Iniciativas privatizadoras de Pemex
Propuesta privatizadora
El 8 de abril, Georgina Kessel, secretaria de
energía del gobierno usurpador, entregó al Senado la propuesta
formal de las iniciativas de reforma energética neoliberal. La
intención era que tales iniciativas fueran presentadas al pleno el
siguiente día. Luego, sería turnada a las comisiones de
energía y asuntos legislativos. La iniciativa plantea la PRIVATIZACION
furtiva de Pemex.
De entrada, la iniciativa enviada por Calderón
propone la “autonomía de gestión para Pemex”. En el
discurso, se reitera que “Pemex no se privatiza” y que “la
reforma busca fortalecer a Pemex”. Las propuestas, sin embargo, proponen
la privatización explícita y tramposa.
Como habíamos
venido denunciando, la propuesta de privatización es NO constitucional,
es decir, la Constitución no se modificaría pero sí la
legislación secundaria que incluye a la Ley Orgánica de Pemex, la
Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de la
Comisión Reguladora de Energía, una nueva Ley de la
Comisión del Petróleo y, por supuesto, la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Esto hace que
tal reforma sea, de origen, ilegal por inconstitucional.
La iniciativa
propone un “régimen de gobierno corporativo” para la
paraestatal, así como, la “regulación” de sus esquemas
de operación que incluye la exploración y producción de
petróleo crudo. Una nueva facultad de Pemex sería la
emisión de “bonos ciudadanos”.
Ley Orgánica de Pemex
En la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de
Pemex, en primer término se propone la falsamente llamada
“autonomía de gestión” para que las cúpulas
decidan unilateralmente el otorgamiento de contratos y las inversiones privadas.
Luego, se proponen integrar al Consejo de Administración de Pemex, a
“cuatro consejeros profesionales designados por el Ejecutivo
federal”. Se dice que todos los consejeros “se conducirán con
absoluta autonomía e independencia en la toma de sus
determinaciones”. Seis consejeros serán designados por el ejecutivo
federal y cinco por los charros sindicales del STPRM.
La iniciativa
insiste en “un nuevo marco jurídico” aplicable a Pemex. Los
“bonos ciudadanos” se consideran como “títulos de
crédito” que podrán ser adquiridos por personas
físicas, Afores, sociedades de inversión u otros intermediarios
financieros.
Las contrataciones quedarían a cargo del Consejo de
Administración. Se incorporan “adjudicaciones directas y
procedimientos de invitación restringida”. Un rubro especial son
los contratos para exploración y extracción de petróleo
crudo. En estos casos, “el contenido como su precio” de los
contratos serán “determinados en el curso de su
ejecución”. Allí entran, disfrazados los contratos de
riesgo. La intención es obvia, se trata de disfrazar “la
entrada” de las transnacionales.
De acuerdo a las disposiciones
transitorias en materia de presupuesto, Pemex “podrá emplear hasta
el 25% de sus excedentes de ingresos propios o hasta 12,500 millones de
pesos” para incrementar su gasto de inversión, mantenimiento y
operación. Es decir, prácticamente nada. Se prevé que Pemex
utilice hasta 15,000 millones de pesos que sería casi nada. El
régimen fiscal no se toca.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
El gobierno señala cuatro áreas de
explotación petrolera, a saber, la exploración y desarrollo de
recursos prospectivos (sic), es decir, petróleo NO descubierto, en las
cuencas del Sureste, la explotación de campos abandonados, el desarrollo
del paleocanal de Chicontepec y la exploración y desarrollo de las aguas
profundas del Golfo de México. Este es el punto clave.
El
interés del gobierno está en el último rubro, los
demás los considera muy limitados. Para garantizar las actividades de
exploración y explotación, el gobierno considera que debe
fortalecerse a la Secretaría de Energía (Sener) para que tome
decisiones fundamentales.
En consecuencia, se propone la reforma al
artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, en diversas fracciones, tales como:
III. ...
autorizar la exploración, explotación y transformación de
los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica y
nuclear...”;
V. Promover la participación de los
particulares en las actividades del sector ....;
VII. Otorgar y revocar
concesiones, permisos y autorizaciones en materia energética, incluyendo
las de los principales proyectos y las de los trabajos del sector
...;
XII. Regular y promover el desarrollo y uso de fuentes de
energía alternas a los hidrocarburos.
XIII. Determinar la
plataforma de producción petrolera y el ritmo de reposición de
reservas de hidrocarburos;
XVII. Determinar las reservas de
hidrocarburos, conforme a las certificaciones correspondientes y a los estudios
de evaluación y cuantificación de las mismas.
