El PAN provoca a la nación
Privatización ampliada
El PAN tiene preparada una propuesta de reforma
energética para ser presentada al Senado de la República en
cualquier momento. Esa propuesta, incluye modificaciones a diez leyes
secundarias e introduce la figura de “servicios ampliados” para
permitir la participación de la iniciativa privada en casi todo el
proceso de trabajo. Se indica que “sin que se comprometa la renta
petrolera”, sin embargo, se trata de la privatización total de
Pemex, adornada y “ampliada”.
En el proyecto de
“iniciativa” de reforma energética que el Partido
Acción Nacional (PAN) presentaría al Senado se propone modificar
un paquete de leyes secundarias, entre otras, la Ley de Adquisiciones y de Obras
Públicas, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, la
Ley de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de
Derechos, y la Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo. Es decir, se trata del mismo paquete que había
preparado y cabildeado Francisco Labastida, senador del PRI.
En los
discursos, el gobierno habla de información, debate y consulta previas
pero, en los hechos, procede a imponer compulsivamente una reforma
energética que la gran mayoría de mexicanos rechazamos. Los
procedimientos del gobierno han sido la costosa campaña televisiva, el
apoyo del clero católico, la compra de legisladores y gobernadores,
chantajes para aumentar los impuestos y reducir el gasto público si el
pueblo sigue rechazando la privatización, la provocación contra la
resistencia civil pacífica y, ahora, la imposición de una
iniciativa completamente privatizadora de Pemex.
Es evidente que al
gobierno de la ultraderecha no le interesan los argumentos ni las razones, su
política es explícitamente entreguista para ceder a las
corporaciones imperialistas, las funciones estratégicas de la industria
petrolera nacionalizada y los recursos energéticos primarios propiedad de
la nación. Estas acciones se llevarían a cabo a través de
reformas a la legislación secundaria, mismas que sería ilegales
por inconstitucionales ya que contravienen a la
Constitución.
Se insiste en la “autonomía de gestión”
En la iniciativa
que propone el PAN se dice que “la autonomía de gestión de
Petróleos Mexicanos (Pemex) se daría en forma gradual, en un plazo
de cinco años; se crearía el consejo del petróleo, con
nueve consejeros autónomos provenientes de instituciones
académicas y científicas”.
En esencia, lo que importa
al gobierno es desincorporar a Pemex del Estado otorgándole una supuesta
“autonomía” para que las cúpulas decidan,
unilateralmente, las inversiones privadas. La creación del Consejo del
Petróleo es una figura para darle forma jurídica a las decisiones
políticas previas. Los consejeros “autónomos” no
serían sino representantes de los inversionistas.
Las nuevas
“modalidades” que propone el PAN tienden a “convencer”
al PRI pues, ambos, comparten las mismas propuestas que son,
explícitamente, privatizadoras.
Ahora “servicios ampliados”
En el proyecto del PAN (y PRI), anunciado el 8 de
abril, se dice que “con los cambios a diversas leyes se
posibilitaría a Pemex tomar sus propias decisiones en materia de
inversiones”, y se indica que, al introducir la nueva figura de
“servicios ampliados” la iniciativa privada podría participar
en casi toda la cadena del proceso petrolero, desde la exploración en
aguas profundas, someras y superficiales; la extracción,
producción, refinación y mantenimiento a través de
licitaciones públicas, casi como ya ocurre ahora (sic). Se trata de una
propuesta, a todas luces, privatizadora.
Esto es, no hay ningún
cambio a las propuestas previas, se trata de la privatización TOTAL de
Pemex. El gobierno ha venido tratando de engañar a la nación
utilizando términos borrosos para evitar llamarle a la
privatización por su nombre. Apertura, acompañamiento,
autonomía, alianzas, contratos de riesgo, contratos de servicios
múltiples (CSM), contratos de servicios integrados (CSI), han sido
expresiones que no le han funcionado. Ahora, propone los contratos de
“servicios ampliados” (sic).
Con cualquier terminajo la
propuesta esencial es la misma: pri-va-ti-zar TO-DO. Los Contratos de Servicios
Ampliados (CSA) están orientados a la participación del capital
privado en la exploración (en aguas superficiales, someras y profundas),
la explotación (producción), y la refinación. Actualmente,
el sector privado (transnacional) ya participa en la petroquímica e
importantes funciones relacionadas con el gas natural (asociado y seco). De
manera que la propuesta del PAN significa la privatización de TODO el
proceso de trabajo petrolero, es decir, la desnacionalización de
Pemex.
El PAN indica que “en la nueva modalidad de contratos
ampliados se descarta la entrega de la renta petrolera, pues en ningún
caso se pagaría a inversionistas privados con petróleo, al prever
que en las licitaciones quedaría claro que cobrarían por servicio
cumplido y no por servicio prestado”.
Ese partido intenta
“pasarse de listo” para seguir engañando a la nación.
Se dice que se descarta “la entrega de la renta petrolera”,
entonces, ¿de dónde se obtendrían los ingresos para pagar a
los inversionistas? Señalan que, no se pagaría a éstos con
petróleo, entonces, sería con dinero probablemente, ¿de
dónde saldría ese dinero sino del petróleo? Por lo
demás, las “licitaciones” serían para las
transnacionales, p.e., en el caso de las aguas profundas del Golfo. ¿Esos
servicios “prestados” no serían también
“cumplidos” y viceversa? ¿Apoco cree el PAN que las
transnacionales perforarían en aguas profundas sin ninguna
garantía, que no cobrarían por encontrar “hoyos secos”
o que, de encontrar aceite, se limitarían a cobrar la renta de sus
equipos y tecnología asociada? Eso, simplemente, no es creíble.
Privatización total de Pemex
En su propuesta, el PAN indica que las
“licitaciones” incluirían “la exploración en
aguas profundas, la extracción, la producción, la
refinación y el mantenimiento”, es decir, TODO. Eso quiere decir,
que si las transnacionales encuentran crudo (y gas) los contratos no se
limitarían a la exploración y a la perforación sino a la
extracción, es decir, “producción”. Todo eso
está explícitamente prohibido por la Constitución, ya que,
se trata de funciones estratégicas reservadas al Estado de manera
exclusiva.
Con la nueva modalidad, los CSA no serían otra cosa
sino la más descarada privatización, llámenle como quieran.
Estas medidas serían, desde luego, ilegales por inconstitucionales. Para
imponer los CSA, los legisladores tendrían que reformar la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo. Tal reforma
contravendría a la Constitución. Hacerlo de facto
implicaría, asimismo, la ruptura de la legalidad constitucional, al igual
que ocurre con los CSM y los CSI.
El FTE de México rechaza la
propuesta privatizadora del PAN y llama a los mexicanos (as) en lucha a redoblar
unitariamente las acciones en todo el territorio nacional.
EL PAN propone el
regreso de las compañías extranjeras
Comisión de Energia