuda debida a los Proyectos de inversión en el
registro del gasto (Pidiregas) no es tal. Esa deuda la asumirá Pemex no
el gobierno. Con ello, en la práctica se le está obligando a Pemex
a “ejercer” su autonomía para hacerle frente a sus
compromisos. Por el momento, la paraestatal asumirá la mitad de esa
deuda, pronto hará lo mismo con la otra mitad. Para ello tiene
autonomía y recursos, dirán los funcionarios.
Pero,
“el pasivo de los Pidiregas que tenía Pemex se contabilizará
en el apartado de deuda presupuestaria de la paraestatal”. Con ello,
empieza muy mal la tal “autonomía”. Para Jesús Reyes
Heroles, enemigo de Pemex, “con la autonomía de gestión que
se obtiene (sic), la paraestatal podrá hacer mejor uso de sus
recursos” (Carriles L., en www.mileniodiario.com 10 oct 2008).
Esta
medida tomada por el gobierno federal es una forma para “imponer”
las decisiones en el Senado acerca de las reformas a la Ley Orgánica de
Pemex. Con o sin reforma, la tal “autonomía” se
aplicaría. Luego, todos los partidos que han propuesto ese concepto
dirán que lograron un acuerdo “por consenso”.
Otra de
las medidas de privatización compulsiva es el anuncio para
“construir” una refinería, hecho al que se había
negado sistemáticamente el gobierno bajo el argumento de carecer de
recursos. Ahora, en medio de la debacle financiera, Calderón dijo que se
destinarán 12 mil millones para esa refinería, exactamente, el
monto del fondo de estabilización de Pemex.
Construir una
refinería es correcto, actualmente se necesitan cinco no una, pues, desde
1979 no se ha construido ninguna nueva y, al momento, el 43% de las gasolinas
que se consumen en el país se importan. Esa refinería debió
construirse hace mucho.
¿Porqué ahora el cambio en la
apreciación del gobierno? Para imponer en los hechos sus propuestas de
reforma energética. Según Reyes Heroles “la nueva
refinería que construirá Petróleos Mexicanos se
realizará ciento por ciento con inversión presupuestal y en lo que
resta del año se preparará el calendario de las licitaciones que
se necesitan para iniciarla durante 2009”.
Es decir, los recursos
saldrán del único lugar que los genera: Pemex. La paraestatal
pagará pero, ¿quién diseñará la
refinería? ¿quién la construirá? ¡Los
contratistas! Otra vez, la aplicación de la
“autonomía” pervierte a ese concepto. Las burocracias quieren
a esa autonomía solamente para decidir el otorgamiento de contratos, en
vez de realizar las funciones por administración directa.
Con este
anuncio, se pretende lograr otro “consenso”. Será Pemex quien
“construirá” la refinería no el sector privado,
dirán. Se trata de un engaño, quien lo hará será
este sector. Pero el anuncio servirá para llegar a más acuerdos,
“por consenso”, entre los partidos. Las modalidades llevarán
al PAN a matizar sus planteamientos originales, finalmente ya lograron lo que
querían: la autonomía para Pemex. El PRI apoya esa propuesta y, el
FAP, propone que se extienda a “todas” (sic) las entidades del
sector. El FMI ha de estar feliz por esa “buena política de
consenso”.
México es una nación no es sucursal del FMI
Es evidente que los
organismos financieros del imperialismo, como el FMI, están sumamente
activos. De allí la prisa de los legisladores. El imperialismo, en plena
y fraudulenta crisis de alcance mundial, busca aprovechar el momento para
“resolver” respecto a la reforma energética y entrar al
negocio apropiándose del petróleo de los mexicanos.
El
“consenso” que han logrado los senadores es privatizador. Así
lo indican los primeros cuatro dictámenes, que hoy abordarán,
mismos que el FTE rechaza en todos sus términos. (b264, 11 oct
2008).
Comisión de Energia
