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Compromisos del PRI con el imperialismo

En las iniciativas de reforma energética presentadas por el PRI éste habla de “El compromiso con la reforma energética y con la sociedad”. Dice que Pemex “necesita de manera urgente, una profunda reforma al marco legal con el que funciona” y proponen violar la Constitución política vigente. Señalan haber escuchado “con detalle e interés” los planteamientos “que realizaron expertos, dirigentes políticos, líderes sociales (sic), académicos y especialistas” en los temas del Debate Oficial organizado por el Senado. Sin embargo, en sus iniciativas, proponen lo contrario de lo expuesto por la mayoría de los invitados a ese Debate.

Desintegración TOTAL de Pemex

El PRI, en la exposición de motivos de su iniciativa, reitera que “es necesario un nuevo marco jurídico” lo que implica que el actual es estorboso. Insiste en “dotar de mayor autonomía de gestión” a Pemex, lo que implica convertir a la paraestatal en Sociedad Anónima para hacerla funcionar como empresa privada. Luego, se indica que la iniciativa tiene “diez líneas fundamentales”.

En la primera, el PRI habla de “modernizar y fortalecer a Pemex, sin permitir su privatización”. Ese partido precisa que su propuesta es “sin privatizar el aprovechamiento (sic) del petróleo ni la renta petrolera, sin contratos de riesgo, sin privatizar los activos o las actuales actividades de Pemex, sin ceder a los particulares áreas de trabajo que corresponden al organismo, como los de refinación, almacenamiento y manejo de ductos”. Suena re’bonito pero, ¿es cierto? ¡No!

De entrada, el PRI propone la desintegración de Pemex, al modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP) para “la constitución de organismos descentralizados de carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos”. ¿Para qué se crearían estas filiales? Dice el PRI que para realizar las actividades de “refinación, transporte, almacenamiento y distribución de derivados, así como la construcción de ductos”. Estas filiales “le darían a Pemex el servicio correspondiente” Tales filiales “operarían con contratos de largo plazo, que apoyarían el financiamiento de la inversión” y, también, podrán contratar con terceros.

Esto significa la desintegración TOTAL de Pemex, proceso iniciado en 1992 cuando se crearon las actuales 4 subsidiarias (Pemex Exploración y Producción, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica), así como Pemex Internacional y más de 40 filiales cuyos resultados desconoce la nación. Ese fue el principio de la privatización petrolera furtiva dictada por el Banco Mundial al gobierno mexicano en turno (Salinas de Gortari).

El PRI propone que “la producción de petroquímicos secundarios” se realice a través de organismos subsidiarios. Esta actividad, la petroquímica secundaria, “se clasifica como actividad prioritaria”, de acuerdo a las ilegales reformas de 1995 a la LRRP.
El PRI dice que “no por ello debe haber margen para privatizar lo que está a cargo de Pemex”, cuando la petroquímica secundaria prácticamente ya no la realiza Pemex sino las transnacionales, como ExxonMobil.

Autonomía para destruir a Pemex

El PRI propone “dotar a Petróleos Mexicanos de una mayor (sic) autonomía presupuestaria y de gestión para promover su eficiencia”. Para ello, se modificaría la Ley Orgánica de Pemex.

Como parte de esa “autonomía” “se faculta a Pemex para realizar etapas del proceso para negociar y contraer obligaciones, sobre la base de lineamientos y techos financieros de la Secretaría de Hacienda”. Esto implica a las inversiones privadas, así como, al endeudamiento, también privado.

Eso mismo propone el PAN en su concepto pervertido de “autonomía”. El PRI, como el PAN, también propone la emisión de Bonos Ciudadanos, “que le pueden dar a Pemex un financiamiento adecuado”. Es decir, se propone una forma adicional de financiamiento privado, a cargo de especuladores de la Bolsa de Valores. Ese mecanismo, de colocar instrumentos en la Bolsa ya se lleva a cabo y solamente ha significado la entrega a los particulares del patrimonio de Pemex.

Para concretar las anteriores medidas, el PRI (igual que el PAN) propone “nuevas facultades al Consejo de Administración para dirigir la industria petrolera”. Este Consejo, de acuerdo al esquema de “gobierno corporativo” podrá “proponer al Ejecutivo Federal la creación de los organismos subsidiarios y organismos descentralizados de carácter estratégico filiales que considere necesarios, con facultades específicas”. Esto es, aprobada la reforma, lo demás quedaría a cargo de las burocracias.

De esta manera, ese Consejo llevaría a la práctica la desintegración (pulverización) de Pemex. Si ahora hay 4 subsidiarias, Pemex Internacional y más de 40 filiales desconocidas por la nación, con la reforma que promueve el PRI, el gobierno podría dividir a Pemex en más de 1,000 pedazos.

