Organización obrera afiliada a la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

¿Productividad, flexibilidad laboral, “diablitos”?

La reciente revisión contractual entre Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) culminó con la firma de un convenio para la Reestructuración Integral de LFC. Este es un convenio adicional al de la revisión contractual. Se indica que el convenio es para “mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público de energía eléctrica que tiene encomendado desarrollar en la zona central del país”. Para lograr lo anterior, “es necesario establecer las bases para el incremento de la productividad y competitividad del organismo”, se dice. ¿La propuesta la hizo la empresa o la representación sindical? ¿Se trata de una propuesta patronal o existe un proyecto sindical propio?

Compromisos de corto plazo

El convenio incluye diversas cláusulas. De acuerdo a la “PRIMERA.- Las partes acuerdan la adopción de indicadores y metas de productividad globales y de área, con objeto de mejorar el desempeño del organismo, mismos que se señalan en el Anexo de este Convenio”.

Se trata de 26 Indicadores que incluyen la Unidad de medida (en horas y días) y las Metas (para los años 2008-2012) con una disminución drástica del tiempo para la realización de los trabajos, un aumento en la atención a usuarios y una disminución en los costos de transmisión, distribución, subestaciones y administración.

Se dice en el convenio que “Los nuevos indicadores y metas estarán sujetos, en su caso, a los planes y programas para el desarrollo de la infraestructura requerida para la prestación del servicio público de energía eléctrica con un alto nivel de confiabilidad, así como a la reingeniería de los procesos de trabajo y la selección e implantación de los adelantos tecnológicos que permitan el mejor desempeño del organismo y al suministro de recursos materiales indispensables”.

De acuerdo a la cláusula “SEGUNDA.- Las partes acuerdan que en un plazo no mayor de 60 días naturales, se instalará la mesa de trabajo de la Comisión Mixta Permanente de Productividad, misma que habrá de definir las nuevas metas globales y por área, así como la metodología de implantación y evaluación de los indicadores y metas”.

Para lograr lo anterior, se llevará a cabo una reingeniería en LFC, según la cláusula “TERCERA.- Las partes acuerdan ampliar la cobertura del Convenio de Colaboración celebrado entre LyF y el Instituto Politécnico Nacional el 15 de septiembre del 2006, a efecto de llevar a cabo una reingeniería de todos los procesos de trabajo del organismo. A partir de los resultados así obtenidos, las partes están de acuerdo en reestructurar orgánicamente a LyF, mediante la revisión de los convenios y acuerdos departamentales correspondientes”.

“Una vez que se conozcan los resultados de la reingeniería de procesos del organismo y, como consecuencia de ello, se determinara, en su caso, que los procesos pueden ser desarrollados con un menor (sic) número de trabajadores en las respectivas áreas, el personal que quede sin actividad será reubicado en aquellas áreas que requieran más personal en términos del propio proceso de reingeniería, previa capacitación”.

“Con la finalidad de garantizar el empleo y evitar separaciones, las partes acuerdan que el personal que no pueda ser reubicado conforme al párrafo anterior, pasará a ocupar las vacantes que se generen con motivo de la jubilación (sic) de trabajadores, previa la capacitación correspondiente y los movimientos de personal a que haya lugar, en la inteligencia de que la plaza que deje el trabajador que sea reubicado no genera una vacante”.

En términos de la “CUARTA.- Las partes se obligan en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la fecha de firma de este Convenio, a presentar un programa para revisar todos los convenios y acuerdos departamentales, a fin de elevar la productividad de los trabajadores”.

El compromiso para elevar la productividad es de muy corto plazo. Todos los rezagos habidos por muchos años tendrán que resolverse en unos cuantos días.

Según la cláusula “QUINTA.- Con el propósito de mejorar la atención de los usuarios, dar seguimiento en tiempo real a todas las actividades del proceso comercial, así como reducir significativamente el valor de las pérdidas no técnicas, las partes acuerdan iniciar la implementación del nuevo sistema comercial diseñado por el Instituto Politécnico Nacional, en un plazo no mayor de 120 días”.

La reducción de pérdidas no técnicas no es un asunto sencillo, en ninguna parte del mundo, menos en la ciudad de México dónde el crecimiento y desarrollo social es tan desigual y desordenado.

De acuerdo a la cláusula “SEXTA.- El Sindicato se compromete a coadyuvar con LyF en el objetivo de disminuir las pérdidas de energía no técnicas, hasta alcanzar al 30 de noviembre de 2012, un nivel de pérdidas similar al resto del Sector Eléctrico Nacional”.