Esto es, la
iniciativa de reforma energética del gobierno propone
“regular” (privatizar) a TODAS las fuentes de energía
“alternas” a los hidrocarburos. Esto incluye al petróleo, el
gas, el carbón, el uranio, el viento, la geotermia, el agua, los mares e,
incluso, a la radiación del Sol (sic). Se trata de un proceso de
privatización energética furtiva, a través del otorgamiento
de permisos privados, a cargo de burócratas menores y reglamentaciones
inconstitucionales.
Ley de la Comisión Reguladora de Energía
Promulgada en 1995,
con esta Ley se otorgaron a la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) un conjunto de facultades para otorgar permisos privados en materia de
generación eléctrica y gas natural. Al momento, el 43% de la
industria eléctrica es privada, así como la distribución,
transporte, almacenamiento de gas natural, distribución de gas LP y
transporte por ductos. Además, están los contratos (privados) para
la exploración y explotación del gas seco, así como, la
perforación de pozos petroleros.
Ahora, el gobierno propone
fortalecer a esta Comisión privatizadora. De manera especial, se propone
que la CRE se encargue de “las atribuciones regulatorias derivadas de
cambios a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo, en materia de transporte, almacenamiento y
distribución de petrolíferos y petroquímicos
básicos, que permitirían la participación de particulares
en estas actividades”.
Esto significa la entrega al capital privado
de la red nacional de ductos, poliductos y gasoductos. La CRE regulará,
también, lo concerniente a los agrocombustibles.
La actual Ley de
la CRE se modificaría en el artículo 2º. otorgándole
funciones adicionales de regulación que incluyen:
V. Las ventas de
primera mano que se obtengan de la refinación del petróleo, de gas
y de los petroquímicos básicos ...;
VI. El transporte y
distribución de gas, de los productos que se obtengan de la
distribución del petróleo y de los productos petroquímicos
básicos, que se realicen por medio de ductos, así como el
almacenamiento de dichos productos;
VII. El transporte y
distribución de los biocombustibles que se realice por medio de ductos
así como el almacenamiento de los mismos.
Estas nuevas funciones
de la CRE implican que ésta Comisión podrá seguir
contraviniendo a la Constitución, ahora en actividades relacionadas con
la refinación del petróleo, mediante ilegales figuras de
permisionarios privados en materia de refinación, similares a las
actualmente existentes en materia de gas natural y generación
eléctrica.
Ley de la Comisión del Petróleo
A efecto de concretar la
privatización petrolera furtiva, el gobierno propone la Ley de la
Comisión del Petróleo, nueva entidad privatizadora similar a la
CRE pero especializada en las actividades estratégicas de
exploración y explotación de petróleo crudo y gas
asociado.
El gobierno argumenta la necesidad de “mantener la
producción de hidrocarburos en el mediano plazo” con énfasis
en la exploración y producción de los mismos. Para concretar los
planes, se invocan otras experiencias internacionales como Noruega, Reino Unido,
Brasil, Colombia y Canadá, todas experiencias privatizadoras.
Ante
todo, esta nueva Comisión del Petróleo (CP) se encargaría
de “la regulación y supervisión de las actividades de
exploración y producción” (sic), esto es, la
privatización de dichas actividades pues, en la política
neoliberal, regulación y privatización son
sinónimos.
Esta Comisión intervendrá en las
decisiones para la ejecución de “proyectos de inversión en
servicios y obras que realice Pemex, por medio de la evaluación de los
mismos y del otorgamiento o revocación de permisos para su
ejecución, funcionamiento o desmantelamiento de obras”.
Las
facultades de esta Comisión serían, entre otras:
I. Apoyar
a la Sener en la determinación de la plataforma de producción
petrolera y en el ritmo de reposición de reservas de
hidrocarburos;
II. Presentar dictamen ... de la cuantificación de
las reservas de hidrocarburos;
IV. Proponer... lineamientos referentes a
los parámetros técnicos de los proyectos de inversión en
exploración y explotación ...
V. Otorgar y revocar los
permisos para la ejecución, funcionamiento y desmantelamiento de obras y
trabajos relacionados con la exploración y explotación de los
hidrocarburos ....
Al igual que la CRE, la nueva Comisión
estaría integrada por 5 burócratas menores.
