Ley de adquisiciones y servicios
El 22 de abril, mientras las tribunas de las
Cámaras seguían tomadas, los senadores del PRI, el PAN y otros
partidos menores sesionaron en una sede alterna. En unos cuantos minutos
desahogaron 32 dictámenes para aprobar o rechazar iniciativas de ley,
otorgando “dispensa de trámite” a la primera y segunda
lectura para que, sin debate, pasaran a ser aprobadas o rechazadas fast
track. Los legisladores no supieron siquiera que estaban votando. Uno de los
dictámenes fue la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público para que se puedan celebrar contratos en el extranjero. La
reforma está orientada a favorecer alas transnacionales en el contexto de
la reforma privatizadora de Pemex que auspician Calderón, el PRI, el PAN
y el PVEM.
Iniciativa depredadora
El 24 de abril, los legisladores aprobaron al vapor
las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, para privilegiar las compras al extranjero, haciendo a un
lado a las empresas mexicanas, “ya que no importa generar empleo en el
país, sino entregar todo al capital foráneo”,
denunció la senadora del PRD Yeickol Polevnsky.
El día
anterior una reunión de las comisiones de Hacienda y Estudios
Legislativos, se aprobó el dictamen sin que hubiera quórum. De
acuerdo a esta ley, se abren las puertas para otorgar contratos en la compra de
equipos y materias primas fuera del territorio nacional, y con ello
modificarían la disposición actual de privilegiar a proveedores
nacionales.
Polevnsky dijo que esta “iniciativa depredadora”,
que llevará a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas
proveedoras que aún quedan en el país, intentó aprobarse en
la pasada legislatura, pero fue frenada por el entonces presidente de la
comisión de Puntos Constitucionales, Manuel Bartlett (PRI). La senadora
perredista hizo notar que en la Cámara de Diputados logró pasar
esa reforma porque se engañó a los legisladores al incluir un
párrafo en el artículo 42, en el que se asegura que se
fomentará el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas
nacionales al otorgarles cuando menos 50 por ciento de las adquisiciones. La
trampa, agregó, es que en ese mismo artículo se precisa que esto
se dará solamente en “las operaciones comprendidas en los supuestos
de excepción a la licitación pública”. Ello
significa, únicamente, compras de entre 80 y 120 pesos, mientras que las
realizadas al extranjero serán por millones de dólares.
No
obstante, sin que mediara discusión senadores de PRI, PAN y Verde
Ecologista aprobaron las modificaciones legislativas que permitirán al
gobierno federal realizar compras en el extranjero, conforme a leyes
foráneas y un esquema de “subastas de reversa”, un mecanismo
que privilegia al proveedor que más barato cotice.
7ª. Ley privatizadora
México lleva muchísimos años
haciendo compras al extranjero, pero mediante licitaciones internacionales, y no
hay razón para “licitar en otros países, con otras
leyes”. Polevnsky aclaró que se aprobaron cambios a la Ley de
Adquisiciones para abrir las puertas de Pemex a las empresas extranjeras que
cuenten con tecnología que nosotros no tenemos.
Esta ley se
aprobó de mala fe, de manera que, las reformas a la Ley de Adquisiciones
preparan el terreno para que, si el Congreso desecha las cinco iniciativas
petroleras enviadas por Felipe Calderón, Pemex de todos modos pueda
asociarse con empresas privadas.
La medida favorece a los empresarios
salinistas de siempre, las grandes petroleras estadounidenses y
británicas, la española Repsol, así como a George W. Bush,
Dick Cheney y Condoleezza Rice, más la ultraderecha española y el
régimen paramilitar de Álvaro Uribe en Colombia. Con ello, se ha
acelerado de hecho la privatización de Pemex, expresó Polevnsky.
Contratos extranjeros para transnacionales
En la ley aprobada se incluyeron las
“subastas electrónicas” para admitir la posibilidad de llevar
a cabo subastas electrónicas administradas y operadas por particulares.
También se considera la posibilidad de aceptar ofertas de descuentos
subsecuentes de los licitantes.
Según el párrafo segundo
del artículo 16 de la mencionada ley, “cuando los bienes o
servicios hubieren de ser utilizados en el país, y se acredite
previamente que su procedimiento y los contratos no pueden realizarse dentro del
territorio nacional, ... se podrá contratar en el extranjero
...”.
De acuerdo al dictamen de la comisión de la
función pública, por cuanto corresponde a ese “segundo
párrafo, relativo a bienes y servicios contratados en el extranjero, que
serán utilizados o prestados en territorio nacional cuya
contratación no fue posible realizar mediante licitación
pública en el país ... sería posible celebrar contratos al
amparo de la legislación extranjera del lugar donde se formalice el acto
...”. Esto es, se indica claramente que los contratos que se celebren en
el extranjero se elaborarán conforme a las leyes del lugar de su
formalización.
Esas disposiciones se aplicarían en el caso
de las reformas legislativas privatizadoras de Pemex. En la ley recién
aprobada, para aplicar el artículo 16, los legisladores hicieron una
restricción para indicar que los contratos en el extranjero se
harían “solo cuando se acredite que ni su procedimiento ni los
contratos se pueden realizar dentro del territorio nacional”.
Bastaría reiterar lo que dice con insistencia por el gobierno, es decir,
“no tenemos tecnología para explorar en aguas profundas” para
que la “restricción” de los legisladores quede hecha trizas.
Otra “restricción” consiste en que aún cuando
el contrato “se celebre en el extranjero y se elabore conforme a las
legislación extranjera”, la procedencia de adjudicar el contrato
“debe sujetarse a los principios” de la legislación mexicana.
En el caso de la privatización petrolera propuesta por el gobierno, la
burocracia no tendría ningún problema para invocar un
“previo dictamen de excepción” pues siempre dirá que
el contrato se hace en los términos de la legislación nacional,
máxime que, de acuerdo a las reformas inconstitucionales en materia
petrolera, Pemex podría realizar TODO tipo de contratos muchos de ellos
por asignación directa y sin licitación pública.
El
objetivo del gobierno y legisladores del PRI, PAN y PVEM es seguir insistiendo
en la privatización furtiva e inconstitucional de Pemex. En el caso de la
presente Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector
Público se favorece a las transnacionales petroleras pues con
éstas se pretenden celebrar contratos para la exploración y
producción de petróleo crudo y gas natural, especialmente en las
aguas profundas.
El FTE de México rechaza las acciones de los
legisladores proclives a la privatización de Pemex. Con sus
antinacionales hechos, refuerzan la necesidad de llevar adelante nuestra
propuesta: ¡Re-nacionalización Energética!
Frente de
Trabajadores de la
Energía,
de
México
Comisión de Energia