Al Consejo, el PRI (exactamente igual que el PAN) propone agregar 4 consejeros profesionales, así como 2 consejeros a cada uno de los organismos subsidiarios. Se está proponiendo la creación de una superestructura burocrática, con facultades omnímodas y plenipotenciarias, para usurpar el dominio de la nación sobre sus hidrocarburos e industria petrolera. La diferencia (sic) con respecto a la propuesta del PAN es que, esos consejeros, serían “ratificados” por el Senado. Los demás integrantes serían los mismos que ahora están, 6 nombrados por el gobierno y 5 por los charros sindicales del STPRM.

“Modernizar” al contratismo

La iniciativa del PRI propone “Modernizar el régimen de contratación de obras y servicios de Petróleos Mexicanos”. Para ello, se incluiría en la Ley Orgánica de Pemex, “un régimen de contratación de obras y servicios adecuado (sic) a la industria petrolera”.

En su iniciativa el PRI le da “una interpretación legislativa” a la renta petrolera definiéndola como “la parte que se obtiene por la venta de los hidrocarburos menos todos los costos económicos para extraerlos en que incurra Petróleos Mexicanos por sí o a través de terceros (sic) en los términos de las disposiciones aplicables”.

Según el PRI, “el término renta petrolera corresponde a la convención internacional y a la teoría económica (sic)” y aprovecha el viaje para incluir la extracción de petróleo “a través de terceros”, los cuales, serían las transnacionales. Para el PRI, el costo de producción NO existe, solamente el “costo de extracción”, pues indica que una “riqueza natural no tiene valor para la nación mientras se encuentre en el subsuelo”. El PRI recurre a obsoletas teorías económicas para justificar la entrega de los recursos naturales, separándolos de lo que llama “renta petrolera”. Tal definición es la que les gusta a las transnacionales. Estas y el PRI omiten que el proceso de trabajo está determinado por las materias primas, a las que les otorgan un valor de 0 (cero), cuando sin éstas simplemente no es posible extraer nada. Si se considera que los hidrocarburos carecen de valor es porque pertenecen a la nación, se trata de un derecho colectivo que NADIE puede atribuirse en lo particular. Bajo el criterio del PRI, los terceros nos harían un favor al extraer el crudo y “darle valor”, sin incluir en los costos a las materias primas.

Todo eso tiene el propósito de hacer “borrosas” las propuestas privatizadoras para justificar los contratos de todo tipo, debidamente manipulados.

El PRI distingue entre “contratos de producción compartida” y “contratos de servicio”. Estos últimos, los divide en dos: “los contratos de servicio de riesgo y los contratos de servicio puros”; en el primer caso, las empresas reciben un pago proporcional a la venta (sic) de los hidrocarburos.

Luego, el PRI señala las principales características de los contratos de riesgo, y dice que “a fin de evitar la simulación” se establece en su iniciativa de Ley Orgánica de Pemex que, los contratos, “mantendrán en todo momento, la propiedad de la nación sobre sus hidrocarburos”. Esa es una declaración que el PRI y el PAN reiteran, “el petróleo seguirá siendo de los mexicanos”, dicen, pero su explotación estará a cargo de los capitalistas extranjeros.

El PRI señala que en los contratos, “no se concederá derecho alguno sobre las reservas petroleras, por lo cual los proveedores o contratistas no podrán registrarlas como activos propios”. La experiencia dice lo contrario, eso ha sido motivo de expropiaciones en otros países; la petrolera española Repsol, favorita del PAN, es una de las transnacionales petroleras fraudulentas.

Se indica que “las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo”, que “no se otorgarán derechos de preferencia para la adquisición de petróleo, o para influir en la venta a terceras personas”, que “no se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones estratégicas en las áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la nación”. Eso, en un escenario desintegrador de Pemex, no parece convincente.

También, que “los contratos podrán contemplar cláusulas donde se permita a los contratistas sugerir modificaciones a los proyectos por la incorporación de avances tecnológicos (sic); por la variación de precios de mercado de los insumos o equipos utilizados en las obras, o por la adquisición de nueva información obtenida durante la ejecución de obras”. Esta propuesta se parece a los “contratos de desempeño” propuestos por el PAN, que incluyen a los contratos de riesgo. El PRI enmascara lo que niega, al señalar como razón para que los contratistas “modifiquen” los contratos, “la incorporación de avances tecnológicos”. Esto implica que, como poseedores de la tecnología, según dice el gobierno, las transnacionales serán quienes definan los términos de los contratos.

Según la iniciativa del PRI, los contratos “podrán condicionarse al mayor o menor éxito del proyecto”. Eso es obvio, si las transnacionales encuentran hoyos secos, simplemente no habrá petróleo que extraer. Pero, en el caso de encontrarlo, teniendo el pleno poder para imponer las decisiones que quieran, ¿qué mecanismo propone el PRI para impedirlo? Ninguno.

¿Lo único que se propone es incluir “compensaciones o penalizaciones, como parte de la remuneración? Y, ¿las controversias dónde se resolverán? ¿En los tribunales internacionales?

La iniciativa del PRI señala que “los contratos que no observen las disposiciones anteriores serán nulos de pleno derecho. Las vueltas que da el PRI son innecesarias, nada de lo anterior se cumpliría, insistir en otorgar contratos a las transnacionales es ocioso, además de contravenir a la Constitución, en el párrafo 6o. del artículo 27 constitucional.