El plan para la reducción de pérdidas técnicas implica un compromiso permanente. De aquí al 2010, el gobierno insistirá en lo mismo aplicando amenazas y chantajes.

Se indica en la cláusula “SÉPTIMA.-El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procederá a la asunción de la deuda de LyF. Para tal efecto, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de firma del presente Convenio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asumirá el equivalente al diez por ciento de dicha deuda y, el remanente, se reducirá proporcionalmente al cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas consignadas en el punto 13 del Anexo del presente Convenio”.

Esto es, el gobierno asumiría la reducción inicial del 10% de la deuda de LFC pero sujetará dicha reducción al cumplimiento de las metas para la reducción de pérdidas. Eso implicaría que la deuda “histórica” continuará, y las amenazas, también.

La siguiente cláusula indica promesas difíciles de cumplir. “OCTAVA.- El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía, convocará en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de firma de este Convenio, a la instalación de una mesa de trabajo con la participación de la Comisión Federal de Electricidad, LyF y el Sindicato, a fin de revisar el contrato de compraventa de energía celebrado entre ambos organismos públicos el 23 de febrero del 2000, con la finalidad de disminuir el precio de la energía en bloque”.

La CFE no está en condiciones de disminuir el precio de la energía en bloque que suministra a LFC toda vez que se ha venido convirtiendo en una empresa REVENDEDORA de la energía que crecientemente generan las transnacionales.

Según la cláusula “NOVENA.- LyF se compromete a preparar la ingeniería conceptual para la construcción de una central de ciclo combinado en los terrenos de la central termoeléctrica Ing. Jorge Luque Loyola, y a licitar la elaboración del proyecto de ingeniería básica, de ingeniería de detalle y las bases de licitación respectivas”.

“Preparar” la ingeniería conceptual NO implica “realizarla”. Seguramente, LFC se limitará a definir los términos para la licitación de la central y la contratación de la ingeniería, construcción, montaje electromecánico y puesta en marcha. Además, ¿porqué debe ser una central de tipo ciclo combinado a base de gas natural, mismo que no se produce suficientemente en el país sino que lo importa CFE a través de las transnacionales y cuya política ha sido cuestionada por los propios electricistas. O, ¿ya cambio esa política que tanto criticamos en la CFE?

Se indica, también que “De igual forma y con objeto de dar cumplimiento a la transitoria cuarta de la cláusula 10 del Contrato Colectivo de Trabajo, LyF se compromete a llevar a cabo los estudios para la repotenciación de la central hidroeléctrica de Necaxa y preparar la ingeniería conceptual, con objeto de licitar la ingeniería básica, la ingeniería de detalle y las bases de licitación. Lo anterior se deberá llevar a cabo durante el año 2009”.

Repotenciar a la central hidroeléctrica de Necaxa es correcto pero, ¿porqué a través de contratistas? ¿Acaso no hay recursos propios en la industria nacionalizada? Licitar significa contratar. ¿Ya no está vigente la lucha contra el contratismo?

De acuerdo a la cláusula “DECIMA.- Con el propósito de facilitar el acceso a la Sociedad de la Información, a precios y calidad competitivos en la zona de influencia de LyF, las partes se comprometen a realizar en forma conjunta los estudios de factibilidad técnica, jurídica y económica para gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la obtención de una concesión de red pública de telecomunicaciones, para la prestación de servicios de transmisión de voz, datos y video, a través de una filial de LyF creada para ese fin, aprovechando la infraestructura del organismo”.

La propuesta es loable en sus declaraciones pero limitada a una promesa para realizar “estudios”. Si se considera la experiencia de la CFE en ese rubro, los resultados serían desfavorables.

Implicaciones

Los compromisos pactados entre LFC y el SME son del interés de la sociedad mexicana. Los sindicatos son ORGANISMOS DE INTERES SOCIAL. Esto es más en el caso de las empresas estatales, cuya propiedad es de la nación, no del Estado ni del gobierno, ni de las administraciones en turno. En el caso eléctrico el interés de la nación es mayor por tratarse de un servicio público.

En el presente caso, el sindicato propuso la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo para el período 2008-2010. Los aspectos salariales y de prestaciones sociales fueron resueltos de acuerdo a los “parámetros” establecidos por la política salarial del gobierno en turno. Sin embargo, sin que fuera motivo de la revisión, se acordó un convenio de productividad, re-estructuración de la empresa y otras cuestiones, mismas que NO eran parte del proyecto de revisión.