De esta manera,
para realizar sus propias funciones (exploración y producción),
Pemex deberá obtener un permiso de ésta Comisión. No nada
más, ésta CP podrá otorgar permisos a permisionarios
privados para que realicen las funciones constitucionales de Pemex. Esto
significa, sin ninguna duda, la privatización inconstitucional del
petróleo crudo al entregarle al sector privado (transnacionales y sus
filiales) las funciones constitucionales
estratégicas.
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo
El centro de la propuesta de la reforma
energética neoliberal es la Ley Reglamentaria en el Ramo del
Petróleo. La argumentación del gobierno es simplista. Sin
argumentación, considera que “es necesario transformar el marco
regulatorio que rige a la industria petrolera nacional”. Es decir, se
estima que la Constitución es un estorbo y se procede a la
privatización al margen y en contra de ésta.
A
continuación se describen las características de los yacimientos
del territorio nacional. Nuevamente, el énfasis se pone en la
exploración y explotación del crudo. Se reitera que la
opción son las aguas profundas del Golfo de México, incluyendo a
los yacimientos transfronterizos (sic).
Se declara que el objetivo es
“fortalecer a Pemex” y, de inmediato, se propone “permitir a
la empresa aprovechar de manera más eficiente el apoyo de
terceros”, es decir, de transnacionales, “dándole oportunidad
de diseñar mecanismos de colaboración” (sic) “que
conduzcan a reducir costos de operación y que propicien el mejor
desempeño posible de las empresas participantes”. Se indica
“la prohibición de comprometer la propiedad del hidrocarburo o el
control de las actividades en exploración y desarrollo de recursos
petroleros”. Estas reformas a la Ley reglamentaria petrolera implican
regresiones mayores a las de 1995 pues, ahora, se extienden al petróleo
crudo.
Privatización petrolera furtiva
En la iniciativa de reforma a la Ley reglamentaria, de
entrada, se vuelve a redefinir a la industria petrolera suprimiendo las fases
del proceso de trabajo actualmente privatizadas de acuerdo a las reformas
regresivas de 1995, mismas que ahora se legitiman. Es decir, la
distribución, transporte (público y usos propios), almacenamiento,
distribución de gas LP, transporte de gas por ductos, NO se considera
parte de la industria petrolera. La llamada petroquimica secundaria tampoco se
incluye. Todo, absolutamente todo, lo que ha privatizado la CRE se considera
legalizado.
La privatización se propone explícitamente en
el nuevo artículo 4º. que indica “Petróleos Mexicanos,
sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, podrán (sic)
realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de
gas, de los productos que se obtengan de la refinación del
petróleo de petroquímicos básicos”. Esta propuesta es
violatoria de la Constitución pues, las funciones de referencia son
materia exclusiva del Estado a través de Pemex. Ahora, mediante una ley
secundaria se está proponiendo la privatización de esas
funciones.
En el párrafo 2º. del mismo nuevo artículo
4º. se reafirma lo anterior. Se indica que Pemex y sus organismos
subsidiarios “podrán contratar con terceros los servicios de
refinación de petróleo”.
Eso se llama
privatización y es violatorio de la Constitución. Se agrega que
eso, no implica “transferir la propiedad del hidrocarburo a
contratista”, sin embargo, se transfieren las funciones
constitucionales.
En el párrafo 3º. se dice precisa que
“las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los
servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán
construir, operar y ser propietarios (sic) de ductos, instalaciones y equipos,
en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de
regulación (sic) que se expidan”. Es decir, se transfiere la
PROPIEDAD al sector privado. Eso, es privatización explícita. Los
términos serán determinados, unilateralmente, por la
Comisión Reguladora de Energía.
Para completar la
privatización del proceso de trabajo del gas natural “El gas
asociado a los yacimientos de gas natural, se sujetará a las
disposiciones aplicables de transporte, almacenamiento y distribución de
gas”, esto es, tales actividades son privatizables.
En el
artículo 6º. se reafirma que Pemex y sus organismos subsidiarios
“podrán celebrar con personas físicas y morales los
contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor
realización de sus actividades requiere ...”. Esto significa la
facultad para “contratar” con cualquiera las obras y servicios que
sean; esto incluiría a las transnacionales y a las funciones relacionadas
con el petróleo crudo. Se indica que las remuneraciones serán en
efectivo y que, en ningún caso, se concederá la propiedad sobre
los hidrocarburos. No obstante, sí se concederán las FUNCIONES
estratégicas constitucionales. Eso es expresión de
privatización explícita.
En el artículo 6º. se
declara inexistente a la Constitución al indicar que “El
reconocimiento y la exploración superficial de áreas para
investigar sus posibilidades petroleras, requerirán únicamente
permiso de la Secretaría de Energía”. Esto quiere decir, que
el “permiso” será el otorgado por la CRE, contraviniendo a la
Constitución.