Fortalecer a la Sener para (regular) privatizar

El PRI, lo mismo que el PAN, proponen una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para adicionar atribuciones a la secretaría de energía (Sener), exactamente lo mismo. Se trata de la ley que aprobaron los senadores el 17 de abril de 2007, por 94 votos a 0 (cero). Esa iniciativa fue promovida por el senador Francisco Labastida Ochoa (PRI). Ahora, el PRI y el PAN hacen la misma propuesta, de la cual son coautores junto con TODOS los demás partidos.

En esa iniciativa se propone que la Sener “regule” el ahorro de energía y “el desarrollo y uso de fuentes de energía alternos a los hidrocarburos”, es decir, TODAS. ¿Cuáles son esas fuentes alternas? ¡El carbón, el uranio, la geotermia, el agua, el viento, el hidrógeno, la maremotríz, la radiación del Sol! Varias de estas fuentes no están suficientemente desarrolladas pero el PRI, y el PAN, `proponen que ya sean “reguladas” para su privatización.

Tanto el PRI, como el PAN, proponen “fortalecer” a la CRE, la misma que ha desnacionalizado a la industria eléctrica, y a la del gas natural.

Comisión PRIVATIZADORA del Petróleo

El PRI, al igual que el PAN, propone la creación de “la Comisión Reguladora del Petróleo para una efectiva regulación de Petróleos Mexicanos, a fin de proteger el uso de las reservas de hidrocarburos y que se aprovechen al máximo las tecnologías más adecuadas”.

El PRI argumenta que “la experiencia internacional en esta área y la que existe en el país para otros sectores sugiere que el modelo más adecuado es el de un órgano especializado” que “funcione con más independencia que una Secretaría de Estado (sic) y en un ambiente laboral con predominancia técnica”. Según el PRI, “se trata de constituir un cuerpo técnico selecto (sic), no un ente burocrático (sic)”. De acuerdo a las iniciativas del PRI y el PAN, esta Comisión sería la encargada de realizar varias de las funciones actuales de Pemex, relacionadas con la determinación de las plataformas de producción y exportación de hidrocarburos, así como determinar el ritmo de reposición de las reservas, siempre desde un escritorio.

No es cierto que se trate de ninguna “predominancia técnica” sino de un simple aparato con facultades extraordinarias, como dice el propio PRI, “con más independencia que una secretaría de Estado”. ¿Quiénes constituirían a esa Comisión? “Cinco elementos, nombrados por el Ejecutivo Federal”, según la propuesta del PAN y “ratificados por el Senado”, agregó el PRI.

Estos cinco burócratas tendrían como atribuciones principales “regular y supervisar la exploración y explotación del petróleo y el gas”. Para ello, la Comisión “podrá emitir normas, disposiciones, lineamientos, dictámenes, permisos (sic) y autorizaciones (sic)”. Es decir, esta Comisión “reguladora” sería la encargada de darle forma jurídica a la desintegración y privatización de Pemex, mediante el otorgamiento de permisos a los particulares, es decir, a las transnacionales las que, seguramente, “nombrarán” a los cinco comisionados.

Las demás propuestas de la iniciativa del PRI se refieren a adecuaciones a diversas leyes para legalizar la desintegración de Pemex y su privatización.

¡Abajo la iniciativa privatizadora del PRI!

Los anteriores señalamientos, contenidos en la iniciativa del PRI, son suficientes para RECHAZARLA, aún cuando, en la descripción específica de cada ley a reformar existen elementos adicionales que no se mencionan en la Exposición de Motivos. No obstante, la desintegración de Pemex es inaceptable para la nación, ya que, en ese esquema se encubre la privatización furtiva. Si en materia eléctrica ya operan más de 300 transnacionales, tan solo en una fase del proceso de trabajo (la generación), en el caso de Pemex son previsibles al menos 1,000 corporaciones y sus filiales, mismas que operarían al margen y en contra de la nación sin que nadie pueda controlarlas. En ese escenario, Pemex quedaría convertido en una simple agencia otorgadora de contratos, incluso a sus propias “filiales”, las que a su vez, podrán contratar con terceros. Eso no seria PeMEX sino PeUSA.

El otorgamiento de contratos a los particulares, con el disfraz que se quiera, es un hecho contrario a la Constitución y, por tanto, la iniciativa del PRI es inconstitucional. El fortalecimiento de la CRE y la creación de la CRP constituyen una grave violación a la legalidad constitucional pues, esas comisiones de burócratas, tendrían como objetivo el mismo que ya realizan: traicionar a la nación en acatamiento a los dictados de las corporaciones imperialistas.

El FTE rechaza en todos sus términos la iniciativa del PRI e insiste en el llamado a todos los mexicanos (as) a impulsar una fuerte movilización múltiple para impedir la reforma energética neoliberal, tanto del PRI como del PAN. (b194, 2 agosto 2008).