En medio de una agresiva campaña de medios, el gobierno destinó cuantiosos recursos para desprestigiar al sindicato auspiciando una percepción “torcida” entre la población. En varios sectores, la sucia campaña tuvo los efectos deseados por el gobierno, sin que hubiera habido respuesta sindical apropiada. El objetivo político es claro. Se trata de la misma estrategia seguida en otros países (p.e., en Perú durante la época de Fujimori) consistente en mentir hasta el hastío para concitar el rechazo de la sociedad contra los trabajadores y, luego, imponer las privatizaciones.

En el caso de México, la privatización eléctrica está en marcha desde 1992, cuando Salinas de Gortari impuso ilegales reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, contando con el apoyo de Jorge Sánchez, exsecretario general del sindicato, y otros. Hoy, la privatización eléctrica (a octubre de 2007) llega al 43% de la generación eléctrica total a nivel nacional, en todas las modalidades de generación privada.

¿Cuál es el propósito político del gobierno? Sacar al sindicato de la resistencia popular en contra de la reforma energética, que incluye la privatización petrolera y de TODAS las fuentes alternas a los hidrocarburos (carbón, uranio, agua, geotermia, mareas, radiación solar e, incluso, agrocombustibles). La representación sindical, que no dio respuesta adecuada a la campaña del gobierno, podrá hacer las declaraciones que quiera ante los medios, en los hechos se ha “cortado las alas” con base, solamente, en el “interés” gremial.

Las implicaciones del convenio firmado interesan a todos los trabajadores. El convenio firmado, referido a la “productividad”, es lo mismo que el Estado ha impuesto en otras áreas del sector energético. En el presente caso, siendo parte de la misma industria, no se puede comparar a la CFE con LFC. Sin embargo, se acordó equipararlas en cuanto a productividad. ¡Muy bien! ¿Con qué medios, con qué recursos? ¿será de acuerdo a la propuesta sindical o patronal?

La modalidad a seguir está basada en una re-ingeniería, concepto patronal, a cargo del Instituto Politécnico Nacional (IPN). ¿Porqué? ¿Acaso no hay en LFC recursos humanos capaces de proponer la Re-organización del trabajo, concepto sindical? ¿Quién conoce mejor el trabajo que los propios trabajadores? El IPN es una institución respetable pero alejada de sus deberes tiempo ha. Lo que procedería es un convenio de colaboración entre LFC y el IPN, cuestión muy diferente a que, desde el exterior, se defina el trabajo que, en el interior, deberán realizar los trabajadores. Es evidente que se trata de una imposición patronal ante la carencia de propuestas sindicales.

Con anterioridad, se tuvo la nefasta experiencia con Unión FENOSA que se limitó a preguntar a los trabajadores lo que sabían para, luego, proponer que lo hicieran (sic). Esta vez será algo similar, en “todos los procesos de trabajo” que es UNO solo, las demás son fases que integran al proceso de trabajo. Más aún, éste debe considerarse a nivel nacional, las fases que realiza LFC son parciales y fragmentadas. ¿Esos aspectos serán considerados por el IPN? ¡No!, porque se carece de una visión integral de la industria eléctrica nacionalizada.

Las propuestas del convenio son productivistas, eficientistas y patronales. En el convenio se pactó la “flexibilidad laboral” consistente en realizar el trabajo con menor número de trabajadores y reubicar a los que no funcionen o no sean necesarios; éstos podrán ocupar solo las vacantes que dejen los trabajadores que se jubilen. Eso significa la contracción de la plantilla laboral. Por lo demás, la capacitación que se propone es parte de la llamada “cultura laboral” propuesta por Carlos Abascal, exfuncionario foxista, pues, según se indica en el convenio, la capacitación será “para que el personal desarrolle y ejecute nuevas y múltiples funciones”, es decir, “la flexibilidad”.

Esta “flexibilidad” es el mismo concepto que se propone en la Reforma Laboral auspiciada por los patrones y gobierno neoliberal. ¿Cómo seguir oponiéndose a este proyecto cuándo ya está firmado? Por más declaraciones que haya, no habrá coherencia política. Esto afecta no solo al sindicato sino a todo el movimiento sindical en su conjunto.

Se plantea en el convenio un plazo de 120 días para iniciar un nuevo sistema comercial tendiente a reducir el valor de las pérdidas no técnicas. De acuerdo a la empresa, se trata de una política “diablera” consistente en evitar que algunos usuarios se “cuelguen” de las redes mediante “diablitos”. LFC inició de inmediato una campaña, a través de Internet y en sus propios vehículos “amenazando con cárcel” a quienes lo hagan pues considera que eso es un delito. ¿Qué seguirá después? ¿Cortarles al servicio a los “ilegales”? ¿A quiénes, a los grandes empresarios o al ambulantaje y colonias proletarias? ¿Quién hará esos cortes? ¿El personal de confianza o los trabajadores sindicalizados?