El artículo 10º. obliga a Pemex a poner
su infraestructura al servicio de los permisionarios privados. Se indica que
“Son de utilidad pública las actividades de construcción de
ductos y de plantas de almacenamiento” de manera que, “Pemex, sus
organismos subsidiarios y las empresas de los sectores social y privado
estarán obligados a prestar a terceros el servicio de transporte y
distribución por medio de ductos ...”, de acuerdo a lo establecido
por la CRE.
Para disfrazar la privatización en materia de
petróleo, se indica en el artículo 11º. que el Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de Energía,
establecerá (sic) la regulación (sic) en materia de:
I.
Exploración y explotación de hidrocarburos ....
Esto
significa, llanamente, que la Sener (a través de la CRE) se
encargará de la privatización de las actividades de
exploración y producción de petróleo crudo y gas asociado.
Esto es, ni más ni menos, que la privatización furtiva de los
hidrocarburos de México.
La iniciativa de reforma energética ES PRIVATIZADORA
La iniciativa del gobierno no contiene explícitamente la suscripción
de contratos de riesgo pero deja abiertas TODAS las posibilidades. Las
decisiones específicas se dejan al arbitrio de los burócratas de
la CRE y de la nueva Comisión del Petróleo.
Obviamente, el
gobierno percibió el contundente rechazo del pueblo de México.
Así como ensayó diversos términos para eludir llamarle
privatización a sus actos traidores a la nación, con la iniciativa
que acaba de presentar evitó hablar explícitamente de los
contratos de riesgo. Sin embargo, TODAS las disposiciones expresadas en las
leyes secundarias indican, con toda precisión, las mismas propuestas
privatizadoras señaladas en el supuesto Diagnóstico sobre
Pemex.
De aprobarse esa iniciativa, se estaría otorgando al
gobierno federal un cheque en blanco para realizar con el petróleo crudo
lo que ya hace con el gas natural y la generación eléctrica, es
decir, la facultad discrecional para imponer la privatización furtiva en
los hechos SIN que nadie pueda ni siquiera solicitar información al
respecto. Para ello, cuenta con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
¡Abajo la
iniciativa privatizadora!
Hay experiencias previas, como las de
1992 y 1995, en materia eléctrica y petrolera, y no debiera haber duda:
la iniciativa de reforma energética neoliberal es privatizadora y debemos
impedirla.
Habiéndose conocido las propuestas privatizadoras de
Pemex, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que
“vamos a ver que sucede de aquí al jueves, no al jueves en la
tarde, en la mañana habrá una sesión en el
Senado”.
Anteriormente había dicho “que se oiga
lejos” que habría movilización “en el omento en que se
presente la iniciativa”. Apenas días antes le había tomado
la protesta a las brigadas de mujeres y reiteró que habría
protesta. ¿Qué pasó? ¿Era prudencia o AMLO vacilaba a la
hora buena? Parecía lo segundo porque la propuesta de iniciativa de
reforma energética neoliberal es PRI-VA-TI-ZA-DO-RA. Pronto se
aclaró la situación. Ese jueves 9 de abril, los legisladores del
Frente Amplio Progresista (FAP) tomaron las tribunas de las Cámaras de
Diputados y de Senadores.
El FTE de México llama s los mexicanos
(as) a rechazar con múltiples acciones en todo el territorio nacional la
iniciativa de privatización furtiva de Pemex. No hay que esperar al
debate (interno) en el Parlamento, ese no será debate sino
simulación.
En el período ordinario de sesiones quedaban
solamente 5 sesiones, tiempo insuficiente para llevar a cabo los procedimientos
legislativos. Sin embargo, el gobierno seguía dando muestras de que
está dispuesto a imponer no a escuchar. No es conveniente dudar porque
eso podría llevar a retroceder, sería un serio error.
Basta
una simple lectura a las iniciativas de reforma a las leyes secundarias para
confirmar lo que hemos dicho tiempo ha. La propuesta del gobierno NO ha sido
corregida, sus planteamientos son exactamente privatizadores, tal como lo han
promovido el PAN, el PRI y otros.
Debemos movilizarnos YA, la
traición del PRI y el PAN están a la orden del
día.
Frente de Trabajadores de la Energía,
de México
EL gobierno
federal oferta los recursos prospectivos (no descubiertos) del Golfo de México
a las corporaciones transnacionales
Comisión de Energia