El objetivo patronal consiste en enfrentar a los trabajadores con la población. La política de fondo NO puede ser “diablera”, la política de los electricistas democráticos está en la INTEGRACION INDUSTRIAL interrumpida violentamente en 1976. ¿La representación sindical tiene alguna política al respecto? ¡Ninguna! Hoy la situación se complica más por el avance incontenible de la privatización eléctrica pero la necesidad de la INTEGRACION ELECTRICA sigue vigente.

El convenio pactado plantea un evidente chantaje del gobierno relacionado con la deuda “histórica”, misma que se sujeta al cumplimiento de las metas de reducción de pérdidas. La disminución del precio de la energía comprada por LFC a la CFE es irreal, máxime que LFC no compra solamente a CFE sino a generadores privados. Lo más grave es que por las redes que opera LFC fluye la electricidad generada y comercializada por las transnacionales a través del falsamente llamado “autoabastecimiento remoto”. Al respecto, ¿se dice algo en el convenio firmado? ¡Nada!

Por lo demás, construir una nueva planta generadora, o la repotenciación, por parte de los contratistas no representa ninguna política correcta. Lo adecuado es la realización de la ingeniería (en todas sus modalidades y especialidades) por administración directa. Sin embargo, a LFC se le reduce a ejecutar obras solamente para subestaciones y línea de transmisión.

¿Quién propuso el convenio?

Si el mencionado convenio NO era parte del proyecto de revisión, ¿porqué fue acordado? ¿quién lo propuso? Si fue la empresa y el gobierno, se trata de una imposición que, antes de aceptarse, debió ser consultado a la base trabajadora. ¿Se hizo?

Si el convenio lo propuso la representación sindical, ¿fue consultada la base? ¿ésta lo aceptó? Proponer un convenio de este tipo, así hubiera sido en medio de la severa campaña contra el sindicato, no fue la mejor salida. Reorganizar el trabajo, no solo en LFC, sino en toda la industria eléctrica nacional es una necesidad pero, para ello, se precisa de una propuesta propia.

Un "convenio de colaboración entre LFC y el IPN" es lo que firmaron de manera tripartita LyFC-SME e IPN. Dicho convenio venía fraguándose hacía tiempo (desde la salida de Fenosa, y de manera directa entre LyFC-IPN). Luego, la representación sindical intervino. En la contratación los agarraron en falso, ampliando el alcance del convenio e imponiendo plazos "fatales". La propuesta fue presentada de último minuto a la Legislativa de Contrato nada más, pero jamás a la base. Es a posteriori que la representación sindical impulsa asambleas departamentales para recabar la aprobación al convenio.

Lo que procedía era solicitar el apoyo del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y, a través de éste, del IPN, la UNAM, la UAM y todas las instituciones de enseñanza superior y centros de investigación.

Independientemente de quién o quienes hayan propuesto el tal convenio, éste no resuelve los problemas de fondo ni siquiera los inmediatos. Ahora, ¿qué pasará? Los plazos fijados son perentorios. ¿Se dejará pasar el tiempo “nadando de a muertito”? ¿se pospondrá la reorganización del trabajo con base en una propuesta propia? ¿existe tal propuesta? ¿se aplicará el convenio tal como fue firmado? ¿los trabajadores permitirán las nuevas reglas, serán partícipes de la reorganización o solo serán obligados a apoyarlo? En la vida hay dos opciones. Unas, que el tiempo resuelve y, otras, que ni el tiempo resuelve. Todo depende la existencia o carencia de una política clasista propia, democrática e incluyente. Los problemas obreros solamente se resuelven con la socialización de la información, así como, la participación y toma de decisiones colectivas.

Finalmente, el convenio de marras podrá cumplirse o no, el problema es el manejo político impuesto por el gobierno y la empresa. Aceptar esa política no sería conveniente.

Por lo pronto, es previsible que el sindicato se mantenga al margen de la movilización popular en contra de la reforma energética privatizadora de Pemex y de TODAS las fuentes alternas a los hidrocarburos. Acción colectiva no habrá, en el mejor de los casos se producirán algunas declaraciones de banqueta ante los medios.

Trabajadores electricistas mexicanos de líneas aéreas